María Sanahuja es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia y la Plataforma Otras Voces Feministas

Han pasado más de cuatro años desde que se inició el debate para valorar el impacto de las reformas legislativas que en materia de violencia doméstica había realizado el PP en 2003, y que continuó el PSOE con la ley contra la violencia de género en 2004. Se empezó a decir en voz alta que no se estaban respetando los derechos fundamentales de muchos ciudadanos en España, que las leyes aprobadas contribuían a aumentar el nivel de intensidad del conflicto en las parejas heterosexuales, provocaban dolor innecesario, suponían un despilfarro para el erario público y no conseguían atajar lo más mínimo el problema de la violencia extrema sobre las mujeres.

Ahora podemos afirmar que el único avance en el respeto a las libertades fundamentales de todos que, de momento, hemos conseguido en esta materia, es que podamos hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión. Se había instalado un pensamiento único que llevó a varias asociaciones a solicitar al CGPJ, en 2005, que me sancionaran y prohibieran hablar en público.

Expuse entonces que todos estábamos teniendo un comportamiento poco acertado. Me refería a jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y a muchas mujeres que utilizaban el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas.

La presión mediática ha llevado a muchos profesionales a una reacción defensiva y de autoprotección ante el miedo a las posibles consecuencias personales.

Así, jueces que han concedido prácticamente todas las órdenes de protección que les han solicitado por temor a que se les pudiera acusar de no haber tomado medidas, colapsando así los servicios administrativos de protección a las víctimas que difícilmente las pueden atender; fiscales solicitando en prácticamente todos los casos que se adoptara una orden de protección, normalmente alejamiento, muchas veces sin demasiadas pruebas y sin valorar que ello podía comportar pérdida de empleo si ambos trabajaban en la misma empresa, o dificultades para permanecer en una ciudad pequeña con el estigma de maltratador; policías que han procedido a la detención de miles de hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, sabiendo que en uno o dos días serían puestos en libertad por el juez, y sin considerar el trauma que para algunos ciudadanos puede suponer pasar esas horas detenido, esposado y trasladado junto a delincuentes, todo por miedo a exponerse a un expediente disciplinario si luego ocurría un hecho luctuoso, ya que "ellos también tenían familias"; abogados que han recomendado la interposición de una denuncia por malos tratos porque se podía solventar en horas la atribución provisional del uso de la vivienda familiar, ya que la orden de alejamiento supone la expulsión inmediata de la misma, así como la fijación de una pensión de alimentos y la custodia de los hijos; periodistas que cuando se producía un hecho grave lo exponían de modo que culpabilizaban a todos los que de un modo u otro habían intervenido, y en ocasiones de manera sensacionalista (esto ahora ya no ocurre); y mujeres que, sin ningún escrúpulo ni respeto por las que están padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar, han abusado de lo que se les ofrecía, poniendo en marcha el aparato policial y judicial con fines espurios, en algunos casos inventándose directamente hechos que ni siquiera han ocurrido, pero con escaso riesgo de que ello pueda demostrarse, y se les exijan responsabilidades.

Pero no es la maldad de algunas personas la causante del problema. Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres...), y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado. Mueren tantas mujeres como antes.

La ley integral contra la violencia sobre la mujer, aprobada por unanimidad por el Parlamento, era bienintencionada, pero los que formamos parte de la estructura judicial del Estado sabíamos que únicamente tendría desarrollo la parte referida a la modificación del Código Penal, con escasísimos medios y total falta de coordinación con otros profesionales (especialmente servicios sanitarios y sociales de cada lugar), pues la ley ni siquiera encargó a nadie el desarrollo de esta necesidad.

La consecuencia de atribuir a un órgano de cada partido judicial en exclusiva esta materia ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere prácticamente nadie. Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente, en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina "agresor" al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos.

Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento, y valorar los resultados del camino andado.

23/12/2009
El País

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María Sanahuja: "Hemos causado un gran dolor a un montón de hombres"

Sanahuja denunció esta norma desde una óptica que supone una pirueta novedosa, la que reivindica la indefensión de los hombres, víctimas de una ley que los discrimina y que «causa una vulneración de derechos fundamentales en nuestro país que repugna».

El contexto en el que la decana hizo estas manifestaciones fue la presentación del libro El varón castrado, que, según su autor, José Díaz Herrera, pretende desvelar las verdades y mentiras de la violencia doméstica en España.

Sanahuja lamentó que el problema de la violencia, con toda la gravedad que comporta, «se ha llevado a un punto de locura» que ha generado un uso «abusivo» de la ley, la destrucción de la prueba del proceso y la ausencia de presunción de inocencia.

La juez decana de Barcelona forma parte del movimiento denominado El otro feminismo, que rechaza la discriminación positiva que recoge la controvertida ley porque podría vulnerar varios derechos, como el de igualdad, el de legalidad, el derecho a la libertad y a la seguridad o a la tutela judicial efectiva.

Y, yendo de lo general a lo particular, Sanahuja apuntó que «una condena injusta genera una violencia tremenda, una espiral en que la víctima entra en un proceso de autodestrucción», pierde el control de sus actos, redobla la violencia e incluso acaba recurriendo al suicidio.

Entonando el mea culpa como copartícipe de las consecuencias que acarrea esta polémica Ley contra la Violencia de Género -«Todos somos responsables»-, Sanahuja señaló que «hemos causado un gran dolor a un montón de hombres».

La juez advierte que la responsabilidad del desaguisado que provoca la ley se remonta al Ejecutivo del Partido Popular y a la reforma del Código Penal de 1993, pero que el cambio de gobierno no sólo no enmendó este error, sino que lo perpetuó en distintas revisiones del tipo delictivo que tuvieron como colofón la actual Ley Integral. «El PSOE ha compendiado lo que hizo el PP», señala Sanahuja, y lo ha hecho con el apoyo unánime del Congreso.

Y es que, razona la juez, «castigar más al hombre no tiene ningún sentido» y es totalmente desproporcionado haber llegado al extremo actual, que ha llevado la «mala educación al Código Penal». De hecho, la decana espera que la futura reforma del Código Penal coja el toro por los cuernos y devuelva la problemática «a su justo término».

«Si incluimos las faltas de educación en el Código Penal, no dejaremos a nadie fuera de la cárcel, porque todos habremos sido maltratadores alguna vez», advirtió.

Sanahuja lamentó, igualmente, que la parte realmente positiva de la ley, la que prevé recursos asistenciales, no se haya desplegado.

18 de Diciembre de 2009
Fuente: hombresmaltratados.es

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"Basta con una discusión acalorada para convertirte en un maltratador".

La polémica le acompaña a donde va, y lo sabe. Pero al juez Francisco Serrano no le importa vivir profesionalmente rodeado por un continuo murmullo. «Tengo derecho a expresarme y opinar», se defendió ayer el magistrado sevillano conocido por su oposición a la Ley de Violencia de Género. Y volvió a criticar la norma en la conferencia en la que participó organizada por el centro de estudios del Colegio de Abogados de Oviedo que llevaba por título 'La Discriminación en la Ley de Violencia de Género y su incidencia en los procesos de familia'.

El argumento principal para rechazarla es que protege sólo a las mujeres «por el hecho de serlo» porque considera que el hombre ejerce «superioridad sobre ellas», «independientemente de su posición intelectual» y eso es inadmisible, según Serrano. «Perjudica a la mujer» de hoy. «No se le puede decir a la mujer del siglo XXI, de 2010, que por el hecho de serlo simplemente existe una relación de sumisión, de dependencia, que está en una situación de discriminación, desigualdad y relación de poder respecto al hombre». Porque no siempre es así, aunque «yo no digo que no existan estas situaciones», advirtió el magistrado, quien pidió para el «verdadero» maltratador un endurecimiento de las penas.

Y ahí está otro de los peros que pone Serrano a la actual legislación. «Habría que redefinir el concepto de maltrato, de maltratador y maltratada», dijo. Explicó el magistrado que las mujeres no son las únicas maltratadas en la familia, que también hay hombres, hijos y abuelos que sufren violencia doméstica. Y reclamó que las estadísticas se lean «desde el punto de vista cualitativo, no solo cuantitativo»: «Este año van ocho mujeres muertas, pero también van cinco hombres asesinados en la relación de pareja, pero no ha sido titular de prensa».

Estigma social

Serrano reprochó que el actual sistema jurídico ponga en manos de la mujer «un instrumento muy fácil», la denuncia. Apuntó que no siempre es cierta, y puso ejemplos. En un proceso de separación, cuando el marido se ha ido con otra mujer «puede que incluso más joven» hay una discusión porque ella no le deja ver a los niños y el hombre le dice: «Te vas a enterar si no me dejas vera a mis hijos, te vas a acordar de mi». «Basta con una discusión acalorada para convertirte en maltratador», criticó. Continuó que la denuncia conlleva «una detención preventiva, unas horas en un calabozo, un estigma social, una orden de alejamiento... medidas desproporcionadas. Si se incumple esa orden por darle un beso a un hijo puede ir a la cárcel».

Durante la conferencia, recriminó a los ciudadanos que crean que en prisión está el maltratador «por el ojo morado de la tele», pero «no nos tenemos que engañar, hay padres de familia que sufren esas situaciones por una discusión en condiciones de igualdad. Porque muchas veces nos damos cuenta de las proporciones de la ley cuando se aplican». Junto a Serrano y apoyando sus tesis y rechazando la existencia de los juzgados de violencia de género se pronunció el juez asturiano Ángel Luis Campo.

16 de Marzo de 2010
Fuente: elcomerciodigital.com