NUEVA YORK.- María del Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) indicó que en este sexenio, México ha avanzado e invertido en favor de las mujeres y la igualdad, fundamentalmente con el apoyo y voluntad política del poder ejecutivo y la participación comprometida de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los gobiernos estatales y municipales, junto con la sociedad civil.
Durante el 56° Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas, la funcionaria federal indicó que el andamiaje jurídico institucional que se ha construido constituye la base para que la próxima administración de gobierno pueda asegurar la continuidad y el fortalecimiento de los logros alcanzados.
También señaló que la dependencia está consciente de los desafíos que prevalecen en el país en materia de igualdad y combate a la violencia en contra de las mujeres. Al respecto, detalló que a nivel constitucional se complementó la incorporación de los derechos en varios artículos, se modificó la terminología y se estableció la obligación de las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos y las facultades del órgano autónomo en la materia.
El INMUJERES, dijo, impulsa de manera contundente, la institucionalización y tranversalización de las perspectivas de género, así como también la armonización legislativa en las entidades federativas.
Consideró que contar con un marco jurídico incluyente, claro y definido, es la base para consolidar la política de igualdad y acelerar los avances a su favor, la no discriminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones, como compromisos de Estado.
Especificó que a diciembre de 2011, de las 32 entidades federativas, 17 cuentan con una legislación estatal para prevenir y erradicar la discriminación; 26 con una Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; 12 con un Sistema de Igualdad y 19 con un plan o programa en la materia; 18 publicaron su ley para combatir la trata de personas; las 32 cuentan con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e implementaron sistemas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 28 de éstas han publicado su respectiva reglamentación. El delito de trata de personas se tipifica en las 32 entidades federativas y 10 entidades federativas habían aprobado y publicado el tipo penal de feminicidio a diciembre de 2011.
Asimismo, García Gaytán manifestó que se ha incorporado la perspectiva de género a la normatividad presupuestal y de planeación programática: “Desde 2008 y hasta ahora ha sido una muy buena práctica incluir todos los años un artículo específico en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que señala la obligatoriedad de impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de los programas de la administración pública federal, con desglose por programa y dependencia”.
El resultado de esta medida, apuntó, es que de 2008 a 2011 se incrementó el presupuesto etiquetado para la igualdad en 112.3 por ciento. No obstante, reconoció, tenemos claro que la meta a alcanzar es que todo el presupuesto se plantee desde una perspectiva de género, sin necesidad de etiquetarlo de manera específica.
Sin embargo, aceptó que todavía persisten varios retos: el acceso y procuración de justicia efectiva y eficiente, considerando los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres; la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios; la armonización legislativa en cumplimiento con los compromisos adoptados en el ámbito internacional en materia de derechos humanos de las mujeres; la homologación de variables e indicadores en los sistemas de medición y clasificación, en los sistemas de justicia; el alcance efectivo de las acciones, programas y políticas a nivel estatal y local, es decir, la suma de voluntades formuladas para traducirse en realidades en las entidades federativas y municipios, que contemplen la asignación de recursos financieros específicos para acciones, programas y políticas para combatir todas las formas de la violencia en contra de las mujeres, la atención y protección a las víctimas.
En cuanto al combate a la pobreza, la presidenta del INMUJERES dejó en claro que para México este combate está estrechamente vinculado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y al desarrollo humano.
Finalmente, aseguró que conjuntamente con ONU Mujeres y la voluntad política de los gobiernos, el apoyo de la cooperación internacional y la participación de la sociedad civil se podrá cerrar filas para asegurar que las mujeres vivan y convivan en condiciones de igualdad, de no discriminación y libres de violencia, cuyo impacto se reflejará en los distintos ámbitos de sus vidas para asegurar a las generaciones futuras un mundo más igualitario y una cultura de paz
1-III-2012
Comunicado de Prensa |
