Violencia | Violencia contra la mujer

El Barómetro de la Familia, dependiente de la Fundación Acción Familiar, ha publicado el libro Mujer e Igualdad de Trato. Análisis de la maternidad en la Unión Europea, en el que se analiza, con datos estadísticos, la doble discriminación que sufren las mujeres que son madres en la Unión Europea. Una discriminación "no sólo frente a los hombres sino también dentro del mismo colectivo de mujeres".

El estudio destaca el hecho de que las españolas se ven obligadas a renunciar a tener los hijos que desearían. Asimismo, las encuestas recogidas en el trabajo reflejan que la mayor parte de las mujeres, así como de los hombres, hubieran deseado tener algún hijo más. Entre las razones que llevan a las familias a ésta limitación están los horarios y las jornadas fuera de casa, que afectan especialmente a las mujeres, así como la falta de recursos.

Si España es el segundo país de la UE donde más ha crecido en los últimos años el número de mujeres que tienen un trabajo remunerado, esta cifra disminuye considerablemente a medida que empiezan a tener hijos. El porcentaje de las trabajadoras que no los tienen es del 49%; las que tienen un hijo, el 27%; dos hijos el 20%; y con tres hijos o más la tasa desciende de forma drástica hasta el 4%.

"Cuando se habla de mujeres -explica el estudio-, y especialmente de madres, se distingue entre las que trabajan y las que no trabajan, algo que no ocurre cuando nos referimos a los hombres, y especialmente a los padres". Por esta razón, solicita "integrar las políticas de apoyo y protección a la maternidad dentro del objetivo de igualdad de trato", en referencia al proyecto de ley que está preparando actualmente el Ministerio de Sanidad.

Y es que la diferencia entre el porcentaje entre hombres y mujeres que dejan de trabajar al convertirse en padres o madres alcanza en España hasta 30 puntos porcentuales. Las mujeres "se han visto obligadas a masculinizar sus comportamientos y han comenzado a retrasar su maternidad, e incluso en ocasiones se ven obligadas a renunciar a ella".

Se proponen en el estudio una serie de medidas para superar la doble discriminación, de las que destacan:

Los poderes públicos deben garantizar los derechos de los niños pero no sustituir a las familias.
Las políticas familiares deben fomentar un nuevo pacto entre generaciones.
Es necesario evaluar el resultado de las escasas políticas de apoyo a la familia. En especial las políticas de "institucionalización" de los hijos que no tienen en cuenta la importancia del vínculo madre-bebé.
Esas políticas tienen que reconocer que la familia es un activo imprescindible del tejido social.
Las políticas de conciliación no pueden considerar a los hijos como un obstáculo para el acceso de la mujer al mundo del trabajo

La polémica ha acompañado a esta ley desde los inicios, y la controversia continúa. Desde los ámbitos más dispares recibe y ha recibido críticas: en el entorno educativo, en el judicial... y, ahora, también desde los medios de comunicación.

Madrid. La Asociación Española de Editores de Diarios (AEDE) expresó ayer su denuncia ante «el empeño del Gobierno por recortar las libertades de expresión e información en los periódicos». Estos recortes repercutirían directamente en el derecho que tienen todos los ciudadanos a ser informados, que se vería limitado al encontrarse los informadores, de algún modo, amordazados. Los editores de diarios expresan su crítica al proyecto de ley de igualdad de trato porque consideran que lesiona derechos fundamentales, favorece la excepcionalidad y «establece sanciones a medios de comunicación sin concretar cuáles son las conductas discriminatorias sancionables».

En términos similares se expresa Sandra Moneo, del Grupo Parlamentario Popular, que considera que el proyecto de ley –no ha entrado aún en el Parlamento, aunque fue aprobado el viernes en Consejo de Ministros– «entra dentro de la esfera privada y pretende controlar determinados derechos amparados por la Constitución».

Autorregulación

Los editores de periódicos se quejan, también, de que el texto aprobado el viernes ha hecho caso omiso de las alegaciones que ellos hicieron llegar el pasado mes de marzo tanto al vicepresidente del Gobierno como a los ministros de Presidencia y Sanidad y al Consejo de Estado. AEDE asegura que ha expresado continuamente su oposición al artículo 22 –que obliga a los medios a respetar la igualdad de trato aunque no especifica cómo y, por otro lado, introduce el término autorregulación, que puede ser peligroso para la libertad de información– porque vulnera la jurisprudencia constitucional sobre las libertades de expresión, información, etc... y entra en conflicto con la libertad individual, además de contravenir la «libertad del autor a la hora de presentar hechos objetivos bajo el prisma del interés del lector».

AEDE subraya que el propio Consejo General del Poder Judicial ha destacado la falta de concreción en el proyecto de ley a la hora de definir las conductas sancionables por discriminatorias. Sandra Moneo se refiere a otro aspecto del proyecto de ley, que es la figura de «autoridad», a la que cualquier persona podrá dirigirse si se siente discriminada o cree que otros han sido discriminados en un medio de comunicación como en cualquier otro ámbito. «Desde el momento que introducen esta figura, los medios de comunicación, igual que todos los ciudadanos, estaremos sometidos a la continua vigilancia de una institución que solapa, además, algunas de las competencias del Defensor del Pueblo», explica la diputada popular.

Moneo insiste en otro concepto importante, que es la inversión de la carga de la prueba, por lo que «todos somos sospechosos y debemos demostrar nuestra inocencia» en lugar de que el que denuncia demuestre la culpabilidad. Este mismo aspecto lo denuncia también AEDE, que añade que el proyecto de ley favorece las actuaciones de excepcionalidad «ante la restricción o interrupción de prestación de servicios» o la retirada de datos de internet. Además, la norma recurre a la vía sancionadora «con multas muy onerosas, de procedimientos inciertos y no convenientemente tipificadas», denuncian los editores.

Conflictivo artículo 22

No concreta los delitos, pero incorpora el término «autorregulación». Los medios de comunicación social respetarán el derecho a la igualdad de trato evitando la discriminación. Las administraciones públicas promoverán acuerdos de autorregulación de los medios que contribuyan al cumplimiento de la ley. Se considera publicidad ilícita la que contenga elementos de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley.

El 11 de mayo de 2012, reunidos en Sevilla, una treintena de asociaciones de hombres y mujeres comprometidos con la Igualdad formalizaron la constitución de una COORDINADORA DE ENTIDADES POR LA IGUALDAD, cuyo Decálogo consensuado de principios y objetivos comunes es el siguiente:

1. Igualdad ante la ley (versus la actual discriminación contra el hombre).
Eliminación de todo trato asimétrico de la ley por razón de sexo, en especial los de la Ley de Violencia 1/2004, de 28 de diciembre, llamada “de género”, así como las leyes de Conciliación Familiar y Laboral, de Educación, Ley General de la Seguridad Social, Ley 3/2007, Código Civil, autonómicas de violencia y otras.

2. Lucha contra la violencia intrafamiliar y de pareja.
Sustitución de la Ley de Violencia “de género” por un instrumento normativo integral que proteja a todos los miembros de la familia y la pareja, independientemente del sexo de las personas agresoras y agredidas, de su orientación sexual, y con especial atención a los verdaderamente vulnerables (niños, ancianos, discapacitados…).

3. Presunción de inocencia (versus la presunción de culpabilidad del varón).
Eliminación de toda la normativa y protocolos de actuación con tratamiento asimétrico de las fuerzas de Seguridad del Estado y demás organismos del ejecutivo. Instrucciones concretas de Fiscalía del Estado para la persecución de oficio de denuncias falsas ante indicios de dolo o falsedad de la persona denunciante. Reconversión de Juzgados “de violencia sobre la mujer” y devolución de competencias a sus ámbitos respectivos, civil y penal. Jurisdicción única y especializada de familia.

4. Igual valor de la palabra de un hombre que la de una mujer. Freno a las detenciones y medidas de alejamiento ilegales y abusivas.
Eliminación de los protocolos y del imaginario colectivo de que la palabra de un hombre vale más que la de una mujer o que la palabra de una mujer vale más que la de un hombre. Freno a los atropellos que permite la ley ante el mero testimonio de una mujer.

5. Lucha contra la sustracción y el maltrato de menores.
Lucha contra la cruel práctica, permitida sin consecuencias en España, que un progenitor pueda impedir al otro el contacto con los hijos comunes. Freno a la alienación parental y toda forma de maltrato emocional y psicológico al menor.

6. Custodia compartida.
Derecho de los niños a recibir el amor, cuidados y compañía de sus dos progenitores, y de las familias extensas de ambos. Custodia compartida como norma general y como protección del derecho irrenunciable del menor, y especial atención al bienestar superior del mismo.

7. Modificaciones de la Ley del Divorcio y normativa civil.
Favorecer la liquidación inmediata de los bienes comunes sin ninguna exclusión, incluida la vivienda familiar. Fomento de la mediación familiar basada en la igualdad en derechos y obligaciones de las partes en conflicto.

8. Igualdad de derechos y de oportunidades. Igualdad sin privilegios.
Principio de valía, mérito y capacidad en los ámbitos institucional, políticos, y laboral. No a ninguna discriminación (ni negativa, ni positiva) contra ningún ciudadano.

9. Respeto a los usos y recomendaciones de la RAE y eliminación del adoctrinamiento “de género”.
No al uso del lenguaje como elemento de adoctrinamiento “de género”, y desaparición de los comisarios políticos “de género” de los centros educativos, de trabajo y de la normativa.

10. Exigencia del respeto a la Constitución, y a la Carta de Derechos Humanos y la Declaración de Derechos del Niño de la ONU.
Manifestamos nuestro compromiso con la Constitución Española y los Convenios Internacionales de Derechos Fundamentales firmados por España, de forma que ni por miedo a los violentos ataques del radicalismo “de género”, ni por supuestas estrategias que estimamos erróneas y contraproducentes, vamos a dejar de reivindicar ni posicionarnos con la defensa de todos aquellos que sufren la aplicación de las políticas discriminadoras por pertenecer a uno u otro sexo.

Francisco Serrano Castro Guadalupe de la Fuente
Presidente de la PCI Presidente de la CCT

Las asociaciones firmantes decidieron asumir como propios, igualmente, el Manifiesto por la Igualdad y la Declaración de Objetivos e Intenciones de esta Plataforma.

El objetivo de alcanzar el principio de igualdad y la no discriminación por razón de sexo que consagra la Constitución Española de 1978 ha estado presente en las políticas públicas desde el principio de nuestra democracia. Las iniciativas para lograr una equiparación más justa, en oportunidades y derechos, del hombre y de la mujer, han sido una constante necesaria y deseable, en la medida de la existencia de una evidente brecha en muchos aspectos de las condiciones vitales de hombres y mujeres. Los logros alcanzados en este sentido son hoy, treinta años después, más que evidentes.

Sin embargo, desde hace algunos años se viene aplicando una ideología y unas políticas llamadas “de género” que suponen una grave involución de los valores constitucionales. Se han introducido modificaciones normativas que, tanto en el espíritu como en la práctica, implican una degeneración interesada de tal principio de igualdad, ya que imponen un tratamiento asimétrico por razón de sexo, suponen una vejatoria vulneración de derechos fundamentales para miles de afectados y, en buena medida, no soluciona, sino que agrava, muchos de los problemas que dice combatir, con efectos muy perniciosos para todos, incluidas las propias mujeres. La injusticia sólo genera injusticia, y la violencia sólo engendra violencia.

Todos estamos en contra de la violencia en todas sus manifestaciones, y la aplicación de la ideología “de género” provoca una grave forma de violencia institucional. Decimos no al maltrato a las personas vulnerables, especialmente a los niños y a nuestros mayores, no al maltrato físico, psíquico, no al maltrato desde los poderes gubernamentales, no al uso de recursos públicos para contribuir a generar injusticias, no a la coacción en ningún sentido.

Para hacer frente a la situación de demagogia e injusticia asentada hoy en España, se ha constituido en abril de 2010 una PLATAFORMA CIUDADANA POR LA IGUALDAD, compuesta por ciudadanos independientes, que difundirá y fomentará los principios enunciados, y trabajará por el objetivo de restaurar el sentido común y el respeto de los derechos fundamentales en régimen de IGUALDAD para todos.

Se solicita a la sociedad civil, los poderes del Estado y demás administraciones públicas, la realización de un examen de conciencia y ejercicio de responsabilidad, que conduzca al rechazo del silencio cómplice y al abandono inmediato de las posiciones injustas, interesadas y electoralistas de la ideología de género, que sigue dejando desprotegidas a las mujeres que sí sufren verdaderas situaciones de desigualdad y maltrato -al igual que a hombres, niños y ancianos-, que ignoran deliberadamente los daños causados a tantos hombres inocentes injustamente acusados y tratados como delincuentes, y sobre todo, los ocasionados en menores de edad, muchas veces separados sin sentido de sus padres, hermanos, abuelos, víctimas de la instrumentalización de los conflictos entre sus progenitores y de un tratamiento desigual de la Ley en función del sexo.

Se solicita a los miembros del Parlamento español una completa reformulación de las premisas y prejuicios inspiradores de la Ley de Violencia de Género 1/2004 y su sustitución por un instrumento normativo integral relativo al ámbito doméstico y familiar, sin distinción por razón de sexo, que sí resulte eficaz contra todo tipo de maltrato en dicho ámbito. Se solicitan avances hacia modelos de coparentalidad, y la implantación de la custodia compartida como modelo preferente, de forma que los niños no hayan de separarse de facto ni de su padre, ni de su madre, ni de las respectivas familias extensas, potenciación de la mediación familiar, y creación de una Jurisdicción única y especializada de Familia.

Hacemos un llamamiento a todos los profesionales implicados, en especial a jueces, fiscales, equipos psicosociales, abogados, y a las fuerzas de orden público, para que, hasta que se produzcan los cambios legislativos necesarios, actúen con valentía y rigor para minimizar los efectos perversos de la tendenciosa normativa actual, y animamos a los medios, periodistas y comunicadores en general, a desenmascarar la manipulación oficial y a denunciar la injusticia “de género” establecida, venciendo el miedo a las posiciones radicales, en aras de una sociedad más igualitaria y justa para nuestros hijos.

Declaración de Objetivos e Intenciones

El objetivo de alcanzar el principio de igualdad y la no discriminación por razón de sexo que consagra la Constitución Española de 1978 ha estado presente en las políticas públicas desde el principio de nuestra democracia. Las iniciativas para lograr una equiparación más justa, en oportunidades y derechos, del hombre y de la mujer, han sido una constante necesaria y deseable, en la medida de la existencia de una evidente brecha en muchos aspectos de las condiciones vitales de hombres y mujeres. Los logros alcanzados en este sentido son hoy, treinta años después, más que evidentes.

Sin embargo, desde hace algunos años se viene aplicando una ideología y unas políticas llamadas “de género” que suponen una grave involución de los valores constitucionales. Se han introducido modificaciones normativas que, tanto en el espíritu como en la práctica, implican una degeneración interesada de tal principio de igualdad, ya que imponen un tratamiento asimétrico por razón de sexo, suponen una vejatoria vulneración de derechos fundamentales para miles de afectados y, en buena medida, no soluciona, sino que agrava, muchos de los problemas que dice combatir, con efectos muy perniciosos para todos, incluidas las propias mujeres. La injusticia sólo genera injusticia, y la violencia sólo engendra violencia.

Se ha pervertido por tanto, muy gravemente, el principio de igualdad entre los ciudadanos, esta vez por razón de sexo, con efectos muy perniciosos para todos, incluidas las propias mujeres. La desigualdad que ha logrado imponer el feminismo radical, no nos conduce hacia la igualdad, sino que es dañina para tal objetivo.

Como punto de partida, formulemos una serie de premisas:

a) Todos estamos en contra del maltrato. Ante el maltrato, tolerancia cero. Pero ante todo tipo de maltrato. Mas también, no a la violencia en todas sus manifestaciones. No al maltrato a los niños, a las personas mayores, a las mujeres, a los hombres, no al maltrato físico, al maltrato psíquico, al maltrato institucional, no a la coacción en ningún sentido. Evidentemente se ha de empezar por reconocer el sufrimiento de aquellas mujeres que sufren un trato degradante, que sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y porque el varón maltratador las considera como personas carentes de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión. Hacia esas mujeres víctimas, para evitar que lo sean y que engrosen la lista de mujeres asesinadas, todo nuestro apoyo y solidaridad, fomentando el adecuado clima de protección y consiguiente confianza que las pueda animar a salir de su miedo, denunciando a su agresor.

b) Numerosos jueces y otros expertos se han venido pronunciando, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2004 de Violencia de Género, sobre su inconstitucionalidad, la eliminación de la presunción de inocencia para los varones, la vulneración de derechos fundamentales que genera, o el maltrato institucional que supone para miles de hombres inocentes.

c) El feminismo radical casi ha conseguido instaurar un pensamiento único, expresado por la ideología de género, con mecanismos publicitarios y de censura propios de regímenes totalitarios. Muchos ciudadanos han sido insultados sistemáticamente cuando se limitan a expresar, en el ejercicio de la Libertad de Opinión, discrepancias con el adoctrinamiento oficial, y muchos se han sentido amenazados por los defensores de la dictadura de género.
d) El feminismo radical “de género” llega al extremo de llamar “maltratadores” a todos los que piensan que se equivocan y que sus actuaciones generan más violencia, injusticia, conflictividad y maltrato. Resulta ahora que los que creen en la mediación familiar, en la custodia compartida, los defensores de la igualdad, en que hay que reinstaurar la presunción de inocencia, son machistas y portavoces de los maltratadores.

e) Los extremos se tocan. Rechazamos todos los movimientos radicales y que predican la intolerancia, ya lo promuevan hombres o mujeres, sectores de izquierdas o de derechas. Actualmente, por tanto, rechazamos a ese feminismo que no cree en la igualdad, que se ha tornado en radical y defiende posiciones tan totalitarias y sectarias que ha conseguido ponerse al nivel del machismo más rancio y posesivo. No hay diferencias entre ellos. Ambos son posicionamientos igual de despreciables, y hemos de recordar que la historia nos demuestra que ese no es el camino.

f) Es de destacar que, ante el mencionado feminismo de género, llamado radical, hembrismo, pervive afortunadamente el feminismo sensato de igualdad. La mayoría de las mujeres no se sienten representadas por el oportunismo reinante, y las verdaderamente feministas se desmarcan y avergüenzan de esos actuales posicionamientos oportunistas.

g) La Ley de Violencia de Género ha demostrado su inoperancia para combatir el maltrato en el ámbito familiar. La conflictividad en las relaciones de pareja no ha disminuido, y siguen muriendo hombres, mujeres y niños por violencia doméstica.

h) En el difícil contexto de separaciones que implican por ejemplo la asignación de la vivienda familiar, acuerdos económicos y de reparto del tiempo de cuidado de los hijos, se ha llegado a la paradoja de que la simple discusión entre dos adultos, hombre y mujer, puede ser considerada como maltrato. La mera declaración de una mujer está siendo considerada de forma general como indicio suficiente para la inclusión de su pareja varón en registros de maltratadores, para echarlo de su propia casa, detenerlo y apartarlo de la compañía cotidiana de sus hijos.

i) La dignidad de la mujer es intrínseca a su naturaleza, resultando contrario a esa dignidad el considerarla, por el mero hecho de ser mujer, inferior, y en situación de discriminación, desigualdad y relación de poder respecto del hombre en el contexto de la relación de pareja.

j) Se ha impuesto un silencio cómplice por parte de unos medios de comunicación, que son utilizados como correa de transmisión de la ideología imperante, alienando que no informando a una sociedad que, en su mayor parte, ignora lo que realmente está sucediendo.

k) Desde diversos organismos públicos se han financiado encuestas y estudios dirigidos a engañar a la opinión pública y justificar la dictadura “de género”. Se manipula a la población con burdas argucias, con la restricción y sesgo de la muestra estudiada. La ideología sustituye a los verdaderos datos y a la evidencia empírica, sin base científica y fiable.

l) La ideología de género ha creado un rentable negocio, alimentado por los presupuestos de las administraciones públicas, es decir, por los impuestos de todos, del que se benefician organizaciones, miembros del lobby feminista radical, así como mantiene redes subvencionadas de miles de profesionales.

m) Para los partidos políticos el voto femenino es un segmento tan importante (50% del sufragio aproximadamente) que no se atreven a posicionarse bajo un prisma que, aunque tan sólo sea aparentemente, pueda ser criticado como contrario a los intereses de la mujer. La simplicidad de los mensajes que impera en las estrategias de comunicación hacia la opinión pública les impide oponerse a iniciativas perversas que desvirtúan la igualdad.

n) La Plataforma no se pronuncia sobre si se ha alcanzado o no la igualdad de sexos en todos los ámbitos. Creemos que, en muchos aspectos, la igualdad, en sí, es una entelequia inalcanzable que el Estado ha de favorecer y fomentar, siendo hoy en día una realidad generalizada desde el punto de vista de permitir a toda la ciudadanía contar con igualdad de oportunidades y de participación paritaria en procesos de selección regidos por principios de mérito y capacidad. Lo que sí afirmamos es que las diferencias posibles, aún existentes, no deben seguir siendo utilizadas como excusa para aplicar políticas y actuaciones públicas que, además de denigrar a las mujeres, resultan perniciosas, o sustraen derechos, a los demás afectados, esto es, a los hombres, a los menores de edad, las familias y la propia sociedad.

Por consiguiente, los miembros de la PLATAFORMA CIUDADANA POR LA IGUALDAD solicitamos al actual Gobierno de la Nación y demás administraciones autonómicas y locales, a todas las instituciones de los tres poderes del Estado, a los Partidos Políticos, a los profesionales implicados (jueces, fiscales, letrados, psicólogos, agentes del orden público…), a los medios de comunicación, a las organizaciones feministas, a los defensores de los padres y de los niños:

•Se solicita expresamente a los partidos políticos y a los miembros de los organismos legislativos (diputados, senadores, parlamentarios de las CC.AA….) la realización de un examen de conciencia y ejercicio de responsabilidad, que conduzca al rechazo del silencio cómplice y al abandono inmediato de posiciones maniqueas, torticeras e interesadas de la ideología de género, que ignoran deliberadamente los daños causados en las familias: mujeres, hombres y, especialmente, en los niños.

•Se solicita a los miembros del Parlamento español una completa reformulación de las premisas y prejuicios que inspiraron la Ley de Violencia de Género 1/2004 y su sustitución por un instrumento que sí resulte eficaz contra el maltrato en el ámbito familiar, dando mejor cobertura, protección y confianza a las mujeres que sufren desigualdad y maltrato real, que no ignore deliberadamente el maltrato hacia el hombre, o el que hombres y mujeres ejercen sobre ancianos y menores, o entre parejas homosexuales.

•Realización de estudios rigurosos e independientes, sin restricciones selectivas de la muestra, y consecuente reconocimiento de la violencia multidireccional en el ámbito familiar y del alto nivel de denuncias falsas o infundadas e injustas de mujeres sobre hombres.

•Reformulación de la actual y maniquea definición de maltrato. Eliminación en toda la normativa del disparate de que los hombres ejercen, por razón de nacimiento y de forma universal, una posición de dominio sobre las mujeres.

•Se solicita la potenciación de órganos de mediación para las situaciones de separación y divorcio, en el que ambos progenitores sean tratados con un criterio de igualdad. Mediación obligatoria en caso de existencia de hijos comunes. Fomento de la profesionalización de la mediación.

•Instauración como mejor modelo de coparentalidad, de la custodia compartida como régimen de responsabilidad parental preferente, que permita que los niños no tengan que separarse de facto ni de su padre ni de su madre. Modificación de la Ley del Divorcio y creación de una Jurisdicción especializada de Familia que sustituya los llamados Juzgados de Violencia de Género.

•Persecución de las denuncias falsas como lacra que perjudica gravemente los intereses de las mujeres que sí sufren auténtico maltrato y requieren de tutela pública, lacra que vulnera derechos fundamentales a miles de hombres y niños, y separa de hecho y sin justificación a padres e hijos. Restitución de la presunción de inocencia.

•Reconocimiento de mayores derechos de la familia extensa del progenitor no custodio, en particular los hermanos y abuelos, para relacionarse con el menor de edad, cuando aquel no quiere o no puede disfrutar de una relación paterno-filial normalizada.

Hacemos un llamamiento a todos los profesionales implicados, en especial a jueces, fiscales, equipos psicosociales, abogados, y a las fuerzas de orden público, para que, hasta que se produzcan los cambios legislativos necesarios, actúen con valentía y rigor para minimizar los efectos perversos de la tendenciosa normativa actual, y animamos a los medios, periodistas y comunicadores en general, a desenmascarar la manipulación oficial y a denunciar la injusticia “de género” establecida, venciendo el miedo a las posiciones radicales, en aras de una sociedad más igualitaria y justa para nuestros hijos.

Por último, anunciamos que la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, constituida por ciudadanos independientes, difundirá y fomentará los principios enunciados, y trabajará por el objetivo de restaurar el sentido común y el respeto de los derechos fundamentales en régimen de IGUALDAD para todos.