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La violencia escolar en los textos periodísticos
María Márquez Guerrero /Ignacio Jáuregui Lobera


Síntesis: En el presente trabajo se analiza el fenómeno de la violencia escolar a partir de su presentación en algunos medios de comunicación. Las diferencias en la consideración del problema aparecen muy marcadas en función de quien las enuncia. Profesionales (docentes, psicólogos y psiquiatras fundamentalmente), políticos, familias y alumnos, presentan la violencia escolar de formas muy dispares, tanto en la consideración de su origen como en la propuesta de soluciones.

1. Introducción

En marzo de 1998 se produjo un lamentable suceso en Jonesboro (Arkansas, ee.uu.): dos muchachos, de 13 y 11 años, provocaron una matanza de escolares. Algo que en los centros educativos se venía observando, la violencia creciente, pareció culminar en tal suceso. A partir de ese momento surgió la pregunta de si el fenómeno de la violencia escolar constituye realmente un problema, y, en su caso, en qué medida lo es. Como siempre, ante un fenómeno de carácter social, encontramos toda una gama de opiniones: para algunos, no puede hablarse de «violencia escolar»; en cambio, otros afirman la existencia de una alarmante escalada de violencia, y, finalmente, hay quienes defienden que la violencia escolar no ha aumentado, sino que existe una mayor sensibilidad ante el problema. A la hora de fijar su magnitud, son fundamentales las cifras: ciertos autores (Romero, 2000) indican que, aproximadamente el 80% de la población, admite que existe algún tipo de violencia en los centros escolares. No obstante, algo menos del 7% acepta que el problema sea grave. Entre quienes no reconocen la existencia de violencia, hay clara mayoría de alumnos (75%).

El sintagma «violencia escolar» hace referencia a una realidad compleja, en la que cabe distinguir diferentes tipos de conflictos. Así, a los profesores les preocupan, sobre todo, los serios problemas de disciplina (resistencia pasiva, boicot, insultos...), las faltas de respeto o las conductas asociales que perturban la marcha normal de las clases (disrupción en las aulas). La intimidación y la victimización entre iguales (bullying) no suelen incluir violencia física, pero sí es corriente que tengan consecuencias devastadoras cuando son persistentes. Sin embargo, el vandalismo y la agresión física, que se consideran como estrictos fenómenos de violencia y como causantes de un mayor impacto en la opinión pública, no parecen superar el 10% de los casos de conducta antisocial en los centros. Finalmente, el acoso sexual es un fenómeno oculto de conducta antisocial. Al igual que el maltrato de carácter racista, podría entenderse como una forma del llamado bullying, pero parece tener suficiente entidad como para ser tratado por separado. Para algunos estudiosos (Moreno, 2000) sería más apropiado utilizar la expresión comportamiento o conducta antisocial, que incluiría acciones diferentes, como la disrupción en las aulas, los problemas de disciplina, el maltrato entre iguales, el vandalismo, la violencia física y el acoso/violencia sexual.

El rasgo más notable en el tratamiento del tema de la violencia escolar por parte de los medios de comunicación escrita es el planteamiento contradictorio del fenómeno; las distintas perspectivas desde las que se contemplan los hechos, esto es, los diferentes enunciadores (Ducrot, 1986) –profesores, especialistas, políticos, niños, padres, y la sociedad en general– van a dar lugar a discursos distintos, y, en muchos aspectos esenciales, contradictorios. De hecho, la discrepancia afecta a la consideración de la existencia misma del fenómeno: desde la defensa de una situación de normalidad, a la de alerta por la creencia de encontrarse ante una grave crisis social. Por otra parte, es necesario destacar el desequilibrio en cuanto a la representación de las partes implicadas; los niños, protagonistas absolutos de los hechos, sólo son enunciadores en dos ocasiones2. Así, se puede afirmar que no contamos con su voz, que no conocemos la visión particular de un fenómeno que les afecta íntimamente. El espacio enunciativo se reparte casi en exclusiva entre profesores, políticos y especialistas; estos últimos, muchas veces invitados o contratados por parte de organizaciones y de instituciones públicas.

En líneas generales, el discurso de los políticos se caracteriza por la amortiguación de los acontecimientos, hasta el extremo de cuestionar la existencia misma del conflicto, el cual, en muchos de los casos, queda reducido a un mero accidente esporádico, puntual.
Por su parte, los discursos de los profesores y de los especialistas se presentan coincidentes no sólo a la hora de afirmar la existencia del problema, sino en la circunstancia de apreciarlo como una cuestión grave que afecta a la sociedad en su conjunto. Tanto unos como otros concuerdan en la consideración del carácter multicausal del hecho. Están de acuerdo en que la crisis general de valores de la sociedad en la que vivimos y la influencia de los medios de comunicación visuales, son determinantes; en el caso de los profesores, la atención va dirigida con mucha frecuencia a la permisividad/abandono de la educación de los hijos por parte de los padres, situación con la que estos últimos discrepan. Tanto los profesores como los especialistas parten de la confianza que inspira el poder de la palabra. La lengua no es únicamente representación de la realidad, sino un modo de actuar, de analizar y de intervenir sobre ella. De esta manera, ciertas formas de violencia, como el acoso, sólo son posibles porque existe una espesa nube de tabú y de silencio3 tras la que se ocultan los agresores. El silencio se convierte en la coartada perfecta del agresor, que en la sombra socava profundamente el equilibrio emocional de su víctima. La palabra ilumina, habilita un espacio antes invadido por la vergüenza y el miedo, pues, en este particular contexto, el silencio se constituye en una manifestación del terror:

Lo peor del problema es que normalmente permanece oculto (Alejandro Molina, periodista del diario Ideal de Granada, 2/11/2004).

La víctima, además de padecer un calvario diario, se siente culpable y avergonzada, lo que hace que no se exprese (Francisco Díaz Atienza, psiquiatra infantil, en el mismo periódico).

Si esto es así, parece evidente que la palabra se convierte en un arma:

La mejor arma para resolver los conflictos no es la de las actitudes violentas, sino la palabra, el diálogo y el respeto (Talleres organizados en Granada por 12 centros educativos, en colaboración con las ong Proyecto Hombre y aspa; son expresiones de los escolares, que parten de la existencia de problemas de convivencia en las aulas).

Para el análisis, utilizamos textos de los diarios ABC, El País, El Diario de Sevilla, Ideal, La Vanguardia y Metro directo de los meses pasados del año en curso. Hemos partido de los conceptos y del método de las nuevas corrientes de Análisis Crítico del Discurso y de la Tradición Enunciativa (van Dijk, 1997; Bañón, 1996, 2002; Briz, 2001; Fuentes Rodríguez, 2004), que han encontrado en la metodología cualitativa un ámbito común de aplicación para la moderna Lingüística del Texto y la Psicología.

2. El discurso de los políticos: la negación del conflicto

En aquellos textos en los que aparecen los políticos como enunciadores, se defiende la tesis de la existencia de una situación de normalidad, alterada accidentalmente por conflictos esporádicos, puntuales, que, por otra parte, han existido siempre, y que hoy emergen públicamente por la acción de los medios de comunicación. De acuerdo con esta argumentación, tienden a atenuar cualquier información acerca de conflictos en el ámbito escolar. De hecho, parten de una negación radical de la realidad de la violencia escolar:

El País, 1/03/2005: Educación crea una web para detectar conflictos escolares.
Subtítulo: El consejero niega que haya violencia en las aulas y habla de «conflictos disciplinarios».

El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, habla de «una situación de normalidad» en las aulas valencianas, alterada sólo por «conflictos disciplinarios», denominador común de los 200 casos inspeccionados. Font de Mora subrayó que no se puede hablar de «violencia escolar y alarma social», ya que se trata de «casos muy puntuales de indisciplina y conductas atípicas inevitables y nada representativas que se dan en cualquier sitio».

El discurso de los políticos parte siempre de esa afirmación básica de normalidad. Los diferentes hechos que pudieran contradecirla se atenúan, ya sea cuantitativamente, reduciéndolos a cuestiones accidentales, esporádicas, muy puntuales, ya sea cualitativamente, presentándolos como hechos consustanciales a la vida, inevitables en cualquier tiempo y en cualquier espacio. La atenuación se manifiesta en el adverbio sólo, y los adjetivos muy puntuales, inevitables, nada representativas, están orientados hacia la negación del conflicto; inevitables supone una aceptación matizada del conflicto, pues, al tiempo que se reconoce su existencia, se afirma la imposibilidad de su resolución; luego, en definitiva, se niega como tal conflicto. La negación se manifiesta con carácter enfático en el superlativo que acompaña a un adjetivo, que, por sus rasgos semánticos, no admite gradación, así como en la negación nada en lugar del adverbio, más neutro, no.

El locutor mantiene la distancia enunciativa a través del uso de las comillas; por otra parte, los datos objetivos que aporta, los 200 casos inspeccionados, suponen una contradicción con las palabras del político, que ponen en evidencia la incoherencia de una aparente situación de normalidad con la necesidad de inspeccionar 200 casos (sólo en Valencia) de conflictos en la escuela. El dato, por sí mismo, provoca una distancia y una lectura crítica tanto del adverbio sólo como del sustantivo normalidad.

Los adjetivos suelen constituir un vehículo precioso para la transmisión de valoraciones personales, pero también los adverbios contienen a menudo información presupuesta que implícitamente orienta la interpretación de un texto. Es lo que ocurre en el siguiente caso. El enunciador es el director de Centros de la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia, y la noticia, aparecida en el Diario de Sevilla, 3/03/2005, informa sobre un caso de acoso escolar en aquella región del noroeste de España:

Titular: Detectado un caso de acoso escolar en Galicia.

Cuerpo de la noticia: […] director de centros de la Consejería de Educación de la Xunta, aseguró ayer que el caso de acoso escolar de […] es importante, porque siempre lo son los conatos de agresión, pero recordó que es un caso aislado.

Es una estrategia retórica la aceptación parcial del argumento contrario, «es importante», que a continuación queda desmentido o neutralizado por una afirmación más general que desactiva su potencial significativo: «porque siempre lo son los conatos de agresión». El adverbio siempre presenta el caso en principio «importante» como un elemento más, nada especialmente significativo en el conjunto de una larga serie de situaciones análogas; por otra parte, al calificarlo como conato, niega el carácter mismo de agresión del acontecimiento, al dejarlo reducido a potencialidad, a hecho virtual. Junto a la negación abierta de los hechos, o a su atenuación, que ya hemos comentado, otra estrategia que minimiza los sucesos consiste en presentarlos como sujetos al control del gobierno, con lo cual se exponen neutralizando su potencial amenazador o destructivo; así, con respecto al caso de agresión a un profesor en Lebrija (ciudad de la provincia de Sevilla):

[…] fuentes de la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía, en Sevilla, explicaron que este es un hecho puntual que «está controlado», ya que se han puesto en marcha todas las medidas establecidas en casos de este tipo.

Sin embargo, también hemos encontrado testimonios procedentes de cargos políticos que dan una visión diferente: siguen presentándose los hechos con cierta moderación (lítotes), pero al menos no resultan negados ni relativizados. En el Ideal de Granada (17/02/2005), el Defensor del Pueblo Español afirmaba que:

[…] casi uno de cada tres alumnos ha padecido alguna situación conflictiva en las aulas, una cifra que en otro estudio del Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (idea) se eleva al 49%, aunque advierte que los colegios no son una jungla.

La concesiva expresa la negación de una implicatura que se deduce de las cifras que da el propio Defensor del Pueblo (explicación no pedida).

Las contradicciones entre el discurso de los políticos y los hechos, o entre diferentes manifestaciones de este discurso, no se reflejan sólo en apreciaciones o en enunciados estimativos individuales (Castilla del Pino), sino que se hacen patentes también en el manejo de las cifras. Las oscilaciones son extraordinarias. Así, las encuestas que se dan a conocer durante el debate organizado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona afirman:

Un 5% de los adolescentes se siente acosado (La Vanguardia, 27/04/2005).

Los especialistas afirman:

Entre un 15% y un 35% del alumnado se ve involucrado en actitudes y comportamientos intimidatorios, con abuso de poder y exclusión social […] Entre el 2% y el 15% puede ser víctima o agresor de prolongada, cruel y oculta violencia interpersonal, que causa un daño profundo a la víctima y un deterioro moral para el agresor (La Vanguardia, 26/04/2005).

En cualquier caso, las interpretaciones son discutibles, pero la realidad se impone con una fuerza incuestionable:

Titular de El País, Bilbao, 10/03/2005: Educación investiga 50 supuestos casos de acoso escolar.

Cuerpo de la noticia: La consejera de Educación, Anjeles Iztueta, explicó que la mitad de estos expedientes corresponde a malos tratos físicos, y la otra mitad a psíquicos […]. Se plantean medidas preventivas y de urgencia para proteger a la víctima (cambio de clase, incremento de la vigilancia […] cuando se detecte un caso, y […] la adopción de las medidas disciplinarias pertinentes para los agresores.

Ideal, 17/02/2005: [...] gracias al análisis de una muestra de 1.200 alumnos de entre 12 y 16 años de Granada y Jaén, los especialistas han concluido que el 50% de los escolares ha sido o es víctima de agresiones esporádicas en sus centros educativos. En un 2% de los casos, los incidentes ocasionales acabarán degenerando en bullying.

3. El discurso reivindicativo de los profesores

El amortiguamiento propio del discurso de los políticos se contrapone a la voz de alarma de los docentes, quienes denuncian una situación de indisciplina que consideran grave y en progresión creciente. Su discurso se caracteriza por la intensificación, y actúa como argumento o como legitimación de la reivindicación de medidas concretas para prevenir lo que consideran como una seria amenaza. Así planteado, el discurso se constituye en legitimación de sus exigencias: en un marco jurídico adecuado que les permite actuar con autonomía, con disminución de la ratio, con recursos personales y materiales, con reconocimiento social, con mejora salarial, etc. Frente al discurso de los políticos, el de los docentes y especialistas presenta una indagación en las causas del proceso; en el caso de los profesores, está siempre flotando el concepto de la culpa, de la responsabilidad y del fracaso educativo. Aunque admiten que las agresiones físicas ocupan el último lugar de los «serios problemas de disciplina» (Diario de Sevilla, 5/02/2005) que se dan en la escuela, consideran que se trata de un problema creciente y que tiene que ver con la permisividad extrema de los familiares, que delegan en el colegio la educación de los hijos. La situación se agrava en el caso de los centros concertados, mientras que en los públicos se mantiene similar índice de violencia de épocas anteriores. En muchos casos se relaciona el aumento del clima de tensión en las aulas con la pérdida de valores humanos en la sociedad en general («Las formas son distintas, hay menos respeto, y eso se traslada a las aulas», El País, 1/02/2005), y, especialmente, con la influencia de los medios de comunicación, que ofrecen sin censura alguna constantes escenas de violencia. El discurso sirve para legitimar la petición de una actuación rápida y urgente, drástica, «que erradique la violencia escolar de las aulas»; la petición se concreta, en muchos casos, en un «aumento de la disciplina en los centros» (según el 64% de los docentes, El País, 5/02/2005). Faltan recursos personales y materiales y más formación docente (abc, 22/02/2005). La contundencia de las peticiones o de las exigencias se ve reflejada en actos de habla realizativos (Searle, 1994):

Los profesores de anpe exigimos: 1) El establecimiento de un marco jurídico que mejore el gobierno de los centros educativos [...]. 2) La implantación, con carácter general [...] de Departamentos de Orientación, así como la dotación del profesorado de apoyo suficiente. 3) La importancia de la acción tutorial exige que todas las tutorías sean convenientemente incentivadas económica y administrativamente. 4) [...] La creación de un nuevo órgano de coordinación en los centros educativos: el Consejo Tutorial [...]. (El País,16/02/2005).

La necesidad de formular explícitamente estas exigencias se ve justificada por la propia realidad de indefensión que sufren, hecho del que dan cuenta los medios de comunicación:

Titular: El consejo escolar de un instituto dimite al no poder expedientar a un alumno agresivo.

Tres meses después, la dimisión sigue firme, pero no ha sido admitida por la directora […]. Sus miembros aseguran que no entienden por qué la consejería no les deja aplicar la normativa sobre convivencia […]. El alumno problemático fue enviado por sus padres a otro centro próximo, pero […] el otro día volvió con una cuerda y entre varios ataron a un niño a un árbol (El País, 16/02/2005).

4. El discurso comprometido de los especialistas

Los especialistas (psiquiatras y psicólogos especialmente) y los docentes comparten la actitud de denuncia ante lo que consideran una amenaza social creciente. Como respuesta reactiva a la negación del fenómeno por parte de las instituciones políticas, el discurso de los especialistas se caracteriza por la intensificación, la cual tiene una evidente finalidad persuasiva: se busca la definición de una actitud crítica y la toma de posición activa ante este fenómeno. Dada la negación del hecho, se ha de partir forzosamente de la consideración de su existencia:

El hostigamiento prolongado de alumnos por compañeros es una realidad, aunque casi siempre esté encubierta por una espesa nube de tabú y de silencio […]. Una vez que el martirio sale a la luz, los agresores, sus allegados y los testigos que se mantuvieron neutrales, incluyendo al personal docente, tienden a minimizar el problema, a recriminar al acosado por no haberse defendido, o a responsabilizar a sus padres (A. Rojas Marcos, Tribuna de El País, 2/04/2005).

La pretensión de rigor científico, de objetividad en la descripción del fenómeno, no excluye la presencia de elementos pertenecientes a un plano modal, los cuales revelan las actitudes, las valoraciones o las estimaciones subjetivas del enunciador (Fuentes-Alcaide, 1996). Las comparaciones, la presencia de términos léxicos pertenecientes al campo semántico de la epidemiología, de la guerra, del terrorismo, de la tortura, de las catástrofes naturales, y, en general, de la muerte, todas ellas con el rasgo semántico de «violencia, de destrucción», sirven para evocar el contenido siniestro y mórbido de las situaciones que se describen:

Como el cáncer o el terrorismo, que tanto tememos pero que la costumbre nos obliga a anticipar, la violencia escolar también forma parte del catálogo vigente de horrores predecibles.

Estas espeluznantes matanzas nos espantan, nos duelen, y echan por tierra las expectativas más básicas sobre el comportamiento humano. Aun así, su impacto en la sociedad es efímero. Con independencia de los cadáveres que acaben esparcidos por las aulas, la indignación colectiva se disipa a los pocos meses (L. Ro-jas Marcos, El País, 2/04/2005).

Olas de homicidios y de suicidios en las escuelas públicas de Nueva Cork […] «hostigamiento», «ensañamiento», «acosamiento persistente» [...] el léxico perteneciente al campo semántico de la tortura o del «martirio» presenta a los alumnos implicados como «acosadores», como «maltratadores», como «víctimas habituales de ensañamiento» que sufren «interminables pesadillas», y que a la hora de encontrar explicaciones que les ayuden a entender su penosa situación, la mayoría termina culpándose a sí misma (L. Rojas Marcos, art. cit.):

La víctima, además de padecer un calvario diario, se siente culpable y avergonzada, lo que hace que no se exprese [...]. La comunicación es esencial: el verdugo sabe que la víctima no habla (F. Díaz Atienza, Ideal, 2/11/2004).

La vivencia del fenómeno como una enfermedad contagiosa que se propaga y que crece indefinidamente, explica el léxico propio de la epidemiología:

Detectado un caso de acoso escolar en Galicia (Diario de Sevilla, 3/02/2005).

Se plantean medidas preventivas y de urgencia para proteger a la víctima (cambio de clase, incremento de la vigilancia...) cuando se detecte un caso [...] y la adopción de medidas disciplinarias pertinentes para los agresores (El País, 16/03/2005).

La creación de un sentimiento de alarma social, justificado por la existencia de hechos que por sí mismos constituyen una amenaza social, se ve reforzada por la presentación de esta realidad como un proceso sometido a un «aumento imparable» (El País, 21/03/2005). Se insiste en el hecho de que «la progresión es evidente», y que las acciones conflictivas no se circunscriben al ámbito escolar, sino que invaden otras esferas de la vida pública:

[...] los mandos de la policía municipal señalan un preocupante incremento de la violencia en el ámbito escolar, que se manifiesta a la salida de clase (La Vanguardia, 27/02/2005).
La voz de los especialistas es un discurso comprometido, con una clara finalidad perlocutiva: la presencia de comparaciones de gran fuerza expresiva, de adjetivos valorativos o de un léxico con rasgos semánticos de extrema intensidad, busca la movilización de toda una serie de recursos que actúen como medidas preventivas de una realidad que se vive como «enfermedad social». De ahí que se considere que la solución pase por recuperar los valores humanos: trabajar en grupo, realizar «tareas solidarias, no competitivas» (R. Ortega, La Vanguardia, 26/04/2005).

5. La ausencia de los alumnos: «Una espesa nube de tabú y de silencio»

Desde el punto de vista de su tratamiento en los medios de comunicación, podemos considerar a los alumnos como simbólicamente invisibles: sólo en tres ocasiones aparecen como enunciadores. Ellos son el centro del debate, del tema, pero, salvo en el suceso del Instituto de Coria del Río, no suelen tomar la palabra. Una «espesa nube de tabú y de silencio» protege a los acosadores y a sus víctimas, oculta el problema y lo potencia. A diferencia del discurso de los políticos, el de los alumnos parte de la existencia de problemas de convivencia en las aulas:

[...] el 24,5% [de los alumnos] piensa que alguna vez ha mostrado un comportamiento en el aula que ha impedido dar clase, y el 16,8% que ha faltado al respeto al profesor (El País, 5/02/2005).

Pero, frente al de los docentes, que consideran la necesidad de un mayor control y de medidas disciplinarias, los escolares hablan de diálogo y de consideración-respeto hacia ellos como forma de resolver los conflictos:

La mejor arma para resolver los conflictos no son las actitudes violentas, sino la palabra, el diálogo y el respeto (Talleres organizados en Granada por 12 centros educativos, en colaboración con las ong Proyecto Hombre y aspa).

Los propios encuestados, 2.322 escolares de 9 a 16 años de centros públicos y privados de Madrid, reclaman más educación en valores y respeto hacia ellos de educadores y de familias para frenar las conductas violentas, mientras que restan importancia a las medidas de control [...] (Diario de Sevilla, 10/02/2005).

6. Conclusiones

El tratamiento del tema de la violencia escolar por parte de los medios de comunicación muestra la existencia de puntos de vista divergentes sobre el hecho, en función del enunciador del discurso. La discrepancia afecta a la propia consideración de la existencia del fenómeno: su negación por parte de los políticos, frente a la voz de alarma de los docentes y de los especialistas, que lo consideran como una grave enfermedad social. Los dos tipos de discursos sirven de legitimación de intereses también contrapuestos: los representantes políticos buscan neutralizar la crítica social, especialmente en lo que se refiere a la adecuación de las medidas en política educativa.
El discurso de docentes y de especialistas crea un estado de conciencia de alerta, y sirve de legitimación a la idea explícitamente formulada de la necesidad de reformas. En general, se muestran partidarios de tomar medidas disciplinarias y de aumentar el control en los centros. Por su parte, los especialistas apuntan hacia la necesidad de transformar el clima social que genera la violencia, concretamente el imperativo de recuperar la enseñanza en valores humanos olvidados.

Destaca en los medios de comunicación la ausencia del punto de vista de los alumnos, quienes, a pesar de constituir el centro del debate, no tienen voz, ya que sólo en dos ocasiones llegan a tomar la palabra.

Los medios de comunicación reproducen los distintos puntos de vista, manteniendo a veces la distancia enunciativa («Detectado un caso de acoso escolar en Galicia», Diario de Sevilla, 3/02/2005), y, en otras ocasiones, asumiendo implícitamente uno de esos puntos de vista. Esto último suele ocurrir en los titulares: la exigencia de condensación informativa lleva a dar una visión sinóptica, que a menudo contiene la interpretación de los hechos. En tal sentido, puede ser muy ilustrativa la comparación de los titulares de varios periódicos en los que se comunica lo acaecido en el caso del joven Jokin, que se arrojó al vacío desde las murallas de Hondarribia (una localidad del País Vasco) la madrugada del pasado 21 de septiembre, tras soportar durante un año humillaciones y vejaciones constantes en su instituto, y palizas por parte de varios compañeros. En el análisis de los titulares, y refiriéndose a los acosadores juzgados, destaca la utilización de los términos absueltos o condenados, lo cual ya supone una interpretación del caso, una tipificación del delito:

El juez condena a 8 menores por maltrato moral a Jokin (Diario de Sevilla, 14/05/2005).
Titular de El Mundo: Los acosadores de Jokin cumplirán 18 meses de libertad vigilada.
Subtítulo: Condenados por un delito contra la integridad moral y una falta de lesiones.
Titular de ABC: Absueltos de inducción al suicidio los ocho imputados por el «caso Jokin».

Subtítulo: El juez les impone 18 meses de libertad vigilada por violar su «integridad moral».

Si consideramos los enunciados desde el prisma de su valor de verdad, ninguno de ellos es falso; sin embargo, desde el punto de vista informativo, supone la consideración de los hechos bajo diferentes perspectivas: desde la vertiente de la acusación particular, que «acusaba a los imputados de los delitos de inducción al suicidio, maltrato habitual y lesiones psicológicas, así como de una falta de lesiones» (abc, 14/05/2005), los imputados han sido absueltos. En cambio, desde la óptica del Ministerio Público, que «acusaba a los menores de un delito contra la integridad moral y una falta de lesiones», han sido condenados. El hecho de poner de relieve uno u otro enfoque supone una definición de la posición del periódico frente al caso. Esta diferencia se mantiene y se desarrolla en lógica coherencia en el cuerpo de la noticia: abc, que es el único que opta por la consideración de absueltos en el desarrollo de la información, recuerda los «episodios que sucedieron tres días antes del suicidio del menor, tales como que le propinaron un puñetazo, así como balonazos en el gimnasio». El Diario de Sevilla, que presenta a los imputados como condenados, no recuerda ninguno de los episodios violentos que precedieron al suicidio de Jokin. De acuerdo con la tendencia que subyace en el titular (punto de vista del delito como «maltrato moral»), recoge las palabras del Defensor del Menor, quien, suavizando el hecho de la existencia de una cierta benignidad en la sentencia, considera que ésta «debe valorarse como el reconocimiento de que “hubo un delito“, y de que, por tanto, “se ha roto el criterio de impunidad“ en estas situaciones». El parecer del periódico representa a un enunciador perteneciente a la clase política, que es la misma que ha sostenido la existencia de una «situación de normalidad» en las aulas, la que ha defendido que no existía violencia escolar, y que, por tanto, no había razones para la alarma social. Ante una realidad trágica, este enunciador que los representa sigue practicando la atenuación como estrategia comunicativa que justifica o que sirve de legitimación a una determinada actuación política. El punto intermedio está representado por El Mundo, que en el titular califica de «acosadores» a los imputados; es en el subtítulo cuando los califica de «condenados»; en la posición más relevante del titular, opta por una solución que es más imparcial en cuanto a la consideración del delito. En el cuerpo de la noticia desarrolla de manera pormenorizada las torturas físicas y psicológicas que sufrió el adolescente, y advierte que «El fallo reconoce que se hallaba atrapado en un «circuito infernal» que no pudo cortar, ya que hubiera supuesto denunciar a sus compañeros, quienes comenzaron a despreciarle después de que los padres de Jokin informasen a otros progenitores de que varios chavales habían sido sorprendidos fumando hachís en un campamento... El escrito judicial demuestra el escalofriante calvario al que fue sometido Jokin en los días anteriores a su muerte». En coherencia con su perspectiva neutral, este periódico pone en evidencia la contradicción que supone definir como «delito contra la integridad moral» la sucesión de palizas, y «el escalofriante calvario» que llevó al chico a huir del miedo yendo al encuentro de la muerte.

Notas:

0 Doctora en Filología, profesora asociada, Facultad de Filología, Universidad de Sevilla, España.
1 Doctor en Medicina y Cirugía, licenciado en Psicología, psiquiatra, jefe de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria, Hospital Infanta Luisa, Sevilla, .
2 El suceso de acoso de un chico en un instituto de la ciudad de Coria del Río (localidad de la provincia de Sevilla) constituye un caso aparte; al haber sido denunciado públicamente, adquiere una notable relevancia informativa; el chico y su madre aparecen en programas de televisión y en entrevistas; salvo en esta ocasión, en el resto de los textos consultados la opinión de los alumnos no está representada. Aparte de los comentarios a los resultados de alguna encuesta, no suelen ser enunciadores. Y, desde luego, nunca lo son los autores de los comportamientos violentos.
3 L. Rojas Marcos: «Los estragos del acoso escolar», periódico El País, 2/04/2005.

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Revista Iberoamericana de Educación, Número 38: Mayo-Agosto 2005