Constituidos en una coordinadora nacional luchan contra las cuotas y privilegios por razón de sexo o edad

«Una treintena de asociaciones, «no subvencionadas ni excluyentes», se han unido para constituir la Coordinadora Territorial por la Igualdad, que ayer se presentó en Sevilla. De ámbito nacional, este colectivo camina en paralelo, en cuanto a sus fines, aunque por vías diferentes, a la Plataforma Ciudadana que preside el juez Francisco Serrano, integrada en este caso por profesionales de distintos ámbitos en defensa de la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. Pese a tratarse de unos principios contemplados en la Constitución, la realidad social y las políticas puestas en marcha distan en muchos casos de lograr tales objetivos.
Esta coordinadora tiene, además, la peculiaridad de estar integrada por distintos colectivos de afectados y por asociaciones como Feministas por la Igualdad, con su presidenta Marisa Culebras a la cabeza, quien puso de manifiesto en la presentación las serias discriminaciones que sufren los hombres y que las estadísticas oficiales no reflejan en toda su dimensión. De aquí que la petición que abandera esta coordinadora, de «igualdad ante la ley, sin cuotas ni privilegios, ni tratos diferenciados para mujeres ni para hombres», cobre especial significación. Es más, en el decálogo que les sirve de hoja de ruta, se aboga por la «eliminación de todo trato asimétrico de la ley por razón de sexo, en especial los de la Ley de Violencia llamada “de género”, así como las leyes de conciliación familiar y laboral, de educación o la ley general de la Seguridad Social».

Para Guadalupe de la Fuente, presidenta de esta Coordinadora Territorial y representante, a la sazón, de la Asociación nacional de Abuelos Separados de sus Nietos, resulta evidente que «la violencia no es potestad de un sexo sino bidireccional, por lo que no podemos tener —dijo— una ley como la actual de género, que sufren los varones». Es este uno de los motivos por los que también reclaman un «instrumento normativo integral que proteja a todos los miembros de la familia y la pareja, con independencia del sexo de las personas agresoras y agredidas, de su orientación sexual y con especial atención a los verdaderamente vulnerables (niños, ancianos, discapacitados…)».
El «freno a las detenciones ilegales y abusivas», en el marco de un conflicto de pareja; el derecho a una custodia compartida de los hijos o la lucha «contra la sustracción y el maltrato de menores», son otras de sus reivindicaciones. Con el propósito de darlas a conocer, la coordinadora ha mantenido ya reuniones con representantes de partidos políticos, de distintos ministerios y la Fiscalía General del Estado para «intentar que vayan asumiendo los planteamientos de justicia que proponemos».»
 
Fuente: plataformaporlaigualdad.es