Dirigido por Josep Miró i Ardèvol.
Director del CIDE-INCAS.
Con la colaboración de: Jordi Garcia y Carme Català

I. Introducción: no es tanto un problema de diagnóstico como de juicio.
Las razones profundas que hacen complicado afrontar las causas que hacen difícilmente sostenible el estado del bienestar, no nacen del hecho que conozcamos de manera imperfecta su naturaleza, sino que pese a la evidencia, se emita un juicio parcial y por lo tanto, erróneo. Hay toda una percepción distorsionada de la realidad en aquello que afecta a las instituciones insustituibles socialmente valiosas como el matrimonio, la paternidad, la maternidad, etc. Un magnífico ejemplo de esta distorsión es un texto legal de relevancia: el Anteproyecto de Ley del Libro del Código de Familia de la Generalitat de Cataluña.

Y, ¿por qué un texto legal de una comunidad autónoma tiene este interés demostrativo de la incapacidad de emitir un juicio racional por parte de los poderes públicos, de la insensibilidad desinformada de la misma sociedad?. Pues, por dos razones:
La primera es que Cataluña ha conservado de manera ininterrumpida, y bajo regímenes políticos diferentes, una tradición legislativa viva en el ámbito del Código Civil, con un origen que se remonta a las Constituciones catalanas. Por lo tanto, estamos ante una construcción jurídica de siglos de evolución, que a la vez nos conecta directamente con el Derecho Romano. La columna vertebral de este marco jurídico civil es el derecho relacionado con la familia en torno al cual la sociedad civil catalana se ha organizado y funcionado a lo largo del tiempo. No estamos, por lo tanto, ante la producción de una legislación de carácter autonómico, “ex novo”, sino de una modificación radical, de una forjada tradición y sabiduría jurídica perfectamente anihilada en el Anteproyecto. Este fue sometido a información pública, por lo tanto tenía un grado de formalización importante, si bien la convocatoria de elecciones anticipadas no hizo posible su entrada al Parlamento.
La segunda razón es que el texto que propone el gobierno de la Generalitat incorpora una excelente síntesis de todos los problemas y disfunciones que afectan al matrimonio y las demás instituciones a él vinculadas. El interés del enfoque radica en el hecho de que una vez constatados, en lugar de legislar para intentar reducirlos y limitar su efecto, lo que hace es elevarlos a rango de canon, de modelo igualmente deseable. Aquello que sólo debería ser considerado como la consecuencia legal del ejercicio de la libertad personal pero que no acontece positivo desde la perspectiva social, es convertido en norma sancionada por la ley y, en varios casos, potenciado. Cuando se critica esta aceptación ciega de las dinámicas sociales, la respuesta es siempre la misma: hace falta reconocer la realidad social. No hay que hacer demasiadas elucubraciones para constatar que el criterio del reconocimiento de la realidad social no es nunca por si mismo determinante de ningún reconocimiento jurídico, sino que siempre hay una idea previa de valor. No hay una aceptación legal de la violencia, pese a que esté al orden del día, incluso en los casos de defensa propia. Se puede comprar el vehículo que queramos pero no se puede conducir como queramos (la gran contradicción entre la limitación legal que en el mejor de los casos no permite circular a más de 120 Km/h y la venta de coches que logran velocidades que duplican sobradamente este máximo). Está permitido beber alcohol en un ejercicio de la libertad individual, pero desde el punto de vista societario hay fuertes restricciones, por edad, los lugares, por determinadas actividades privadas de efectos sociales, y profesionales. El caso del tabaco es paradigmático. Es un negocio intervenido por el Estado al cual reporta grandes ingresos, pero está sometido a una gran restricción en el espacio público. Hay mucha violencia, mucho exceso de velocidad, mucha drogadicción, borrachera y alcoholismo, muchos fumadores, pero la ley no va por la vía de aceptar “la realidad social”, sino todo lo contrario.

Código Penal más duro, carné de conducir por puntos, ley antitabaco, normas para la restricción del consumo de alcohol. Es una obviedad que en razón de un modelo socialmente deseado, un elevado número de actividades ejercidas en privado, están intervenidas y limitadas en la vida pública. Hay, por lo tanto, una idea de valor social previo que determina la limitación, o por el contrario su reconocimiento legal por la vía de la ley. Esta diferencia señala la distancia que separa lo que es la libertad del sujeto y lo que se considera el bien de la sociedad.
Detrás de esta conclusión hay una tercera: los poderes públicos y mediáticos tienen un criterio moral sobre qué es deseable o no para la colectividad y lo aplican. El simple hecho de que se produzca como fenómeno social no da pie a que lo reconozcamos como bueno. Pero esta manera razonable de juzgar la realidad no se aplica en la concepción que guía el matrimonio, la paternidad, la familia y por extensión el parentesco. Incluso el fundamento de todas ellas, la dualidad hombre–mujer tiende a ser marginada. La pregunta es, ¿por qué y bajo qué lógica es ello posible? Y también, ¿cuáles son las consecuencias sobre la sociedad y su economía? La monografía que ha llevado a término el INCAS (Instituto de Estudios del Capital Social) intenta contestar, en una medida significativa y útil, a estos interrogantes.

Parte I
Por qué son decisivos el matrimonio, la paternidad, la maternidad y el parentesco.
Precisando el concepto de matrimonio y familia.
El uso inadecuado de la denominación matrimonio y familia hace necesario precisar su caracterización. No todos los modelos que son presentados con aquéllos nombres tienen la misma capacidad de generar capital social y descendencia, que son las características insustituibles socialmente valiosas propias de ambas instituciones. Se ha introducido en el lenguaje la expresión “nuevas familias” en querida contraposición con lo que se designa como “familia tradicional”. Este es un planteamiento que invita a pensar que hay varios modelos de familia, socialmente equivalentes. Unos pertenecen al pasado, y otros serían fruto de la modernidad y de los tiempos actuales. Pero esta contraposición no existe en la realidad. Lo que se denomina con el calificativo de “tradicional”, básicamente los matrimonios (75%), generalmente con hijos (55%), son los que configuran la gran mayoría de los hogares.

También forman parte de este mismo grupo, en el que tienen su génesis y desarrollo, la gran mayoría de hogares habitados por una sola persona, viuda o viudo. Y esto representa cerca de un 8%. Un tercer grupo son las familias monoparentales, resultado de una desestructuración familiar, de un matrimonio que no ha funcionado bien y no ha podido mantener la continuidad del vínculo. Pero con propiedad no se puede calificar de nueva una situación que ha acompañado a la sociedad desde la institución del matrimonio. La ruptura o abandono siempre han existido, hasta el extremo de formar parte del imaginario de la literatura popular. La única novedad sería que su número ha crecido los últimos años hasta significar un 7% de los hogares, pero ni es un modelo familiar “nuevo”, ni es –hay que subrayarlo- una estructura familiar deseada ni social, ni personalmente. Nadie opta como proyecto de futuro por constituir una familia monoparental. Se puede argumentar que algunas mujeres aspiran a tener hijos y vivir solas con ellos, pero este es puramente un discurso teorizante, pues esta realidad reúne a unas pocas decenas de hogares. Pese a su nula presencia social, la idea de “mujer-sola-con–hijo” sin pareja previa, forma parte de las concepciones ideológicamente fomentadas y promovidas por la actual legislación: la nueva ley de reproducción asistida permite la inseminación artificial a mujeres solas, con independencia de la edad y esperanza de vida. Es suficiente que pueda pagarse el deseo.

Estas sí podrían ser consideradas con propiedad una “nueva familia”.
Otro grupo de hogares perfectamente diferenciados del matrimonio es el de las parejas de hecho: personas que cohabitan maritalmente sin estar casadas. Pero también en este caso la novedad no se da. La mayoría de adultos mayores de 40 años pueden indicar que en su infancia o juventud han conocido, por referencia o directamente, a una pareja que vivía “juntada”, expresión por otro lado bien tradicional. Cuando la República obviamente, pese al divorcio, pero también cuando el franquismo, la práctica de cohabitar maritalmente ha formado parte de las costumbres. En el campo teórico encontramos, de manera destacada, el anarquismo y su idea de relación amorosa no contractual, el “amor libre”. En el ámbito de las costumbres, ha sido una fórmula bastamente practicada por algunos sectores populares de la sociedad, así como, en otro grupo social minoritario integrado por personas de profesiones artísticas que asumían el estilo de vida del “romanticismo expresivo”. No era obviamente un modelo bien visto, pero existía en términos numéricamente nada marginales. Es más, en el pasado, la importancia del modelo canónico basado en la estabilidad del vínculo, había desarrollado entre la burguesía una forma subsidiaria de relación familiar basada en una cohabitación incompleta: era la “mantenida”, la “querida”.

La cohabitación completa no es nueva en ningún sentido, pero sí hace falta señalar que su número ha aumentado hasta significar, siempre según el INE, el 6% de los hogares. Continúa siendo una magnitud modesta pero que crece rápidamente, con un añadido que no se puede descuidar: para muchos jóvenes es un paso previo al matrimonio; por lo tanto una figura de transición, un clase de “compromiso+cohabitación”, bajo la errónea premisa –al menos en términos estadísticos- de que la prueba previa significa una mayor garantía de éxito en la vinculación institucional posterior. No es así: los fracasos entre las parejas que han cohabitado antes son más elevados que entre quienes no lo han hecho, como veremos más adelante.

El matrimonio configurado históricamente en su forma definitiva por el cristianismo, no es asumido por la concepción burguesa por una razón religiosa, sino porque es el modelo más adecuado para el sistema económico, fundamentado en el derecho a la propiedad, la empresa privada y la herencia.
Es una evidencia que hoy parece olvidada. Y a la inversa, otras formas menos formalizadas y vinculantes casan mal con las exigencias de racionalidad del sistema económico.
El incremento de la cohabitación no es, por lo tanto, una novedad sino un regreso al pasado donde los sistemas familiares acontecieron más confusos. El cristianismo y sobre todo el "orden burgués" liquidaron progresivamente su importancia, porque era contraria a la racionalidad que el orden económico demandaba.
En conjunto, las uniones surgidas del matrimonio significan el 84% de los hogares. Si añadimos la cohabitación se logra el 90%. La dimensión cuantitativa que resta para referirse a las denominadas “nuevas familias”, que se quieren presentar en contraposición con la que denominan “familia tradicional”, es exigua. El grupo con más significación, y no llega al 2% de los hogares, lo constituyen las denominadas familias reconstituidas, fruto de la nueva unión entre personas en las que al menos una de las dos es divorciada. Es, por lo tanto, un tipo de vínculo que surge a partir de la Ley del Divorcio de 1981 y que con toda evidencia la normativa reciente aprobada en el 2005 hará crecer. Otro grupo, este radicalmente nuevo, incluso a escala mundial, es el de los matrimonios homosexuales, pero al año de la aprobación de la ley que lo hace posible, tan sólo se han registrado 1.275 parejas en toda España, 288 en Cataluña. Por otro lado, el número total de parejas homosexuales de las que los matrimonios constituyen un mínima fracción, y que viven en régimen de cohabitación, tan sólo significan el 0.07%. Esta cifra, más los resultados en Bélgica y Holanda, los otros dos países donde se ha legislado el matrimonio homosexual en el mundo –el tercer caso, Canadá, es más reciente que el español-, indican que la evolución futura todavía logrará cifras menores (1).

La conclusión es evidente: la estructura básica de la sociedad es el matrimonio, con un aumento de la viudedad ocasionada por la mejora de la esperanza de vida, así como también en el número de familias monoparentales dada la mayor abundancia de las rupturas matrimoniales. En un plano diferente, se da la recuperación de la vieja forma de la cohabitación.
En términos objetivos no deja de ser sorprendente la voluntad política de institucionalizar una realidad numéricamente tan exigua con el nombre de "nuevas familias". Una denominación, además, que pese a ser exacta conceptualmente, posiblemente no es la que mejor expresa la subjetividad de las familias reconstituidas, que se consideran “matrimonio-punto” y “familia-punto”, sin más calificativos. En realidad todo el planteamiento sobre "nuevas" familias difumina el problema objetivo de las disfunciones sociales: ruptura, desestructuración, cohabitación, para dotarlas de valor normativo de modelo equivalente al matrimonio, intentando presentarlas como “nuevas”. Este engrosamiento que falsea la realidad tiene una segunda utilidad: permite envolver en un concepto “lo que es nuevo” mucho más amplio, más significativo que su exigua realidad.

El argumento formal para la institucionalización como familias de realidades que no lo son, o que ya tienen un reconocimiento en el marco canónico del matrimonio establecido por la sociedad, caso del matrimonio de personas divorciadas, es que hace falta reconocer jurídicamente las "nuevas realidades". De hecho, y como hemos visto, la única nueva realidad institucionalizada que se aparta radicalmente del marco de referencia de lo que es el matrimonio como institución insustituible socialmente valiosa, es el matrimonio homosexual. Pero este tipo de argumento de institucionalizar una realidad porque se da como comportamiento social, sin mesurar su naturaleza y sin más consideraciones de interés social, incorpora riesgos obvios. Por ejemplo, una consecuencia casi obligada a medio plazo será el reconocimiento legal de la poligamia a partir del matrimonio islámico. No en todos los países islámicos la poligamia es legalmente posible. Algunos han intentado limitarla, como Túnez (Código sobre el Estatuto Personal de Túnez art. 18. 1º), pero son casos excepcionales, dado que la mayoría de países musulmanes la admite, si bien la somete a condiciones concretas. En Marruecos se obliga al marido a guardar igualdad de trato entre las diferentes esposas, así como a informar a la esposa presente del nuevo matrimonio, y la futura esposa de que ya está casado (art. 35. 2º y 30 del Código de Familia). En Argelia se exige, además del hecho de que las esposas sean informadas, que se cumpla con determinadas exigencias como por ejemplo el mantenimiento de la equidad dentro del trato entre ambas esposas, o que existan motivos que justifiquen estas uniones. En los dos países se permite que la esposa solicite el divorcio en el supuesto de que estas situaciones comporten la carencia de entendimiento entre ellas. Pero estas regulaciones, en nuestras circunstancias, son un factor favorable a su legalización, porque permiten argumentar, con más o menos razón, que este tipo de matrimonio puede salvaguardar los mismos derechos para la mujer que el fundamentado en la pareja. A partir del momento en que la figura de los dos sexos ha dejado de tener sentido como limitación matrimonial, parece difícil la argumentación contra la aceptación de una realidad social, mucho más extendida en el mundo y con un número creciente de casos en nuestro propio país, que el matrimonio homosexual, una figura, hay que decirlo todo, rechazada en el contexto internacional.

De manera implícita, la poligamia ya ha sido asumida por el régimen de la Seguridad Social vía reclamación de derechos hacia la segunda mujer. Mientras que el matrimonio homosexual sólo existe en cuatro países, de los cuales el más poblado con diferencia es España, el matrimonio polígamo es legal en casi todo el mundo musulmán que reúne a centenares de millones de habitantes, que podrán considerar una discriminación el hecho de que se les niegue esta opción.
En realidad, lo que está sucediendo es que la idea de lo "nuevo", oculta la destrucción de la infraestructura social que hace posible el modelo social y económico que denominamos occidental. Hemos constatado que no hay un cambio de modelo social en los vínculos de pareja, sino un crecimiento notable de disfunciones que son conocidas desde siempre. La novedad no radica en el cambio sino en el hecho cultural, y sobre todo político, de considerar las disfunciones de las instituciones sociales por primera vez en la historia, no como tendencias a reducir y limitar, sino como realidades a institucionalizar.
Esta orientación política debe ser revisada desde la perspectiva de sus consecuencias económicas y sociales, precisamente porque las disfunciones crecientes tienen efectos no deseables para el crecimiento económico y el bienestar.

Tabla 1
Hogares Familiares.

Fuente: INE

Por lo que respecta a Cataluña, una encuesta del junio del 2006 (2) señala que –sin considerar a los solteros- el 72% de los hogares están formados por matrimonios; un 9% por viudos; y un 6,6% por parejas de hecho. Por su parte, los divorciados representaban un 3% y los separados un cifra parecida. El 86,6% de los casados tenía hijos, una media de 2,2, un 25,8% con un hijo, un 48,8% con dos y el 24,6%, tres o más. La mitad de los menores de 35 años se plantean tener más hijos, por sólo un 17,6% de los comprendidos entre los 35 y 49 años. Hay, por lo tanto, un potencial demográfico no realizado, que se hará o no efectivo en mayor o menor medida en función de las condiciones socioeconómicas.

Tabla 2
Conceptos básicos.

Esta es la estructura primaria básica sobre la cual se ha asentado la sociedad, fruto de una concepción antropológica de largo alcance histórico y multi-religioso. En base a ella funciona la economía.
El modelo estructural sobre el que se asienta la sociedad parte del matrimonio: a partir de él se articulan relaciones ascendentes, colaterales y descendentes de consanguinidad las más numerosas, y de afinidad. Este conjunto amplio es el parentesco, que junto con la dinastía tiene una importancia insustituible en la articulación de la sociedad y su actividad económica.

La importancia social del parentesco.
El parentesco había parecido que pasaba a ser una institución muy secundaria en las sociedades urbanas post industriales, basadas en la familia nuclear. La realidad no ha ido por aquí. El aislamiento de la familia nuclear no se ha producido, antes al contrario, la interrelación se mantiene, y no lo hace bajo formas arcaizantes sino como el desarrollo de nuevas respuestas dictadas por las cambiantes condiciones. El campo afectivo no se limita a la relación entre padres e hijos sino que se extiende más allá, especialmente hacia los ascendentes. Puede parecer sorprendente pero en Francia, más del 75% de los hijos casados vive a menos de 20 Km de uno u otro progenitor, porque la proximidad permite la frecuencia de la interacción. La frecuencia de fracasos matrimoniales o los hijos acentúan este papel principal de los abuelos. Las relaciones reales de parentesco se extienden más allá y, si bien hay una tendencia extraordinaria a concentrarlas en funciones afectivas, rituales o simbólicas (una fiesta señalada, un entierro), también se desarrollan en relación a dos funciones económicas:

Las ayudas a la subsistencia para hacer frente a dificultades imprevistas.
La promoción dirigida a la mejora del estatus de alguno de sus miembros, función que se acentúa en la familia extensa por el papel de la fratría.
En ambos casos el parentesco continúa siendo decisivo en la primera ocupación. Pese a los adelantos educativos, las posibilidades de prosperar en la vida todavía están hoy muy marcadas no sólo por las características de los padres, sino precisamente por el parentesco, y cómo su destrucción deja a la persona más inerme ante la adversidad, afectiva y económicamente. Desde esta perspectiva, el parentesco tiene más importancia práctica cuanto menores son los conocimientos para una buena inserción social. La destrucción del parentesco daña a toda la sociedad, pero sobre todo a los más débiles social y económicamente.

Si el matrimonio constituye el productor primario de capital social por la vía de la descendencia y su educación, el parentesco es la red secundaria que lo multiplica. Este sistema de relaciones es muy importante en Cataluña (3) y también en España (4). Así, el número de familiares con quienes no comparte vivienda pero mantiene una comunicación regular es de 11,2 en Cataluña, y de 9,1 en España, ambos son los valores más elevados de la serie de países estudiados.

Tabla 3
¿Me podría decir el número total de familiares con quienes no comparte vivienda pero mantiene una comunicación regular?

Fuente: Estudio sobre el Capital Social en Cataluña. Estudio Internacional sobre el Capital Social.
Además, y en el caso de Cataluña, se ven con una frecuencia semanal o diaria en un 70,4 de los casos, y otro 17,6 mensualmente. Hay, por lo tanto, una relación intensa.
La red de amistades es sensiblemente menor en el caso de Cataluña, sólo 8,4 personas, y en el caso de España 8,8. En general, es más extensa la red de relaciones familiares que las de amistades, lo cual confirma la importancia del parentesco.

Tabla 4
Aproximadamente, ¿cuántos amigos diría que tiene usted?

Fuente: Estudio sobre el Capital Social en Cataluña. Estudio Internacional sobre el Capital Social.

Considerando las dos redes, Cataluña es, junto con Dinamarca y España, el país donde resulta más extensa la red familiar y por lo tanto con más capacidad de generar capital social. En los casos de Cataluña y España, la familia es la causa de la mayor extensión de la red. El potencial social de Dinamarca, muy específico (5) y que ha hecho posible uno de los estados del bienestar más desarrollados, radica en el capital social que genera el elevado grado de socialización, sin mengua de las relaciones familiares, pero el de España depende más de la familia.

Tabla 5
Volumen de red social. Ver tabla

Fuente: Estudio sobre el Capital Social en Cataluña. Estudio Internacional sobre el Capital Social.

Mientras que en Cataluña una persona mantiene relaciones regulares con casi 23 personas, en quienes puede confiar -en relación a un extraño- para hacer frente a una necesidad, servicio o información, en Francia es de 16,9 y en Alemania de 12,7. Estas diferentes magnitudes constituyen un factor económico, un diferencial de capital, de extraordinaria importancia, claramente subvalorado. Este menosprecio es, en parte, debido precisamente a su abundancia “natural”, lo que hoy inclina a actuar y legislar como si la alteración de sus estructuras y finalidades no tuviera importancia, como si en un ejercicio mágico la asignación del nombre “matrimonio” a la unión entre dos personas del mismo sexo, o el de modelo “familiar” a una familia desestructurada, ya comportara que dispongan de los mismos atributos generadores de beneficios sociales.

Pero es objetivamente evidente que las ventajas nacen de la existencia de unas condiciones concretas, de una identificación clara y ordenada de los estatutos y roles, de sus interrelaciones en el espacio y el tiempo, y de una estabilidad básica de los vínculos. En la medida en que la claridad y el orden desaparecen del sistema, este se degrada y deja de poder cumplir con su función de estructura que mantiene la sociedad. Se desencadena un proceso entrópico.

Confusión social: el inicio del proceso entrópico.
El cambio no es, por lo tanto, en el sentido de que surjan nuevas formas de vida familiar, sino en cómo crecen las disfunciones del modelo consolidado. No estamos delante de formas alternativas, de un cambio de modelo, sino de una concepción que califica disfunciones y patologías como modelos familiares, lo que constituye un hecho inédito.
Nos encontramos en una estructura social malograda, una presencia marginal de las formas de convivencia surgidas al margen del matrimonio y de su desarrollo, y unas nuevas leyes y una cultura mediática que alimenta la formación de disfunciones. Las premia, mientras castiga la estabilidad y la descendencia, y desdibuja la figura matrimonial y progenitora hasta hacerla inidentificable. Esto, como es lógico, tiene consecuencias perjudiciales para la sociedad, como veremos más adelante.

De hecho, hoy en España, y todavía más en Cataluña, toda formulación es admisible: una mujer homosexual que vive en pareja es fecundada artificialmente merced al semen de un gay, estableciendo así una nueva relación de parentesco, con dos madres, una biológica, y un padre de esta misma condición. Por el momento las únicas limitaciones son el número y la edad. No parece, sin embargo, que puedan serlo por demasiado tiempo en relación a la limitación a dos, pues ya son posibles legalmente formas como la anteriormente aludida, dos madres y un padre biológico. También porque las mismas razones que justifican el matrimonio entre personas del mismo sexo, son aplicables a plurales más numerosos, con una carta a favor de la poligamia: no son acoplamientos estériles y tienen un amplio reconocimiento internacional.
Pero no se trata sólo de los musulmanes. En Holanda, un país de referencia para la política de nuestro país, ya ha surgido un nuevo partido que postula los doce años como edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales –razonando que ya se ha suprimido la “discriminación por sexo”-. El PNVD, las siglas en holandés del Partido de Amor Fraternal, Libertad y Diversidad, no ha sido prohibido por la justicia holandesa, pese a las denuncias formuladas, porque el juez ha considerado que la libertad de expresión y asociación pueden verse como las bases de una sociedad democrática y dan oportunidad a un partido de pedir cambios legales. Y es que cuando los límites naturales se saltan, se pierde el sentido de las fronteras, como le está sucediendo a parte de la sociedad de los Países Bajos y a algunos de sus jueces. Cabe apuntar que en dicho país, en la década de los noventa, se produjo una reforma legal que estableció la edad de emancipación sexual a los 16 años, que podía disminuir hasta los doce con consentimiento de los padres. Quien se escandalice de este cambio, que da base a la reivindicación del PNVD, debe recordar que en España la edad de emancipación sexual es a los 14, y tiene una legislación mucho más de ruptura que Holanda. Este hecho, más los precedentes introducidos de entregar la píldora abortiva a las adolescentes sin información a los padres, y la figura del “adolescente maduro”, sitúan una barrera muy frágil al debate sobre el adelantar todavía más la edad de emancipación sexual. Más cuando es el propio Estado quien tiene la pretensión de introducir su visión moral de la sexualidad de la mano de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, de carácter obligatorio y evaluable.

Por la misma lógica es posible suprimir todas las limitaciones por consanguinidad entre hermanos, padres e hijos. Los métodos anticonceptivos, el aborto generalizado, el diagnóstico embrionario, y la fecundación asistida con donantes de óvulos y semen, otorgan un bagaje instrumental más que suficiente para liquidar todo riesgo de hacer nacer bebés tarados por el vínculo consanguíneo. Y es que rota la lógica natural, que se expresa socialmente a través de la historia, ¿cuál es el sentido del matrimonio y su relación con la descendencia? ¿Dónde está el límite? Pero, ¿por qué tiene que haber límites a la satisfacción del sentimiento amoroso, al deseo entre personas? La ciencia ya lo resolverá.
En realidad, cuando se utiliza el concepto de “nuevas familias”, se está refiriendo a un grupo heterogéneo donde no necesariamente todos sus componentes, como hemos visto, pueden ser calificados de nuevos, sino que su común denominador radica en otro punto: la mayoría tienen su desarrollo y finalidad situado en el imperio del deseo o en la ruptura. Es decir, en la supremacía de la desvinculación por encima de la solidez del compromiso. Esta no es la condición real de la familia, que si bien puede tener su origen sólo en el deseo, su desarrollo obedece a otras lógicas más vinculadas, dotadas de un mayor compromiso personal y, por lo tanto, generadoras de confianza. Robert Sternberg, profesor de psicología de la Universidad de Yale y que tiene una amplia experiencia en el enfoque cuantitativo del análisis de las relaciones amorosas que dan lugar a la formación de vínculos, tiene una teoría del amor estructurada en tres componentes. Es obvio que hay otros muchos enfoques sobre este sentimiento, pero las tesis de Sternberg tienen la virtud de soportar bien la práctica de test de medición y predicción.

Sus tres componentes son: La intimidad, que define como el sentimiento de proximidad que tiene una pareja. Seguramente el concepto también lo podríamos denominar “acogida” y “acompañamiento” sin traicionar la idea.
Se expresa por la vía de hechos cómo:
La capacidad de contribuir al bienestar del otro.
La capacidad de acogerlo en todo momento.
El contar con él o ella en momentos de necesidad.
El que exista una comunicación buena.
La capacidad de comprender y sentirse comprendido.
El compartir información muy personal.
Es la manifestación del don, de la donación al otro de los sentimientos, del tiempo y la atención.
Una cuestión importante que está en el trasfondo de estas y otras manifestaciones es que su logro no es casi nunca espontáneo. Entregado a la dinámica estrictamente sentimental, a aquello que se desea hacer en cada momento, todas aquellas capacidades fluctúan, y no siempre están disponibles precisamente cuando hacen falta. En otras palabras, la capacidad para la intimidad, la acogida, el acompañamiento necesita imperiosamente de la voluntad, de la decisión racional autoimpuesta de actuar de dicha manera. Naturalmente este proceder necesario está en contradicción con la lógica del deseo.
Es cierto, sin embargo, que hay un motor poderoso del amor que va de la mano del deseo: la pasión, y esta es el segundo componente del triángulo de Sternberg. La pasión es definida como la activación emocional y bioquímica que lleva a la atracción física y la interacción sexual. La pasión aislada corresponde a la fase del enamoramiento y, pese a pueda durar mucho más tiempo, su tendencia es a decaer con los años, siendo esta bajada rápida en muchas ocasiones. Si el motivo único del vínculo ha sido la pasión, si no ha habido tiempo de construir la intimidad, el vínculo se hunde. La pasión hoy, además, tiene una fuerte competidora que crece desbocadamente: la cultura de masas y la capacidad de vehicular enormes cantidades de información. A lo largo de la vida adulta de un hombre o de una mujer se le ofrecen centenares de modelos del otro sexo. Si, además, como estudia Becker el coste de información para encontrar una nueva pareja, influenciado por los estímulos externos, es bajo, la predisposición a la ruptura en nombre de una expectativa pasional, acontece muy elevada. La pasión es una vía de acceso pero por sí sola no construye el edificio del vínculo estable. El factor que protege el vínculo, la llave de vuelta del arco que une la pasión que decrece con la intimidad que hace falta construir, es el compromiso. Es la decisión racional de amar a alguien y mantener el vínculo con él-ella por encima de las dificultades. Es la base para la responsabilidad social del vínculo, y lo que le da su carácter más trascendente en el sentido de la obligación querida de proyectarse a los otros.

Si la intimidad es la acogida del otro, el situar su bien por encima del propio deseo, y la pasión el mecanismo por el que el otro te satisface, el compromiso une a la pareja en dirección a los hijos y la sociedad. Seguramente dos de las expresiones que mejor lo definen son la de “siento responsabilidad por mi pareja”; “pese a que es una persona difícil sigo comprometido/a con nuestra relación”.
La exclusividad del deseo, el hecho de que haya logrado la condición de hiperbien, está en el fundamento del número de rupturas. El deseo hoy no se expresa por la vía de la privacidad elitista, como lo hacía el expresionismo romántico del s.XIX. Al contrario, reclama que la sociedad sea configurada de acuerdo con él por la vía de las leyes y la sanción legal. Bajo esta perspectiva la galería de combinaciones, de incertidumbres que implica el concepto de “nuevas familias” y las políticas que las promueven es casi infinita. Un reciente caso (julio 2006) en Austria lo ejemplifica: Betina Hoffman está casada legalmente con Sandra y tienen dos hijos de 10 y 12 años, pese a que en Austria no existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo es posible? Pues porque Betina cuando se casó hace unos años era en realidad Adolf. Pero Adolf-Betina llegó un buen día a la conclusión de que debía cambiar de sexo porque se sentía mujer, pero a la vez quería mantener el matrimonio con Sandra y continuar siendo padre de sus hijos. Resultado: pide que la ley asuma esta “nueva” modalidad de familia. Un transexual casado como hombre que ahora se considera una fémina y quiere continuar el matrimonio con su mujer y ser padre al mismo tiempo. Nadie le impide hacer todos estos cambios, ni vivir con los suyos y que lo consideren como quieran, mujer-padre, marido-mujer. Pero él no tiene suficiente con el ejercicio de su libertad. Quiere que la sociedad se modele –esto significa el reconocimiento legal– de acuerdo a su deseo. Este es el mismo enfoque que ha justificado los cambios en España y Cataluña. Estas modificaciones tan importantes están alterando la concepción que fundamenta la sociedad, de hecho ya se está produciendo la gran ruptura. Para medir sus consecuencias reales sería necesario construir modelos que integraran las diversas posibilidades, y permitieran expresar la dimensión cuantitativa.

No es sostenible para la sociedad la necesidad de envolver con leyes nuestros deseos sexuales y amorosos, la emotividad que nace del impulso. Se confunde la libertad actual de obrar en aquello que atañe a la propia vida, con el reconocimiento social de todo comportamiento con independencia de sus consecuencias. Esta metodología de gobierno es incompatible con la misma naturaleza de la sociedad. Desde el punto de vista del interés de la sociedad, es perfectamente legítimo y además bueno, “preferir el matrimonio que tiene hijos –especialmente cuando la sociedad envejece rápidamente, a cualquier clase de matrimonio que no los tenga. A menudo esta preferencia se refleja claramente en las políticas de impuestos y de concesión de permisos de paternidad. Se pueden preferir los matrimonios estables a los matrimonios en serie, especialmente cuando hay hijos involucrados -como queda reflejado en las leyes del divorcio (ciertamente no en España)-; o se puede preferir el matrimonio a la cohabitación” (6). Etzioni, porque de él son estas afirmaciones, da en el clavo en relación a este último punto señalando que “vistos los resultados de la búsqueda de Linda Waite no hay ningún buen motivo que lo justifique” (7), refiriéndose a la cohabitación.
La estrategia de la sanción legal como mecanismo para conquistar la “normalidad” de determinadas preferencias o pulsiones del deseo, por quererlas exhibir públicamente en lugar de mantenerlas en el ámbito privado en el ejercicio de la libertad personal, es lo que está en el fondo de estos planteamientos. El resultado desestabiliza a la sociedad y a su sistema económico.

La razón es única y básica. Malogra la infraestructura social que componen las instituciones insustituibles socialmente valiosas, concretamente las ligadas a la paternidad y la maternidad: si el matrimonio como vínculo fuerte y estable, ya no tiene como función singular la descendencia y el compromiso personal y social con su educación, si ya no es esto lo que señalan las leyes, la cuestión es clara: ¿cuál es entonces la institución social que tiene como finalidad fundamental esta misión?
Las transformaciones a las que las leyes nos abocan son colosales. La erosión del concepto de pareja estable comprometida ante la sociedad y con voluntad de descendencia, hace que el comportamiento de los individuos se vea substancialmente modificado, porque el marco de referencia básico e insustituible, matrimonio-padre–madre-hijos, se pierde. Ni la concepción sobre la que todavía funciona la sociedad, ni las categorías jurídicas sobre las que se asienta, son capaces de absorber esta mutación. Las nuevas leyes y medidas de gobierno trituran el derecho de familia y el sucesorio, y alteran la lógica empresarial que está implícita en esta cultura secular, perfilada, sobre todo, a partir de la revolución industrial. El desequilibrio se produce porque el sistema deja de ser progresivamente abierto, en el sentido de que la descendencia decrece en términos de extinción a muy largo plazo y ya no es el factor decisivo de la institución familiar. Porque lo que dota de apertura al sistema debido a las nuevas aportaciones es la descendencia. Cuando esta adición es débil, el resultado es el crecimiento de la entropía.

La entropía social.
La entropía es un proceso que se basa en la segunda ley de la termodinámica que plantea que la pérdida de energía en los sistemas aislados (sistemas que no tienen intercambio de energía con su medio) los lleva a la degradación, degeneración, desintegración y desaparición. Además, establece que la entropía en estos sistemas siempre es creciente, por lo cual un sistema tiende a consumirse, desorganizarse y morir. El uso de esta concepción, que procede de la Física, y su modelización se ha generalizado en el campo de las ciencias sociales, de manera especial en las ciencias de la información.

En el ámbito de la sociedad, la entropía, la degradación del sistema social, sería consecuencia de la incapacidad de renovarla demográficamente, debido a la baja natalidad. La implosión demográfica del Imperio Romano es un ejemplo de degradación hasta el colapso. La descendencia es el equivalente a la importación de flujos de energía en un sistema físico que genera entropía negativa, la neguentropía, fuerza opuesta al segundo principio de la termodinámica. En la medida en que el sistema es capaz de no utilizar toda la energía que importa del medio en el proceso de transformación, está ahorrando o acumulando un excedente que podría ser destinado a mantener o mejorar la organización del sistema. La vitalidad, también económica, tal y como veremos más adelante, está ligada a la perspectiva de la descendencia. La natalidad y su educación son los componentes neguentrópicos básicos, que se expresan en el ámbito de las ciencias sociales en términos de capital humano y capital social.

Hay un sustitutivo de la natalidad en términos teóricos. Es la inmigración, pero ésta a partir de un límite, genera una transformación tan profunda que hasta que la nueva sociedad no logra un estadio de equilibrio, se da una situación caótica o de conflicto: la implosión demográfica del Imperio Romano, y la sustitución creciente de población autóctona por inmigrada, las migraciones “bárbaras”, acabaron por colapsar la sociedad y sus instituciones. Las de carácter natural, matrimonio, familia, religión, se mantuvieron, pero las políticas quedaron destruidas por siempre más.

Las disfunciones que destruyen el modelo.
Es una evidencia que estamos ante una crisis demográfica. Para el periodo 2004-2050, España se situará a la cola de Europa en natalidad, pese a que crezca una décima su tasa. Continuaremos siendo el país menos natalista a lo largo de las próximas cuatro décadas, pese a que se logrará una ratio de 1,4 niños por mujer (8), mientras que el de la UE-25 será de 1,60. Al mismo tiempo, continuará creciendo la esperanza de vida que ya será de 81,7 años para los hombres (81,6 UE-25) y de 87,3 para las mujeres (86,6 UE-25). El resultado significa una tasa de envejecimiento brutal, insostenible, no en el año límite, sino mucho antes (9). Y también una previsión preocupante. En el marco de los 25 países de la Unión Europea, la evolución de nuestra esperanza de vida, que ha venido siendo líder, se deteriorará sensiblemente, porque crecerá menos que la de la mayoría de países. Para los hombres, nuestra progresión será de 5,1 años, por debajo de los 6,7 del conjunto de países de Europa. Para las mujeres el progreso será de 3,9 años, por 5,1 del conjunto europeo. Ya no estaremos al frente de los países que viven más años, sino que habremos pasado a las posiciones intermedias. Si la comparación la hiciéramos con los países de la UE-15, cosa por otro lado lógica, la pérdida todavía sería más radical y pasaríamos a los lugares de cola (10). Pese a estos hechos, las disfunciones que son su causa, merecen una escasa atención por parte de los gobernantes.

Hay un problema de fondo del todo evidente. Se ha alentado una cultura antinatalista particularmente fuerte tanto en el caso español como en el catalán. Nacen poco más de 1,36 hijos por mujer, mientras que en el año 1975 el número medio de hijos era de 2,8. La fuerza de esta concepción contraria a la natalidad la podemos constatar ante el hecho siguiente: la esterilización quirúrgica es un método irreversible, la forma más radical de evitar la descendencia. En el año 1995 optaron voluntariamente por ella como método anticonceptivo, un 28% de mujeres y hombres entre los 35 y los 39 años, y un 14,7%, entre los 30 y los 34 años (11). El porcentaje resulta muy alto comparado con los países de nuestro entorno europeo; en Francia, por ejemplo, sólo un 1,6%, y en Holanda un 1% de la población entre 30 y 34 años han optado por este sistema anticonceptivo. Hace apenas 10 años, y en este grupo de edad, el porcentaje de españoles esterilizados voluntariamente no superaba el 4%, mientras que en el grupo de edad entre los 35 y los 39 años se aproximaba al 7%. En ambos casos estaban integrados casi en su totalidad por mujeres. ¿Qué explica la “diferencia española”? En todo caso es un indicador de la intensidad del problema cultural sobre el que no existen datos actualizados para ver su evolución en el últimos años. "Esta reducción de la fecundidad, de un 57% en sólo dos décadas, ha ido acompañada de otras novedades en la formación de la familia y las relaciones familiares y está ocasionando rápidos cambios en la estructura de la población; sin embargo es de destacar que pese al bajo nivel de fecundidad actual, la mayoría de los entrevistados afirma que les gustaría tener dos hijos” (12). Un dato que coincide con el de otros estudios más recientes (13).

Por lo tanto, y pese a la raíz cultural del problema, hay margen para una intervención de los poderes públicos dirigida a la familia, para ayudarla en el objetivo de descendencia que ellas mismas se marquen. En este sentido, cabe subrayar la existencia de un conjunto de causas de naturaleza socioeconómica que dificultan la natalidad. Es el caso de los horarios y las jornadas de trabajo que hacen difícil la conciliación con la voluntad de tener descendencia, y que afecta en grado determinante a la mujer, la insuficiencia de los servicios que puedan contribuir al cuidado de los hijos pequeños como sucede con las guarderías. Pero la cuestión no finaliza en el déficit, ni siquiera en el coste. Además, los horarios y calendario lectivo con unas muy largas vacaciones crean dificultades a los padres. Actúan como factor disuasorio. Hay eventualidades no cubiertas, como el hecho lógico de que el niño enfermo no puede acudir a la guardería. ¿Quién se puede hacer cargo de él si los dos progenitores trabajan?. En el terreno laboral la política de fomento para impulsar a las empresas a otorgar facilidades a la maternidad y paternidad es muy exigua y, lo que todavía es más grave, hay empresas que practican políticas discriminatorias contra las mujeres embarazadas o que han sido madres.

El elevado peso de los contratos temporales, un 33% del total, una cifra que casi triplica la media europea, no alienta precisamente a tener hijos, como tampoco lo hacen los niveles salariales, sobre todo en aquella clase de contratos. El hecho de que el salario medio se mantenga prácticamente congelado en los últimos años, por efectos de la inflación, no contribuye precisamente a facilitar el matrimonio y la descendencia, como los precios de las viviendas, extraordinariamente altos. Existe también, hay que decirlo, un impulso consumista, que como mecanismo de vinculación débil actúa como un sucedáneo de las vinculaciones reales, y que convierte al hijo potencial en un competidor del cambio de coche, las vacaciones al Caribe, la segunda residencia, o simplemente un estándar de vida. En muchos casos actúa también la “trampa del doble sueldo”, por la cual el margen real de ganancia del hecho de que trabaje la pareja es reducido o inexistente, una vez descontados los costes de la falta de tiempo que llevan a la externalización del cuidado del hogar o bien el tipo de consumo que fuerza a hacer, especialmente en alimentación, generalmente de más coste y de menor adecuación dietética.

Una causa central de la baja natalidad es el retardo en la edad de tener hijos, agravado por la creciente inestabilidad de los matrimonios, que los hacen poco propensos a proyectos a largo plazo. A la vez este retraso retracta por flexibilidad al modelo, y en definitiva constituye una disfunción importante. También el aborto es ya una causa substancial de la crisis demográfica (14), así como el aumento de las parejas de hecho mucho menos natalistas que los matrimonios.
Junto con la baja natalidad, las dos otras disfunciones con significación son el aumento de las rupturas y el crecimiento de las parejas de hecho más allá de su impacto negativo sobre la descendencia.
La ruptura significa una quiebra en la estabilidad del modelo. Y aquí es obligado recordar una distinción básica. Una cosa es la libertad de las personas que se traduce en comportamientos concretos, y otra bien distinta es que todos los comportamientos sean generadores del mismo beneficio social. La ruptura, el divorcio, con independencia del daño personal que pueda ocasionar, no es deseable socialmente. La institución más importante que tiene la sociedad -junto con la maternidad y paternidad-, el matrimonio, es la única forma contractual que puede ser disuelta unilateralmente y sin alegar ninguna causa. Tampoco se dispone de recursos dirigidos a la conciliación, establecer periodos de reflexión y diálogo y, en último término, pactar la ruptura en las mejores condiciones personales y sociales posibles. Esta es otra diferencia con Europa donde el uso de la conciliación es importante y positivo (15).
Es cierto que España todavía presenta una tasa baja de divorcios, el 0,9 por 1000 habitantes en el 2002, la mitad que en la UE, si bien Cataluña logra un número más elevado, 1.1, pero también lo es que, como en otros parámetros relacionados con las disfunciones sociales, crecen a ritmos muy rápidos en los últimos años. En este sentido, la nueva ley sobre el divorcio ha tenido unos efectos inmediatos muy contundentes. En el 2005, primer año de vigencia, se llevaron a término más de 83 mil divorcios en España, cosa que significa un aumento sobre el año anterior del 75,5%. En Cataluña fueron casi 17 mil, con un aumento del 63%.

El número de divorcios aumentó considerablemente en todas las comunidades autónomas en el año 2005, mientras que las separaciones descendieron tras la entrada en vigor de la nueva ley. Castilla La Mancha fue la comunidad donde se produjo un mayor aumento de divorcios, un 110,5% de incremento respecto el año anterior, seguida de Navarra (102,7%) y La Rioja (96,5%), según los datos recogidos en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por encima de la media española de incremento, del 76,5%, se situaron Extremadura (89,6%), Andalucía (84,5%), C. Valenciana (83,8%), Cantabria (83,7%), País Vasco (83,6%), Galicia (81,7%), Aragón (81,4%) y Castilla León (79,8%). Con respecto al número total de divorcios en 2005, Cataluña fue la comunidad con más rupturas: 16.923. Tras ella, Andalucía y Madrid con 14.294 y 11.911, respectivamente. La media española se situó en algo más de siete divorcios por cada separación. Estos datos contrastan con los de unos años antes, cuando la media era de 0,6 divorcios por cada separación, cifra en torno a la cual se encontraban todas las CCAA. El siguiente cuadro recoge por comunidades autónomas el número de separaciones y divorcios registrados en el 2005, así como la variación porcentual respecto el año anterior. Las dos últimas columnas muestran la relación entre divorcios y separaciones en el último trimestre de 2004 y en el mismo periodo de 2005.

Tabla 6
Divorcios por Comunidad Autónoma. (Fuente: CGPJ).

El principio del periodo de separación antes del divorcio obedecía a una idea positiva: la posibilidad de rehacer el vínculo y verificar la fuerza irresistible de la ruptura. A diferencia de otras cuestiones sociales y pese a la importancia para la sociedad de los matrimonios estables, los poderes públicos nunca dedicaron atención alguna a potenciar la utilidad social de la separación previa, hasta que han tomado la decisión más extrema y jurídicamente insólita: eliminarla. La posibilidad de establecer asesoramientos y ayudas para la recuperación del vínculo no ha sido implantada. Los poderes públicos españoles sufren de una extraña y antisocial asimetría: todos sus esfuerzos los concentran en propiciar la ruptura y judicializar la relación conyugal, y no dedican ninguna atención a fomentar la reconstitución y la mediación. Más aún: la prohíben de manera expresa en caso de conflicto. Como un efecto de la ideología imperante, que considera que la sostenibilidad es deseable en todo menos en el matrimonio, la ruptura es vista como un hecho de progreso y, en este caso, la idea de reconciliación y negociación no tiene ningún papel.

Y esto pese a que la norma jurídica del divorcio tiene un poderoso efecto social. Weitzman (16) escribe que “las nuevas leyes del divorcio modifican la visión legal tradicional del matrimonio como sociedad conyugal, premiando el hito individual antes que la inversión en la sociedad de la familia. Contraría la visión tradicional de un futuro financiero común dentro del matrimonio. Los estándares para el divorcio sin culpa y las nuevas reglas de pensión alimentaria, propiedad, custodia, y cuidado del niño, conducen a una nueva visión de independencia para el esposo y la esposa en el matrimonio. Adicionalmente, las nuevas leyes confieren ventajas económicas a los esposos que invierten en ellos a expensas de su sociedad conyugal”.

Como en toda relación contractual, hay una estrecha relación entre la importancia del contrato y la dificultad para dejarlo sin efecto. En el caso español, la nueva ley aprobada en el 2005 y que sustituye la del 1985, reduce las causas de la resolución a cero. Al desaparecer la separación, esto es, el periodo social de verificación y reconciliación, y no necesitar la alegación de ninguna razón para romperlo, se ha convertido en el único tipo de contrato que no necesita justificación para su ruptura. La concepción contractual del matrimonio, entre los cónyuges, ante la sociedad y para la protección de los hijos, ha desaparecido en el caso español que, subrayémoslo, es único en el mundo, si exceptuamos el repudio islámico, con el que la nueva legislación española presenta una identificación, como lo hizo patente en su día el informe del Consejo General del Poder Judicial, sobre el Proyecto de Ley.

El divorcio tiene numerosas consecuencias. Estamos ante un proceso que se retroalimenta en dos dimensiones temporales diferentes. Una es el actual número de rupturas. La otra son sus efectos diferidos. En los Estados Unidos, donde el divorcio es una fuente continuada de estudios, se ha observado que durante los primeros cinco años de matrimonio la probabilidad de divorcio para una pareja donde los cónyuges ya estuvieron casados es un 50% superior que para una formada por personas que se casan por primera vez. Y es que también en el matrimonio y el divorcio funcionan los mecanismos de decisión racional. Como señala Gary Becker, premio Nobel en Economía: “Si cuando están casados pudieran seguir buscando información sobre otros cónyuges de una manera tan barata como cuando están solteros, y si los matrimonios pudieran disolverse sin costes significativamente elevados, los participantes en los mercados matrimoniales se casarían con el primer cónyuge mínimamente adecuado que encontraran, a sabiendas de que ganarían aunque el matrimonio no fuera el óptimo. Además, continuarán la búsqueda mientras permanecen casados” (17).

La política de los poderes públicos en España tiende precisamente a acentuar los aspectos que incentivan la sustitución de la pareja, a la búsqueda del cónyuge “mínimamente” adecuado en lugar de propiciar lo contrario. Una vez entrado en este circuito, las rupturas se acentúan porque esta práctica es más acusada entre quienes la han utilizado con anterioridad. Esto explica el mayor número de rupturas entre los divorciados que se vuelven a casar y los hijos de las parejas divorciadas (18).
Las situaciones de ruptura también son la causa objetiva básica que explica el incremento de los feminicidios de pareja y está estrechamente relacionada con las otras dos; el tratarse de una pareja de hecho, y el pertenecer a la inmigración de familias desestructuradas (19). Mientras que el feminicidio realizado en el marco del matrimonio ha fluctuado sin grandes alzas (1999-2003), en torno a los 0,3 casos por 10 mil uniones (oscilando entre un máximo de 0,39 y un mínimo de 0,3), en las parejas de hecho han registrado una evolución creciente de 1,79 a 4,21. De forma que en el 2003 la relación era más de diez veces superior. En los seis primeros meses de 2006 se han producido casi 30 mil denuncias de violencia contra la mujer (29.835) (20). Una tercera parte de las denuncias corresponden a situaciones de ruptura. También la pareja o ex pareja de hecho tiene un papel extraordinario, 13.918 casos, por 13.862 de matrimonios y ex matrimonios, proporción que evidentemente no tiene correlación con el porcentaje de parejas de hecho sobre el total de matrimonios en la sociedad. Cabe apuntar que también hay denuncias de hombres, pero son mucho menos numerosas, en proporciones en torno a 1:7.

La cohabitación, que es vista como un hecho socialmente inocuo tiene, en realidad, consecuencias negativas que hay que reseñar. Una ya ha sido apuntada: su prevalencia en los homicidios y violencia contra la mujer.
Los estudios constatan cómo es la disfunción más activa en la erosión sobre el matrimonio. Las previsiones inglesas son que para el 2030 la mitad de las personas que estarán en la cuarentena no habrán contraído matrimonio (21). Lo que impactará negativamente sobre la educación de los hijos no será ya el divorcio sino la cohabitación y su propensión a la ruptura. Muchas mujeres de cuarenta y cincuenta años vivirán solas, mientras que otras tendrán hijos a su cargo, con la facilidad ya lo suficientemente conocida de caer en una situación de pobreza. Un factor que se unirá a la ya difícil situación provocada por el envejecimiento de la población será el número creciente de personas mayores que vivirán solas, y tendrán una mayor dependencia de la asistencia pública. Un gran número de estudios (22) señalan que la cohabitación previa al matrimonio dispara el número de divorcios. Por lo tanto hay una dinámica multiplicadora de la ruptura en el modelo: “divorcios-más frecuencia de rupturas entre parejas procedentes de divorcio e hijos de familias divorciadas-aumento de la cohabitación–incremento de los divorcios”. Es un modelo que tiende a hacer crecer la entropía social que sólo puede ser compensada mediante más recursos económicos. Así la preponderancia de la cohabitación y otras disfunciones en los países nórdicos es compensada por la existencia de una mayor productividad y elevados impuestos. Esta situación permite lograr costes sociales más altos por la vía de los presupuestos públicos, para compensar aquellas disfunciones. Pero es una situación insostenible a largo plazo, dado que el saldo vital neto de cada nacimiento actual al final de su vida es negativo.

También en el caso de España es posible evidenciar que la cohabitación antes del matrimonio da peores resultados que la opción de casarse directamente. Según la Encuesta sobre Fecundidad y Familia realizada en el 1995 entre nacidos a finales de los años sesenta, sólo el 3,7% de los que se casaron directamente se habían divorciado tras cinco años, mientras que la cifra aumentaba hasta el 26% entre los que primero practicaron la cohabitación.
Al apuntar estos problemas no se pretende obviamente sugerir limitaciones en la libertad de elección privada, sino de propugnar políticas públicas que fomenten la estabilidad matrimonial ligada a la natalidad.

Un reciente e interesante libro «The Meaning of Marriage: Family, State, Market, and Morals» («El significado del matrimonio: familia, Estado, mercado y moral», Spence Publishing) ha sido editado por Robert P. George y Jean Bethke Elshtain, profesores de la Universidad de Princeton y de la Universidad de Chicago, respectivamente, y reitera una tesis que debería ser obvia: la alteración de la institución del matrimonio tendrá consecuencias negativas importantes. En todas las sociedades analizadas existe alguna forma de matrimonio, comenta en su capítulo el filósofo inglés Roger Scruton. No sólo ocupa un papel vital en el traspaso del trabajo de una generación a otra, sino que también protege y tiene cuidado de los hijos, es una forma de cooperación social y económica, y regula la actividad sexual.

El modelo insustituible socialmente valioso.
Lo que históricamente y jurídicamente se ha denominado matrimonio y familia responde a un modelo muy concreto. Es el formado por un hombre y una mujer con vocación de permanencia, establecida en un pacto con fuerza jurídica, de naturaleza religiosa o civil. Esta unión expresa, por lo tanto, una vinculación fuerte personal y pública, ordenada por su misma naturaleza al bien del cónyuge y de la descendencia.
Esto hace que las características básicas que debe reunir la institución para ser socialmente valiosa puedan resumirme en los términos siguientes:

a. Pareja dotada de complementariedad genotípica y fenotípica.
b. Que tiene descendencia -si las limitaciones naturales no lo impiden- en número de como mínimo dos hijos; entre dos y cuatro de promedio para enmendar las disminuciones por soltería e infertilidad.
c. Que se mantiene unida para el cuidado mutuo, y también lo tiene de los predecesores; una posibilidad, atención, también facilitada por el número de hermanos.
d. Que mantiene la unidad familiar y el cuidado conjunto de los hijos a lo largo de la edad básica formativa de éstos; en el peor de los casos, unos 15 años desde el inicio de la primaria.
e. Está preparada para asumir que su tarea primordial es la educación de los hijos. Esta formación que es sobre todo por la vía del testimonio y el ejemplo, más que del discurso, pasa porque el matrimonio ejerza roles abiertos en la sociedad: formación, trabajo, participación en las redes sociales, y ejercicio de la responsabilidad social.
Para que todo esto se produzca es necesario un fundamento de confianza y de donación gratuita.
Este tipo de vínculo responde a una concepción antropológica del ser humano. Es el único que se ha mostrado a lo largo de la historia capacitado para desarrollar la sociedad tal y como la conocemos, y también el único que ha perdurado. Pueden apuntarse formas diferentes, pero precisamente su extinción o el situarse en los márgenes más extremos de la sociedad es la más clara constatación de su inadecuación. El matrimonio entre hombre y mujer, la voluntad de descendencia, y una atención no obsesiva por su desarrollo, son las constantes más generalizadas, de valor universal. A la vez todas ellas están relacionadas con la concepción y sistema de valores que han hecho posible la organización económica fundamentada en un tejido empresarial concreto, la perspectiva del largo plazo, la educación de los hijos y el estado del bienestar. Estamos donde estamos a nivel de desarrollo, convivencia y bienestar porque nuestra sociedad se estructuró de una manera precisa: el matrimonio y la familia descrita. Es la única que nos garantiza los beneficios sociales logrados.

Tanto es así que existe una conciencia social positiva sobre ella y una actitud crítica hacia sus disfunciones, pese a las presiones legales y mediáticas que operan en sentido contrario: en el Estudio núm. 2.568 del CIS. Barómetro de junio 2004, ante la pregunta 9, sobre la valoración respecto a diversos hechos que han acaecido en la sociedad española durante los últimos años: “El aumento de las parejas que viven juntas sin estar casadas; el aumento del
número de hijos de mujeres solteras o de parejas no casadas; el aumento del número de parejas que deciden no tener hijos; el aumento del número de divorcios; y el aumento del número de personas que viven solas” (23).
No llegaban a la mitad las respuestas que hacían una valoración positiva o muy positiva, (el 47%), del aumento de las parejas de hecho. En el mismo sentido de afirmaciones positivas, poco más de una cuarta parte, el 26.9% en relación al aumento de hijos de mujeres solteras o parejas no casadas (de donde resulta que la pareja de hecho no se considera un ámbito idóneo para tener y criar a los hijos). Todavía menos valorado, sólo un 17.7% el aumento del número de divorcios, y un exiguo 13.9% valoraba positivamente el aumento de parejas que deciden no tener hijos.
El modelo que dibujan los ciudadanos en sus respuestas es que los hijos deben venir, y en un número superior al que lo hacen ahora, y que el matrimonio debe ser estable. Admite con muchas reservas a la pareja de hecho, pero no como un ámbito adecuado para tener hijos. No le gustan las parejas que deciden no tenerlos. Tampoco considera a la familia monoparental un ámbito idóneo para educar a los hijos, ni en su expresión de “madre soltera”, ni como producto de un divorcio.

Tabla 7
Pregunta 9: respecto a cada uno de los hechos que han tenido lugar en la sociedad española durante los últimos años, me gustaría que dijese si lo considera muy positivo, positivo, negativo o muy negativo.

Por qué es tan necesario el modelo de matrimonio sostenible.
El valor decisivo del matrimonio y su despliegue familiar por la vía de la descendencia y las relaciones de parentesco se hace evidente cuando se reflexiona sobre la naturaleza de la sociedad. Una definición clásica de esta sociedad podría ser la de Fichter: “Colectividad organizada de personas que habitan en un territorio común, que cooperan en grupo en la satisfacción de las necesidades fundamentales, compartiendo una cultura común y funcionando como unidad social distinta”. En definitiva, personas e instituciones sociales, las nacidas de la relación entre ellas. No es, por lo tanto, un bloque homogéneo sino una realidad diversa formada por un conjunto de personas.

Una multitud se podría decir. Pero, ¿podemos decir que la multitud es quien configura la sociedad? La respuesta evidente es que no. Está compuesta por personas pero no son ellas las que estructuran el tejido de interrelaciones que denominamos sociedad y que hacen posible su funcionamiento. Quien lleva a término esta función son determinadas instituciones, y por esto son consideradas insustituibles y socialmente valiosas (IISV). Su especificidad radica en el hecho de que son previas al Estado y funcionan con independencia de él. El Estado puede desaparecer o transformarse radicalmente y las instituciones socialmente valiosas permanecer inalteradas. Polonia desapareció como Estado a lo largo de dos siglos pero esto no incidió sobre sus instituciones socialmente valiosas e insustituibles. La URSS estalló y dio lugar a diversos y diferentes Estados a un ritmo acelerado con el mismo resultado.
Otra característica es que tienen consecuencias sobre el conjunto de la sociedad y no sólo sobre quienes están directamente vinculados a ellas. El resultado es que sin este tipo de instituciones, la sociedad, al menos tal y como la conocemos, no es que no pueda existir, es que ni siquiera resulta imaginable. Esta inimagibilidad pone de relieve una concepción teórica y práctica en la política y cultura del país, ciertamente sorprendente. Opera los cambios, actúa en el modelo sostenible bajo el implícito que éste, pese a todas las adversidades, continuará funcionando. Esta forma de razonar obviamente es absurda, tanto con respecto a la concepción, como a los resultados. No se puede estar contra una realidad, actuando contra ella, y al mismo tiempo, pretender que continúe constituyendo el fundamento de la sociedad. No es responsable pensar que unas instituciones que sufren tantas disfunciones a un ritmo creciente, se mantendrán inalteradas. Y la evidencia es, en este sentido, acaparadora. Cada vez más las instituciones socialmente valiosas funcionan, en relación a sus objetivos, con peores resultados. Pero lo más que se ofrece ante esta realidad son políticas de evasión.

Estas instituciones que merecen el calificativo de ser valiosas para todos y de no poder ser reemplazadas por ningunas otras pueden ordenarse en tres niveles diferentes. La institución fundamental de la sociedad es el matrimonio. Él es la única IISV que tiene la capacidad primaria básica de generar descendencia y prepararla, conducirla –esto es, educarla– para su mejor participación en la sociedad. Por lo tanto, la sociedad depende de esta fuente primaria en exclusiva. No hay ninguna otra capaz de realizar esta doble función, como lo constata la historia con los diversos intentos de sustitución por parte del poder. Desde Esparta en la Grecia clásica, a Israel y la URSS en el siglo pasado, ha habido intentos de varias clases, siempre marginales y fallidos, de sustituir el matrimonio en su doble función. Históricamente el matrimonio se justifica y explica, no porque sea un vínculo personal y a la vez social que liga el sentimiento de dos personas, su atracción mutua –el matrimonio por amor es un hecho recentísimo incluso en la sociedad occidental (24)–, como por su capacidad de dar paso a las instituciones de la paternidad, maternidad, filiación y fraternidad, por la vía de la descendencia. El matrimonio es jurídicamente un contrato y, como tal, con derechos y deberes recíprocos –hecho que la ley del divorcio española ha dejado en gran medida sin efecto–, que tiene la finalidad social de fijar las relaciones estables entre un hombre y una mujer con vistas a la procreación. Su fijación jurídica, el interés por estabilizarlo y darle un trato especial que no tenían otras relaciones amatorias, pese a estar reconocidas por la sociedad, era exactamente la descendencia. Si este hecho no define la naturaleza del matrimonio, ya no es la causa necesaria, entonces el matrimonio como institución fundamental de la sociedad deja de existir aunque se le mantenga el nombre.

Para que su función se realice es necesaria la complementariedad genotípica y fenotípica, expresada por la relación hombre-mujer, la única con capacidad de generar descendencia. Y hacerlo, o estar en condiciones, en una proporción suficiente para superar o igualar la tasa de reposición de 2,1 hijos por mujer. Esta condición se incumple en Europa y de manera especialmente crítica en Cataluña y España, que presentan una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, sólo superadas por Japón y ligeramente por debajo del caso italiano.
La capacidad histórica del matrimonio acontecido familia, una variable vinculada al progreso técnico y por lo tanto a la productividad total, unido a la conciencia social, es lo que ha hecho posible el estado del bienestar en Europa, una de sus especificidades de vocación universal más positivas. Como dijo el primer cabeza de gobierno de la Alemania Federal, tras la II Guerra Mundial, Konrad Adenauer, cuando su ministro de economía Ehard le cuestionaba las generosas prestaciones del régimen de pensiones: “Las familias siempre tendrán hijos”. Sobre esta sencilla y aparentemente eterna evidencia se ha construido el estado del bienestar. Ninguna otra condición la hace posible. Esto explica porqué, transcurrido poco más de medio siglo desde aquella frase, la certeza se ha esfumado y el estado del bienestar ha entrado en crisis, bien porque no ha crecido tanto como para hacer frente a las disfunciones de las instituciones insustituibles socialmente valiosas, bien porque la natalidad es tan baja que no permite sostenerlo.

La segunda cuestión necesaria que aporta el matrimonio es la educación para la socialización. En este caso, la experiencia histórica es también determinante. La función más eficaz en relación a esta finalidad es el matrimonio real dotado de estabilidad. Sólo la complementariedad entre el hombre y la mujer y el mantenimiento del vínculo a lo largo del proceso educativo, garantizan las condiciones adecuadas para la educación, que no siempre funcionan suficientemente bien. El matrimonio estable no es que sea el mejor modelo, es mucho más que esto: es el único que aporta resultados. Del mismo modo que la democracia, el matrimonio estable es “el peor de todos los sistemas, descontados todos los demás”. Su eficacia no es la del 100% y como en toda acción humana se pueden observar fallidas, pero es estadísticamente el único y además autorregulable, porque el error es la excepción y aprende en secuencia histórica de sus quiebras sistemáticas, como puede observarse por ejemplo, en la evolución de Inglaterra en el periodo comprendido entre el s.XVII y el s.XIX, o en Estados Unidos desde la década de los años noventa del siglo pasado. Por esto nuestra sociedad es como es, y con todos sus defectos ha conseguido una cota de bienestar, productividad, y justicia nunca vistas: por la consolidación y extensión de la figura del matrimonio altamente vinculado con una descendencia que supera la tasa de reposición compatible con una educación, que por otro lado ha sido creciente.
Y a la inversa, las sociedades donde el matrimonio no ha dado lugar a una estructura claramente delimitada y hegemónica con la función prioritaria por parte del hombre y la mujer de educar a la descendencia, la sociedad no acaba de encontrar la vía para su desarrollo.

Las dificultades del África negra para encontrar una vía propia al crecimiento económico y la prosperidad que son de naturaleza diferente, tienen en esta causa uno de sus componentes destacados. No es la única, obviamente, pero sí que tiene significación (25).
La extensión de la instrucción por parte de los Estados, ha acontecido posible porque previamente la natalidad, la estabilidad social y el progreso económico han construido el excedente económico necesario. Sin esto, la enseñanza obligatoria, como la pensión de jubilación y tantas otras cosas no hubieran estado al alcance. Sólo una confusión monstruosa, que parte del a priori de que el Estado es productivo en sí mismo y capaz de suplir la estabilidad de la sociedad, puede pasar por alto aquella evidencia histórica. Y precisamente aquella institución insustituible que ha hecho posible el estado del bienestar y la prosperidad económica es la que ahora está en cuestión por la vía de la desnaturalización. Es a partir del matrimonio que se desarrolla la estructura primaria de la sociedad: por una parte y decisiva, la descendencia, pero también la articulación con los ascendentes que configuran otros matrimonios y los vínculos colaterales, estableciendo la familia y el parentesco.

La sociedad es una red de familias emparentadas, unidas por núcleos vinculantes formados por la institución familiar y las otras instituciones determinantes de la paternidad y maternidad. Todo ser humano surge de esta dualidad complementaria fuertemente vinculada. Este es el marco natural, biológico y cultural sobre el que se construye el proceso del ser persona, la personalización. Cuando éste se rompe, se producen daños en aquel proceso al formarse disfunciones sociales. La correlación entre tasa de delincuencia y la ausencia de la figura paterna del hogar, o el fracaso escolar y los matrimonios desestructurados son algunos ejemplos bien conocidos, entre muchos de los posibles.
Aquella infraestructura social es tan importante que cuando se producen determinadas condiciones que la hacen inviable el Estado asume una función subsidiaria e intermediaria de carácter temporal, dirigida a dar al niño un nuevo vínculo de maternidad y paternidad: es la adopción. El Estado en este proceso substitutorio ha sido tan consciente de la finalidad del mismo y de sus propias limitaciones, que siempre ha visto su rol como temporal y cuanto más breve mejor, centrando todo en el esfuerzo por encontrar la mejor sustitución de la institución perdida: un matrimonio como solución general; un pariente en casos particulares. También esta actividad substitutoria se ha visto modificada en el caso de España y Cataluña, como antes en Holanda. Hasta ahora, el único depositario de todo el derecho era el niño a adoptar. Fuera de casos excepcionales, la adopción siempre se ha relacionado con el hecho de proporcionar un nuevo padre y una nueva madre. Esto ha sido así hasta que la nueva legislación ha supeditado los derechos del niño a la subjetividad de intereses del adoptante, permitiendo la adopción a parejas del mismo sexo y a parejas no casadas, esto es, no dotadas de un compromiso contractual entre ellas y la sociedad. Es una contradicción digna de reflexión, que una sociedad que se reclama amante de todo lo que es “natural”, rechace este principio en relación a su propia especie: el único nido natural del niño es el padre y la madre. Como también es una anomalía que el discurso sobre la necesidad de promover la sostenibilidad, o en otro orden de cosas, la conciliación, tenga como única excepción radical el matrimonio. En este caso, se celebra el divorcio como un indicador de progreso, como manifestación de una sociedad más “evolucionada” y se facilita al máximo la ruptura. Hay mucho de irracional en esta guía que impregna toda nuestra sociedad.

Notas
1. En Holanda, desde abril del 2001 hasta el 31 de diciembre del 2005 se habían casado 8127 parejas homosexuales. En Bélgica donde la ley es de junio del 2003, hasta finales del 2004 la cifra de casados fue de 2204. En Québec, donde es posible el matrimonio homosexual desde marzo del 2004, ha sido de 574.
2. Josep Miró i Ardèvol, Oriol Molas, Estudio sobre el capital social en Cataluña. Instituto de Estudios del Capital Social. CIDE. Universitat Abat Oliba CEU. Barcelona, 2006.
3. Josep Miró i Ardèvol ob. Cit.
4. Fundación BBVA. Unidad de Estudios de Opinión Pública. Estudio Internacional sobre Capital Social. Abril 2006.
5. J.M. Servitje i Roca. “El model danès en l’Estat del Benestar”, en “Estudi de l’estat del benestar als Països Escandinaus”. Centre d’Estudis Jordi Pujol. Barcelona, 2006.
6. Amitai Etzioni, en Via O1 Revista del Centro de Estudios Jordi Pujol, 2005.
7. The Negative Effects of Cohabitation, en The Responsive Community 10.
8. The Impact of Ageing on Public Expenditure: Projections for the EU25 Member States on Pensions, Health Care, Longterm Care, Education and Unemployment Transfers (2004-2050). Economic Policy Committee and the European Commission (DG ECFIN). 2006.
9. Ob cit
10. Ob cit
11. Margarita Delgado y Teresa Castro, Fecundidad y Familia. CIS y CSIC.
12. Ob cit.
13. Ob cit.
14. Margarita Delgado, La evolución reciente de la fecundidad y el embarazo en España: la influencia del aborto. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Julio-Septiembre, 1999.
15. Los índices de acuerdos en Europa llegan a ser de casi un 80%. Entrevista a Maria Sanahuja, juez decana de Barcelona. El País, 3 de septiembre, 2006.
16. Weitzman (1985), The Divorce Revolution. The Unexpected Social and Economic Consequences for Women and Children in America, The Free Press, Collier Macmillan Publishers, London, págs. 374-376.
17. Becker, G. (1987), Tratado sobre la Familia, pág. 286.
18. Universidad de los Andes. Instituto de Ciencias de la Familia. Informe sobre el divorcio, 2002.
19. Josep Miró i Ardèvol, Estudio de las causas objetivas del Feminicidio de pareja. Instituto de Estudios del Capital Social. CIDE Universitat Abat Oliba. Barcelona, 2005.
20. Instituto de la Mujer. Informe sobre el primer semestre 2006.
21. Centre for Policy Studies. Octubre, 2005.
22. Véase, por ejemplo, Population Trends. Septiembre 2005 GB; Análisis del Informe Nacional sobre Familia y Hogares 1987-88 Larry Bumpass y James A. Swuet Universidad de Wiscosin. Canadian Social Trends 2000 A, Milan; Le Bourdais et al. Informe sobre las Familias. Deutscher Institute, 2000.
23. Taba 7
24. David I. Kertzer y Marzio Barbagli (compiladores), La vida familiar a principios de la era moderna (1500-1789). Ed. Paidós. Barcelona, 2002.
25. El caso de Estados Unidos permite una comparación más precisa. La población inmigrada hispana presenta una dinámica social y económica mocho más positiva (renta, titulaciones, índice de delincuencia) que la colectividad negra, en principio mucho más integrada en el país. Una de las causas básicas radica en la fuerza de la familia y el parentesco en el primer caso, y la importancia de los matrimonios desestructurados , madres solteras e hijos nacidos fuera del matrimonio, en el segundo.

Instituto de Estudios del Capital Social (INCAS)
Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDE).
Universitat Abat Oliba CEU