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Argumentos de fondo / Matrimonio

La importancia decisiva del matrimonio, la paternidad, la maternidad y el parentesco, para el estado del bienestar y el crecimiento económico. III

Dirigido por Josep Miró i Ardèvol.
Director del CIDE-INCAS.
Con la colaboración de: Jordi Garcia y Carme Català

Una cuestión de lenguaje.
La ideología de género, para imponer su marco de referencia, debe dar un nuevo sentido al lenguaje. Los nuevos significados ayudan a comprender la naturaleza de la concepción:
-Hegemonía o hegemónico: Ideas o conceptos aceptados universalmente como naturales, pero que en realidad son construcciones sociales. La diferenciación sexual como reguladora del comportamiento sería una de ellas.
-Deconstrucción: La tarea de denunciar las ideas y el lenguaje hegemónico con el fin de persuadir a la gente de que sus percepciones son construcciones sociales.
-Patriarcado, Patriarcal: Institucionalización del control masculino sobre la mujer, los hijos y la sociedad, que perpetúa la posición subordinada de la mujer.
-Perversidad polimorfa; sexualmente polimorfa. Los hombres y las mujeres no sienten atracción por personas del sexo contrario por naturaleza, sino más bien por un condicionamiento de la sociedad. En realidad el deseo sexual se puede dirigir a cualquier persona.

-Heterosexualidad obligatoria: se fuerza a las personas a pensar que el mundo está dividido en dos sexos que se atraen sexualmente el uno al otro.
-Preferencia u orientación sexual: Existen varias formas de sexualidad, que incluyen homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y travestidos como equivalentes a la heterosexualidad.
-Homofobia: Temor a relaciones sexuales con personas del mismo sexo; personas con prejuicios contra los homosexuales.
Estas concepciones, y otras, forman parte de la implicación del lenguaje en una verdadera redefinición del ser humano. Progresivamente, una parte importante del movimiento feminista, pero evidentemente no todo, ha sido arrastrado a esta nueva posición que poco tiene que ver con el presupuesto de la lucha por la igualdad en la diferencia. La idea de fondo es inherente a la lógica del género: la teoría feminista ya no puede permitirse el lujo de proclamar una tolerancia del 'lesbianismo' como 'estilo alternativo de vida', sino que hace falta una crítica feminista de la orientación heterosexual obligatoria de la mujer.
Hay que subrayar las diferencias del feminismo de género y el feminismo. Este último responde a la creencia en la igualdad legal y moral de los sexos. Una feminista de la equidad quiere para la mujer lo que quiere para todos: trato justo, ausencia de discriminación. Por el contrario, el feminismo de 'género' es una ideología que, a imitación del marxismo, se declara autoexplicativo y omnicomprensivo de la sociedad y la historia, sostiene que la mujer está presa en un sistema patriarcal opresivo, y deriva en la práctica política en un movimiento antihombre (45). La fracasada ley española de Protección Integral contra la Violencia donde la condición masculina está discriminada, y la conciliación expresamente prohibida, es un ejemplo de ello.

La relación entre marxismo y perspectiva de género.
Hay una clara vinculación entre el marxismo y la ideología de género. Esta cómo hemos visto, pretende sobre todo intentar amalgamar parte del pensamiento freudiano con la interpretación marxista. De hecho es uno de los dos fundadores, Engels quien en "El Origen de la Familia, Propiedad y el Estado" (46) señala: “El primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por otra, con la del sexo femenino por el masculino”. En realidad, la obra trata muy poco a la familia y mucho a la “gens” antigua (de la mano de los iroqueses, griegos, romanos y germánicos como contrapuesta a la familia coetánea) y en unos términos más bien de añoranza de aquel pasado, reaccionarios podríamos decir, al hilo de cómo desarrolla y concluye el libro, citando “Será un renacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas gens, pero bajo una forma superior”. (Morgan, "La Sociedad Antigua", pág. 552). Pero del mismo modo que Freud, leído completo no servía para inspirar “la liberación sexual”, Engels tampoco desarrolla más allá de un embrión de relación entre sexo, familia y clase. Pero esto en realidad no importa demasiado.

Es cierto que el marxismo consideraba que el sistema de clases desaparecería cuando se eliminaran la propiedad privada, se facilitara el divorcio, se aceptara la ilegitimidad, y se forzara la entrada de la mujer en el mercado laboral, se colocara a los niños en institutos y se eliminara la religión. Pero estos planteamientos que el anarquismo mantuvo en su literalidad serían en parte, progresivamente, modificados por el sistema soviético, hasta encadenar con una nueva “moralidad victoriana”, que condenaba la ilegitimidad, y castigaba con dureza la homosexualidad, como todavía muestran los regímenes cubano y chino. La diferencia de fondo entre el prácticamente extinguido marxismo y la ideología de género, radica en que para esta última es sobre el matrimonio, la familia, la escuela y la Iglesia donde hace falta centrar la acción de “deconstruir”, porque en ellas radica la razón objetiva de la existencia de las clases, y no en el modus de producción, que es una segunda derivada de ellas. Se da una inversión del planteamiento marxista. Su fracaso es visto, en último término, desde la perspectiva de género, como un error en las prioridades, como una subvaloración de la lucha contra la familia que denominan patriarcal, pero que en realidad describe a la familia estándar coetánea. La revolución sexual abre la puerta a la revolución social y económica y no a la inversa. Una vez más nos encontramos con la constatación de que los cambios que se producen en Europa y de manera particular en España, tienen una finalidad objetiva política y económica contra el sistema imperante, con independencia del discurso oficial. Lo que no está claro es que conduzcan a un modelo alternativo bien definido. En aquel sentido, la feminista Shulamith Firestone, otra teórica radical norteamericana como Butler –canadiense en este caso–, afirma la necesidad de destruir la diferencia de clases a partir de eliminar la diferencia de sexos (47), y en un obvio mimetismo marxista, el eliminación de las clases sexuales. Pide que la clase subyugada (las mujeres) se levanten en revolución y se apoderen del control de la (re)producción y de esta manera se otorgue a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos, así como el control femenino de la fertilidad humana, incluido el uso de las nuevas tecnologías. La meta definitiva de la revolución feminista debe ser -a diferencia del movimiento feminista por equiparación- no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción de sexos: “las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarían culturalmente". Yendo más allá, a partir de esta línea afirma que aquello “natural” no es necesariamente un valor humano. Hay en esta concepción dos constantes. Una es la relación entre modificación del sistema económico y perspectiva de género, la otra la vocación de separar radicalmente el hecho natural, la biología, de la condición femenina. Ann Ferguson (48) considera que las feministas deben encontrar la manera de apoyar que la mujer identifique sus intereses como mujer, antes que sus deberes personales para con el hombre en el contexto de la familia. Esta es la cultura que se persigue implantar.

La perspectiva de género considera claves unas áreas concretas (49):
-Reclamar apoyo económico oficial para los derechos reproductivos, que incorpora al aborto como uno de dichos derechos.
-Reclamar libertad sexual, que incluye el derecho a la preferencia sexual debe traducirse en términos de derechos homosexuales, bisexuales, transexuales, etc.
-El control feminista de la producción ideológica y cultural. Es importante porque la producción cultural afecta a las finalidades personales, el sentido de uno mismo, las redes sociales y la producción de redes de crianza, afecto, amistad y parentesco social.
-Establecer ayuda mutua: sistemas de respaldo económico desde redes de identificación única con la mujer.
No hace falta un análisis demasiado detenido para constatar la doble condición del pensamiento que impulsa este programa: la segregación masculina y femenina y la hegemonía de la ideología feminista de género por medio de una orientación totalitaria a partir del control feminista de la producción cultural. Cabe subrayar además que en España el grado de logro de estos objetivos es máximo desde el punto de vista político y mediático. No solamente por las leyes aprobadas y las prácticas judiciales -la resistencia a la custodia compartida por ejemplo-, sino por la existencia de recursos públicos crecientes dirigidos a la creación de instancias oficiales y paraoficiales, dirigidas a promover redes de exclusión femenina.

Las líneas de acción del feminismo de género se orientan hacia estos puntos:
1. Masculinidad y Feminidad. El hombre y la mujer adultos son construcciones sociales porque el ser humano nace sexualmente neutral y después es socializado en hombre o mujer. Esta socialización afecta a la mujer negativa e injustamente. Por eso es por lo que las feministas proponen depurar la educación y los medios de comunicación de todo estereotipo o imagen específica de género, con el fin de que los niños puedan crecer sin que se les exponga a trabajos “sexo-específicos”.
2. Relaciones familiares: padre, madre, marido y mujer. Las feministas de género no sólo pretenden que se sustituyan estos términos “género-específicos” por palabras “género-neutrales”, sino que aspiran a que no haya diferencias en la familia con respecto a la conducta y responsabilidad entre el hombre y la mujer.
3. Ocupaciones o profesiones. El tercer tipo de "roles socialmente construidos" abraza las ocupaciones que una sociedad asigna a uno u otro sexo.
4. Reproducción humana que está determinada socialmente. Si biológicamente la gente es sexualmente polimorfa y la sociedad estuviera organizada de forma que se permitiera por igual toda forma de expresión sexual, la reproducción sería resultado sólo de algunos encuentros sexuales: los heterosexuales.
5. La división estricta del trabajo por sexos, un invento social común a toda sociedad conocida, crea dos géneros muy separados y la necesidad de que el hombre y la mujer se junten por razones económicas. Contribuye así a orientar sus exigencias sexuales hacia la realización heterosexual, y a asegurar la reproducción biológica. En sociedades más imaginativas, la reproducción biológica podría asegurarse con otras técnicas.
En realidad la tesis última es muy simple: el sexo implica desigualdad. Los hombres no disfrutarían del privilegio masculino si no hubiera “hombres”. Y las mujeres no serían oprimidas si no existiera la “mujer”. Acabar con el sexo/género es acabar con el patriarcado y por lo tanto con la injusticia. El trasfondo común, y este es un aspecto a subrayar, no es el de la “aceptación” social de otras formas de relación sexual, sino el considerar intrínsecamente negativa la heterosexualidad con roles ajustados al sexo y hacerla sinónima de dominación machista. En realidad, la heterosexualidad es percibida desde la perspectiva de género, como una consecuencia de la condición masculina y por este hecho, opresora. La heterosexualidad femenina, reprimida, no se libera por la vía de las estructuras jurídicas y la acción institucional y de las leyes, que sería la igualdad de derechos y oportunidades, sino que sólo lo puede lograr sacrificando su condición de mujer como rol biológico predeterminado; es decir, dejando de ser mujer.

Pese a la radicalidad del proyecto y del propio discurso, resulta particularmente llamativa la medida en que los puntos que hemos reseñado se van imponiendo en la política y la agenda setting española. Muchos aspectos son ya realidades, mientras otros como el de dar paso a otras formas de articular la procreación al margen de la heterosexualidad, forman parte del discurso público habitual del homosexualismo político, a la vez que cuentan con bases legales incipientes, con la última ley sobre reproducción asistida de 6 de mayo de 2005.
Como es lógico, la educación es un caballo de batalla central. En este sentido, tiene interés referir las palabras de una persona de línea formalmente moderada, Vigdis Finnbogadottir, cuarta presidenta de Islandia (1980-1996) y actualmente embajadora de buena voluntad para la organización UNESCO, y presidenta de la Comisión Mundial de la UNESCO para la Ética y el Conocimiento Científico y Tecnológico. Finnbogadottir considera, tal y como planteó en una conferencia preparatoria de la Conferencia de Pekín, organizada por el Consejo Europeo en febrero de 1995, que la "perspectiva de género", urge deconstruir no solamente la familia sino también la educación. Las chicas deben ser orientadas hacia áreas no tradicionales, y no exponerlas a la imagen de la mujer como esposa o madre, ni involucrarlas en actividades femeninas tradicionales. La educación es una estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre el hombre y la mujer en la sociedad. La perspectiva de género debe integrarse en los programas. Y se han de eliminar los estereotipos en los textos escolares y sensibilizar a los maestros.

Familia y ruptura en la ideología de género.
Su finalidad profesa es la eliminación de la familia biológica para, de esta manera, suprimir la represión social. No hay ninguna duda de que la familia, la que denominan “tradicional” en el sentido de “biológica” y “patriarcal” es vista en términos extremadamente perjudiciales, fuente de represión y causa de la violencia, especialmente contra la mujer. Una autora muy próxima en el espacio como es Inés Alberdi (50) y que tiene relevancia en la vida social y política española, ha escrito en una publicación de una institución de perfil teóricamente moderado, que la filosofía y la cultura, tal y como las entendemos, son enemigas de la mujer. Descalifica sin ningún problema a Homero y Aristóteles, el Génesis, la religión judeo cristiana -curiosamente no al Islam con su omisión– y especialmente a la Iglesia Católica que con el matrimonio católico consagra la esclavitud de la mujer y establece y simboliza la desigualdad: “La familia es el espacio central para el aprendizaje de la violencia”. “Bajo la ideología de la armonía, a veces hay ideas disimuladas sobre la poca valía de las mujeres”. Considera que es necesario que los integrantes de la familia vean el conflicto como un hecho normal y potencialmente positivo. Considera preciso profundizar en la democratización de la esfera privada y poner fin al mito de la familia armoniosa.

“La responsable de los problemas es la familia porque es el ámbito dónde se aprende a confundir las diferencias entre hombres y mujeres con las desigualdades entre inferiores y superiores.” “La violencia contra las mujeres es un aspecto estructural del sistema social”. “La superioridad atribuida a los hombres se sustenta en el reparto desigual de actividades productivas y reproductivas entre hombres y mujeres. La división sexual del trabajo, incluida la reproducción biológica, privilegia a los hombres a la vez que se inculca en todos los ámbitos adecuados para reproducir la división mencionada”. “La violencia no se debe sólo a las características singulares y patológicas de una serie de individuos, sino que es una forma cultural de definir las identidades entre hombres y mujeres”.
El enfoque de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, el feminicidio, es un caso espectacular de cómo la ideología de género utiliza una realidad para imponer su doctrina, prescindiendo de toda evidencia científica. El hombre como categoría, y no determinadas patologías, es el responsable de la violencia, –de ahí que la ley española castigue por un mismo hecho mucho más al hombre que a la mujer, no en razón de una superioridad física, sino puramente en razón de su sexo, o que prohíba la conciliación. Sólo la judicialización del conflicto y la represión acontece posible. Naturalmente al actuar así se ignora la evidencia de los hechos, pero esto no parece importar. El resultado se hace patente cuando la distorsión de la realidad se aplica a una ley para poner remedio a un problema concreto como es el de la violencia contra la mujer.

El fracaso de la ley es evidente. Una cosa es que sus efectos se vayan notando a largo plazo y otra muy distinta que una vez superado el primer año de su aplicación (51), los resultados del 2006 amenacen con un macabro récord. La cifra de muertes a 6 de septiembre ya supera las acontecidas en 1999, 2001 y 2002. Y puede ser mayor a finales de año que el máximo de 72 homicidios del 2004.
La ley fracasa porque está ante todo construida desde la ideología de género y no desde la interpretación de la realidad. La teoría que la sustenta es que la violencia contra la mujer, los feminicidios, son consecuencia de la oposición del “macho dominante” a la voluntad de independizarse de la mujer, propia de la sociedad moderna. El hombre asentado en su papel pasado, educado por la familia y la religión judeocristiana en el patriarcado, niega la autonomía de su pareja y a partir de un determinado límite resuelve el conflicto matándola. Naturalmente, no existen datos que avalen estas hipótesis. Más bien todo el contrario.

Si la teoría fuera cierta, la violencia y, sobre todo, los asesinatos se darían en mayor medida en las personas educadas en una cultura preexistente más tradicional que en los jóvenes. Pero no es así, la inmensa mayoría de homicidas tienen menos de 40 años, y el 20% menos de 30. Tantos como de mayores de 50 años, el grupo en teoría más peligroso por patriarcal.
Si la teoría fuera cierta, las personas con mentalidad tradicional deberían cometer más homicidios que las “liberales” o “progres”. Pero no es así. Las personas unidas por el matrimonio religioso presentan una menor prevalencia de homicidios que las unidas por el matrimonio civil y, a su vez, éstas muchísimo menos que las que tienen vínculos basados en la pareja de hecho.
En el periodo 1999-2005, para el que existen los datos más fiables, la tasa de feminicidios por cada 100 mil matrimonios se mueve con escasas variaciones entre el 0,26 y el 0,35. Resulta casi constante. Para las parejas de hecho la tasa por cada 100 mil uniones es mucho más elevada y oscila entre el 2.92 y el 4.65. Esto significa de promedio 10 veces más posibilidades de homicidio en una relación de pareja de hecho.
Si las hipótesis de la perspectiva de género que avala la ley resultaran ciertas, los países más liberales, con una larga tradición de emancipación de la mujer, como los nórdicos y anglosajones, deberían presentar una incidencia mucho menor que las de corte tradicional y católico, como Portugal, España, Italia, incluso Irlanda. Pero no es así, sino todo lo contrario. Suecia encabeza el ranking junto con Gran Bretaña y los Países del Norte de Europa, mientras que la cola corresponde precisamente a los países latinos y a Irlanda.

En realidad, la ley fracasa porque no contempla en absoluto la causa real de la violencia y los feminicidios: la ruptura. Esta es la causa fundamental y la que explica las otras dos grandes correlaciones, de hecho las únicas con significación: las parejas de hecho y la inmigración desestructurada, sin familia (por lo tanto, no la inmigración a palo seco). Estas tres razones numéricas pueden reducirse a un único factor explicativo, el ya mencionado de la ruptura, porque las relaciones de la inmigración desestructurada se traducen en parejas de hecho y éstas presentan un grado de inestabilidad, de ruptura, por lo tanto, muchísimo más elevado que el matrimonio. De aquí también, colateralmente, que el aumento del número de divorcios tienda a presionar al alza el número de homicidios. Pero la ley no quiso contemplar este hecho porque resulta políticamente incorrecto señalar la ruptura como el factor de peligro, y porque lo importante era criminalizar un pretendido estatus, el del hombre, y no el encontrar la causa real del por qué en unos casos concretos la violencia estallaba mientras que en la mayoría no. No se ha querido interrogar la causa de lo que es claramente una patología y no una norma. Para la ideología de género es necesario que la violencia contra la mujer sea inherente al sistema y el feminicidio su corolario.
Esto es tan evidente que la jueza decana de Barcelona, Maria Sanahuja, miembro de la Asociación Progresista de Jueces para la Democracia, y feminista militante, haya afirmado en unas declaraciones (52), que “la única alternativa a esta ley es poner en marcha los mecanismos que permitan la mediación entre las parejas, lo que supone una revisión en profundidad de la norma, puesto que el texto legal prohíbe de manera clara esta fórmula”. La jueza apunta con precisión la raíz del problema: evitar o atenuar la ruptura mediante la conciliación. Esta sí es una buena vía, pero hace falta reparar en el detalle que la ideología de la ley lo prohíbe. La jueza critica muchos más aspectos que coinciden con lo que ha sido criticado desde otras perspectivas jurídicas. Una de ellas es el desequilibrio que se produce por el hecho de que ante un mismo caso la pena sea diferente si el sujeto que lo comete es hombre o mujer. Y la diferencia no es poca: si es mujer, determinados supuestos mínimos serán una falta, pero si es un hombre podrán ser un delito con una pena incluso superior a los dos años, y deberá ingresar en prisión.

La jueza afirma “no sólo estamos provocando problemas con las órdenes de protección a las mujeres, estamos también realizando miles de detenciones para nada. Con la reforma del Código Penal hemos convertido en delincuentes a la inmensa mayoría de maridos y parejas, como consecuencia de las tensiones que se producen en los momentos más conflictivos de las separaciones y divorcios”. La jueza decana pide “poner el Código Penal en el límite de lo razonable para ser, de este modo, proporcional a los hechos”. Pero no se queda aquí, sino que plantea “suprimir los juzgados de violencia de género y devolver al ámbito de la jurisdicción civil y penal este tipo de conflictos, tal y como estaba antes”. Además, considera, que “las órdenes de protección a las mujeres están paralizando a la policía”. Pero en lo que más insiste es en la mediación familiar, que recuerda que funciona hace más de 10 años en Europa y 25 en los Estados Unidos con índices de acuerdo que llegan a ser casi del 80%. Por esto afirma: “cualquier solución que trate de resolver el problema de la violencia sin mediación está abocada al fracaso.” “Con esta ley hemos creado en los juzgados y en la policía unos problemas que no teníamos” y pide que se restablezca el sentido común en la redacción y aplicación de las leyes.

El objetivo político de la ideología de género es el de presentar como familias todas las variedades de relaciones basadas en el intercambio sexual, bajo la denominación de “nuevas”, cuestión que ya ha sido considerada en páginas precedentes. Se trata de destruir toda formulación canónica y ganar en indiferenciación como paso previo a unas organizaciones indefinidas abiertas y multirrelacionales. Como escribe Alison Jagger (53): "La igualdad feminista radical significa, no simplemente igualdad bajo la ley y ni siquiera igual satisfacción de necesidades básicas, sino más bien que las mujeres -igual que los hombres- no tengan que dar a luz”. La destrucción de la familia biológica que Freud nunca visualizó, permitirá la emergencia de mujeres y hombres nuevos diferentes de cuantos han existido anteriormente (54). “Hay que escuchar las voces de mujeres jóvenes, puesto que la vida sexual no gira sólo alrededor del matrimonio. Esto lleva al aspecto del derecho a ser diferente, ya sea en términos de estilo de vida -la elección de vivir en familia o sola, con o sin hijos- o de preferencias sexuales. Se deben reconocer los derechos reproductivos de la mujer lesbiana (55)". Estos "derechos" de las lesbianas, incluirían también el "derecho" de las parejas lesbianas a concebir hijos a través de la inseminación artificial, y de adoptar legalmente a los hijos de sus compañeras.

Pero los defensores del "género" defienden además el "derecho a la salud" que incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva. Esta "salud reproductiva" se refiere básicamente al aborto. En este sentido la ideología de género es una aliada objetiva de los grupos de presión occidentales que promueven políticas antinatalistas entre los países miembros. "Para ser efectivos a largo plazo, los programas de planificación familiar deben buscar no sólo reducir la fertilidad dentro de los roles de género existentes, sino más bien cambiar los roles de género con objeto de reducir la fertilidad" (56).
Es una evidencia que la perspectiva de género es a propósito antinatalista. En el contexto europeo amenazado por la fuerte bajada demográfica, su influencia hasta ahora y su creciente predominio constituyen una causa básica de la crisis del estado del bienestar y su inviabilidad. Está por estudiar con detalle las relaciones entre la cultura mediática, la agenda setting y las políticas, con la derrota demográfica europea. En el caso español la incidencia es y será más aguda porque es uno de los pocos Estados que combina tres vectores: políticas familiares económicamente muy mal dotadas, de las peores de Europa; unos partidos PSOE e IU, que han asumido plenamente la perspectiva de género unido a un Gobierno que lo está aplicando hasta extremos nunca vistos en Europa y, finalmente, una situación previa de muy baja natalidad.

Christine Riddiough, colaboradora de la revista Catholics for a Free Choice escribe “La familia nos da las primeras lecciones de ideología de clase dominante y también imparte legitimidad a otras instituciones de la sociedad civil. Nuestras familias son las que nos enseñan primero la religión, a ser buenos ciudadanos; tan completa es la hegemonía de la clase dominante en la familia, que se nos enseña que ésta encarna el orden natural de las cosas. Se basa, en particular, en una relación entre el hombre y la mujer que reprime la sexualidad, especialmente la sexualidad de la mujer (57)". En definitiva, el objetivo político del feminismo sería, entonces, desestabilizar la diferencia de género y las identidades de género que le acompañan. No consistiría en la defensa de los derechos de determinadas identidades preconstituidas, sino en la precariedad y el desplazamiento permanente de estas identidades. Esta práctica política es la que cuestionaría la democracia convirtiéndola en radical y pluralista. La liberación de las mujeres, en esta nueva teoría postmoderna, podría interpretarse mejor como la liberación de la propia identidad, que es lo verdaderamente opresivo. Ni la sociedad, ni el patriarcado, ni el género... ni siquiera los hombres tendrían responsabilidad alguna en la definición de la opresión de la mitad del planeta. Si de algo hemos de emanciparnos las mujeres, según Butler, es de esta pesada definición ontológica represiva y excluyente de nuestra identidad "mujer".

El deseo como proyecto político.
La perspectiva de género y su variante de la homosociedad dan lugar a una nueva política, que encaja bien en el marco de referencia de la ideología de la desvinculación que propugna la satisfacción del deseo como la realización personal convertida en el máximo o único hiperbién. Se ha convertido en el fundamento de la acción de gobierno en España.
La ideología de la desvinculación está extendida por todo el occidente en una medida variable, sin haber cuajado en una política gubernamental compacta y homogénea como en el caso español, sino que como máximo incide sobre determinados aspectos de las diferentes acciones de gobierno. Esta singularidad española explica la preferencia del gobierno de Rodríguez Zapatero por las temáticas ligadas al deseo y, por lo tanto, las relacionadas con la sexualidad y la descendencia, que son dos de las más importantes manifestaciones del deseo. Este es uno de los ejes básicos que definen las prioridades legislativas y los grandes cambios operados en España.

La concepción no es nueva porque como ya se ha apuntado al inicio, la que podemos calificar de política “del deseo” encuentra su fundamento por ulteriores desarrollos en Freud. Éste equipara la felicidad con el placer, y en términos aun más precisos, en la satisfacción de las necesidades sexuales: “La felicidad... es un problema de satisfacción de un deseo instintivo de la persona. Lo que en sentido más estricto se llama felicidad surge de la satisfacción, casi siempre instantánea, de necesidades acumuladas que han logrado una elevada tensión”. “El amor sexual (genital)… ofrece… las más intensas vivencias de placer, estableciendo… el prototipo de felicidad” (58). Freud considera que el sistema moral y las instituciones fruto de la concepción cultural imponen restricciones y prohibiciones a nuestras necesidades sexuales instintivas y, por lo tanto, limitan nuestra capacidad de ser felices. La violación de las reglas para llegar a la felicidad genera un sentimiento de culpabilidad que, a su vez, nos hace sentir menos felices. Aun así, considera que como el amor sexual “proporciona la experiencia más agradable, poderosa y subyugante, estableciendo así el prototipo de felicidad” (59), la gente tiende a buscar la felicidad en las relaciones amorosas y en particular sexuales, pero añade que cuando esto se produce la relación “conduce a una peligrosa dependencia frente al mundo exterior –frente al objeto querido que se escoge- exponiéndolo así a experimentar los mayores sufrimientos cuando este objeto lo desprecie o cuando lo desgarra la infidelidad o la muerte” (60). Aun admitiendo que existen otras fuentes de felicidad como el trabajo creativo, sostiene que “comparada con la satisfacción de los impulsos instintivos groseros y primarios es muy atenuada y de ninguna forma llega a conmovernos físicamente”. (61)

En este cuerpo doctrinal, brevemente esbozado, se encuentran los factores decisivos del desarrollo posterior hasta convertir el deseo en el proyecto político por antonomasia. Los, digamos, sucesores de Freud en este punto, no atienden obviamente a la línea completa de reflexión de su maestro, puesto que éste no consideraba posible que la destrucción o modificación de las limitaciones institucionales que se oponen a la plena satisfacción del deseo personal, desembocaran en una solución. De hecho, Freud desarrolla un eje de crítica a esta vía pues ve en ella, como en realidad así ha sido, la configuración de lo que denominamos sociedad de la desvinculación, dado que si los demás “abrigan los mismos deseos que yo, puesto que mi objetivo es la satisfacción de mi deseo por encima de toda norma o compromiso-, resulta pues que solamente al final puede existir un único individuo que puede llegar a ser ilimitadamente feliz” (62). Pero no importa que el propio Freud cegara este camino anticipándose en una sumaria descripción a las contradicciones que dan pie al deseo como proyecto político, al generar una sociedad de la desvinculación (63), porque este tipo de objeciones han sido ignoradas. El “mayo 68”, y la denominada postmodernidad son el periodo histórico de eclosión de esta nueva formulación que acaba siendo plenamente política. No es un hecho accidental que fuera precisamente Lyotard, quien a partir de la inicial adscripción al socialismo –fue miembro del grupo Socialismo o Barbarie– desarrollara una crítica simultánea a Marx y Freud que desembocó en obras como Economía libidinal (64), donde abolía cualquier realidad que no fuera la del flujo del deseo y, por otra parte, La condición postmoderna (65) donde analizó la caída de lo universal y desarrolló el concepto de postmodernidad. Pero es sobre todo en el movimiento homosexual político y en el feminismo de la ideología de género, en particular por autoras que proceden del lesbianismo militante, donde esta concepción se concreta en objetivos políticos y programas de acción. Un ejemplo paradigmático de cómo se estructura la concepción de las políticas del deseo, lo podemos encontrar, una vez más, en Judith Butler (66).

Explica la señora Butler, “Desde muy temprana edad he sido maestra sobre feminismo, escribiendo sobre temas feministas. Mi disertación ha sido sobre 'el deseo' que es una cuestión política, pero también filosófica. Siempre me he interesado por la tradición de la libertad sexual en el feminismo. Me han preocupado mucho las propuestas muy normativas o muy represivas del feminismo. Yo me hice lesbiana a los catorce años y no sabía nada de política. Me hice lesbiana porque amé a alguien muy profundamente. Y después me hice política a partir de esto, pero como resultado.”
En este breve enunciado podemos encontrar unas referencias que constituyen la lógica interna de la construcción:
-El deseo como factor estructurador de la política y su toma ideológica.
-Su lesbianismo militante como corolario de la conciencia personal.
-El lesbianismo como el vehículo para la toma de conciencia política. Su concepción en este campo es una proyección de su lesbianismo.
En esta formulación podemos escuchar el sonido de fondo de Freud: la única manera de llegar a la felicidad es a través del deseo sexual convertido en fuerza política dirigida a remover las instituciones sociales que nos impiden la consecución de aquel deseo, y por lo tanto de la felicidad, y que su trasgresión -otra posibilidad- nos genera un sentido de culpabilidad que daña la posibilidad de ser feliz. Este es exactamente el trasfondo que se puede encontrar en todo el discurso del homosexualismo político proyectado al conjunto de la sociedad.
La singularidad radica en el hecho de que de una circunstancia estrictamente personal, el deseo por otra persona, desarrolla una concepción política que se pretende omniexplicativa, totalizadora de la realidad y fundamento de una política global.

Es el subjetivismo extrapolado a la máxima potencia. Pero evidentemente como esto no es posible, dado que resulta socialmente inviable construir un proyecto colectivo a partir de una circunstancia individual, además muy específica, la ideología procede a incorporar categorías ideológicas del campo marxista para dar contenido a la pretensión: la dialéctica entre clases es sustituida por otra que enfrenta al grupo opresor, la heterosexualidad, al feminismo de género, el homosexualismo y sus articulaciones posteriores, bisexualismo, transexualismo, incluso travestismo: cada comportamiento personal o grupal es elevado al rango de órdago universal y, a partir de ello se postula su institucionalización.
Naturalmente esta concepción genera dos graves problemas:
El primero es evidente: la modificación de las instituciones de la sociedad, mediante el uso de dos vías simultáneas, los medios de comunicación y ocio, que en nuestra época logra su mejor potencial de poder, y la legislación.
La política de la satisfacción del deseo no atiende a conflictos, ni costes sociales, porque precisamente su propia lógica interna lo impide. El conflicto social es la expresión de las viejas resistencias que deben ser vencidas y desaparecer. No se trata de construir sobre consensos más allá de la retórica o de una cuestión táctica, sino de la imposición legal. Nadie puede limitar el máximo bien que es la realización personal mediante la satisfacción de los deseos más instintivos, más sexualizados. Naturalmente, esto deriva en una sociedad de crecientes disfunciones sociales.

Pero esta no es la única cuestión. Existe otra cualitativamente diferente y que se añade. Si el motor fundamental de la concepción se encuentra en el homosexualismo político y una determinada interpretación feminista surgida de la ideología de género, que considera la heterosexualidad como un enemigo por cuanto sus instituciones son sinónimo de represiones y culpabilidad, ¿qué sucederá en la medida en que el sentimiento de culpabilidad perdure, porque no está inscrito en las instituciones sino en la naturaleza vulnerada por el comportamiento? El resultado será que las tendencias totalitarias crecerán, porque continuarán proyectando la culpa sobre la sociedad heterosexual, la única real como conjunto social. Esta concepción no solamente persigue modificar radicalmente el matrimonio, convirtiéndolo en una experiencia más, sino también la paternidad, la maternidad y el parentesco. El primero para liquidar el sentido y necesidad del dualismo sexual, el segundo para relativizar el parentesco biológico y fomentar el denominado parentesco cultural.
La característica final es que nos encontramos en un proyecto político que cuestiona de una manera global la sociedad tal y como la conocemos. En la mencionada entrevista, la señora Judith Butler hace una formulación muy descriptiva: “Quizás es cómo se educa al niño lo que crea la diferencia de género, o los papeles que tienen las madres y los padres. También algunas mujeres quieren tener su propio hijo biológico por algún motivo. Debo decir que nunca lo pude entender. Pero obviamente hay que respetarlo. Existen alianzas entre hombres gays. El hombre gay ofrece su semen y puede convertirse en parte del parentesco más amplio, ella no necesita tener relaciones sexuales con él para obtener el semen. Este nuevo sistema de parentesco es muy interesante. Por esto no me interesa la ingeniería social, me interesa el acceso igualitario a las tecnologías reproductivas y me interesan las nuevas formas de parentesco”.

Las políticas del deseo son adoptadas por la izquierda española, primero en el ámbito post comunista, después por el PSOE de una forma sin parangón en Europa. En realidad el PSOE tiene una política más semejante al que fue el Partido Radical Italiano, es decir, “políticas del deseo + liberalismo económico”, que al que constituye el grueso del socialismo europeo: francés, sueco, alemán y británico, y se encuentra extremadamente alejado de la izquierda italiana. Desde la caída del régimen soviético, una parte de la izquierda, la de mayor influencia cultural marxista, perdió sus puntos de referencia. Los límites del estado del bienestar y la lógica única del mercado, también han generado una fuerte crisis de identidad en la socialdemocracia. Francia y Alemania expresan bien esta crisis, Suecia ha marcado una evolución difícilmente asumible por un partido que, como el PSOE, tiene todavía en el corporativismo de estado una de sus claves. La opción Blair, la salida a través de una identidad más comunitarista que socialista, con la introducción del sentido de la responsabilidad -la comunidad responsable- en el diseño político, es un modelo contemplado como contrario de tradición socialista. La vía elegida por el PSOE ha sido otra: abandona toda propuesta de transformación social y económica, y sustituye identidad de la transformación socioeconómica por otra radicalmente diferente: la de la realización por la satisfacción del deseo, convertido por lo tanto en proyecto político. Ya no se trata de una izquierda evolucionada a, sino de una mutación, una alteración en su naturaleza.

La idea de fondo al operar en este plano, al margen de las reservas morales, es que las políticas del deseo no tienen coste. No dañan nada ni a nadie. Presentan, por lo tanto, una relación coste/beneficio electoral óptima. En este planteamiento la clase y el grupo social dejan paso a las nuevas categorías derivadas del sexo y el deseo. Y así el nuevo discurso tiene como contenidos y sujetos, la perspectiva de género, la felicidad y la identidad sexual, los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, el desarrollo sin límites de la fecundación in vitro, y la utilización desmedida de la genética, etc. Es necesario “leer” la acción de gobierno y las declaraciones de algunos ministros clave en estos campos (Sanidad, Justicia y Trabajo y el propio Presidente), para observar el desarrollo de aquel cuerpo teórico en aplicaciones concretas. Así, las instituciones sólo sirven en la medida en que son útiles a la política del deseo. “Hombre”, “mujer”, ”padre”, “madre” son borradas del Código Civil, del cuerpo central de lo legislado sobre la antropología de la persona. El hombre es discriminado negativamente en las sanciones penales en los casos de violencia contra la mujer; el matrimonio homosexual, el divorcio ultra rápido por repudio y la fecundación asistida sin límite de edad ni necesidad de pareja, son tres componentes claves del modelo de sociedad de género y su dimensión homosexual, caracterizada por la fragilidad y volatilidad de las relaciones y la pulsión del deseo.

El matrimonio homosexual elimina todo sentido de culpa -como pretensión del discurso-, el divorcio permite dar respuesta a los rápidos cambios de pareja, y la reproducción asistida facilita la alianza gay-lesbiana y la formación del parentesco cultural. Pero la realidad es que este tipo de políticas sí tienen una incidencia importante sobre la estructura de la sociedad y el funcionamiento de la economía. No son sin coste, sino, todo lo contrario y sus efectos están cada vez más a la vista y resultan perfectamente mesurables y comparables, si bien sus consecuencias más graves operan, como es lógico, a medio-largo plazo.
La crítica a las consecuencias de la política del deseo se fundamenta en la falsabilidad popperiana. La defensa de su inocuidad por el contrario, carece de toda demostración. Es, simplemente una manifestación, un deseo ideológico, en su sentido más peyorativo.

Parte III
III. Las leyes contrarias a las instituciones insustituibles socialmente valiosas: la revolución española.
A lo largo de las páginas precedentes se han relacionado ya aspectos de la legislación vigente como factores que generan o agravan las disfunciones sociales de parentesco. Hace falta ahora, y por último, una referencia más específica. En nuestro tiempo las leyes tienen una doble función: como finalidad directa de modificar la realidad de las cuestiones que tratan, pero también poseen una segunda de gran importancia. Con la desaparición de la moral compartida, las leyes son la principal fuente de moral de la sociedad. El bien tiende a ser aquello que es legal, y esta es la pedagogía del propio Estado. Es el Estado convertido en el único portador de sentido de la sociedad, en lugar de ser constructor de las condiciones para el libre desarrollo del pluralismo civil y el reconocimiento en la propia historia y tradición. Naturalmente, en esta concepción siempre hay implícita la tentación totalitaria (67) ejercida desde la ingeniería social que otorga el enorme poder del estado actual: casi uno de cada dos euros que se gastan depende de él, así como una buena parte de los grandes medios de comunicación, bien porque son públicos, bien porque entre los grandes grupos mediáticos, el entendimiento les proporciona más beneficios que el conflicto.

En este sentido, la acción por la vía de las leyes y el poder mediático, España está sometida a aquello que en la literalidad del término se denomina revolución. Revolución tiene un claro significado etimológico, del latino re-volvere, dar la vuelta, significa una alteración profunda, substancial del sistema político, social y en ocasiones también económico. Una transformación de las instituciones, de ruptura con lo precedente. Revolución es la antítesis de reforma. Pero la circunstancia revolucionaria española no se hace directamente sobre las estructuras económicas, ni en gran parte, políticas y judiciales, si bien estas últimas ya presentan incidencias concretas, sino que se concentra en el ámbito de las instituciones insustituibles socialmente valiosas y la concepción antropológica del ser humano. En este sentido, se trata de un cambio radical sobre los fundamentos, que a la vez y como no puede ser de otra manera, tendrá a medio y largo plazo, efectos contundentes sobre la estructura social y económica. Pero su incidencia en el plano de los derechos y las libertades, especialmente de los derechos civiles, ya se nota. En el campo de la representación política, la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres, al establecer la obligación de la paridad sobre listas cerradas y bloqueadas, manipula y restringe todavía más la capacidad de los ciudadanos para escoger a sus representantes. Si bien el debate sobre las cuotas para promover grupos sociales concretos, las mujeres en este caso, es controvertido, en ningún caso debería imponerse cuando su aplicación significa limitar derechos fundamentales como es el de elegir a los propios representantes. El sistema electoral español ya presenta una fuerte distorsión, inhabitual en los regímenes democráticos, al presentar listas cerradas y bloqueadas, con lo que la capacidad de discernimiento aplicado del elector, se limita a escoger un partido político. El representante pierde su condición vinculada al ciudadano, porque ya no es él quien lo elige, sino la dirección de su partido político, que establece quién va a las listas electorales y el lugar que ocupa y, por lo tanto, la posibilidad de ser escogido.

El principio de que el diputado no está sujeto a ningún mandato imperativo, y que se vota en conciencia buscando la mejor representación de aquellos que le han elegido, que es un principio esencial de la democracia, ha sido sustituido en España por la representación de los intereses de partido. En el Congreso de Diputados, Senado, parlamentos autonómicos y ayuntamientos, quienes están realmente representados no son los ciudadanos sino los partidos, que no es exactamente lo mismo. Que en este abanico de restricciones se imponga la paridad representa agravar la distorsión. Dado el sistema, donde prima la fidelidad a la disciplina de partido sobre toda otra virtud, la cuota femenina tiene todos los riesgos de expresar, en un grado superlativo, esta condición. En estas condiciones electorales no es la calidad la que califica a las mujeres sino la ley de paridad. Muy diferente sería aplicar el principio a un sistema basado en la elección directa del diputado por circunscripciones. Nadie podría formular ningún temor porque las candidatas representaran el 40%, el 60% o el 100% de todos los candidatos de un partido determinado, porque en definitiva sería el elector quien en cada caso concreto decidiría. Pero la combinación de la partitocracia española con la cuota femenina significa un deterioro del sistema democrático.

La cuestión de las cuotas admite más lecturas. Si la mujer ha de estar legalmente representada en razón de la construcción de unas condiciones de mayor igualdad, hay otros grupos sociales que también deberán poder acogerse a este beneficio. Uno, sin duda el más importante y más discriminado, es el de las personas mayores de 60, o 65 años, los jubilados, anticipados o en edad de serlo. Pese a que los de 65 años y más representan el 16,84% del total de la población, y el 21,75% los de 60 años y más (68), su presencia en los ámbitos de representación es marginal, difícilmente supera el 5% en todos y cada uno de los ámbitos de representación. Pese a esta carencia es indudable que el conjunto presenta una especificidad tan o más fuerte que las mujeres en relación a los hombres en edades activas. Pensiones insuficientes, situación de las viudas (un caso que nunca ha sido objeto de atención por las organizaciones feministas), las condiciones del sistema de salud y dependencia, el transporte, la fiscalidad, son algunos de los grandes capítulos que afectan a este grupo sobre representado. La cuestión de fondo, por lo tanto, es ¿por qué las cuotas sólo tienen sentido aplicadas a las mujeres, y además, de determinada edad?. La cuestión sólo resulta coherente en un marco de razonamiento anclado en la ideología de género en el que la paridad constituye una reivindicación central por encima de cualquier otra consideración. Como la representatividad del sistema democrático español.

La penalización diferencial en razón del sexo que establece la Ley de Protección Integral de la Violencia de Género es otro ejemplo. El hombre es condenado a una pena mayor por un mismo delito, no en función de un agravante, sino por su propia naturaleza masculina. En esta formulación jurídica hay una ruptura muy importante de la unidad del ser persona y una sanción específica de lo heterosexual masculino, es decir, una aplicación práctica de la ideóloga de género.
También en esta misma ley y la misma lógica ideológica (de la afirmación del conflicto inherente a la dualidad hombre-mujer en el marco de la heterosexualidad) se da otra norma jurídica singular: la prohibición de la conciliación. Cuando un problema entre una pareja llega a un juzgado, y es suficiente en el marco legal vigente con un insulto, el proceso sólo puede tener como resultado un culpable. Es una lógica perversa, que sólo hace que avivar el fuego del conflicto, cuando en la mayoría de casos y según los propios jueces, como precisaremos más adelante, la mejor vía para evitar ulteriores complicaciones sería la conciliación. Aquella ley apuesta por la ruptura y la judicialización de las relaciones de pareja en lugar, como es común en Europa, de la reconciliación. Puede sorprender su fracaso en evitar el feminicidio de pareja.

La revolución española.
La revolución española está centrada en las instituciones que son fruto de un largo proceso histórico, que se han estructurado sobre el derecho consuetudinario, el mos maiorum de los romanos. Normas producidas a lo largo de la historia, producto de la conciencia popular, perfeccionada por la legislación y con un origen que en muchos casos se remonta al origen de los tiempos: son instituciones insustituibles como el matrimonio, la paternidad y maternidad, y por extensión, la filiación y fraternidad, la familia, el parentesco y el apellido o la dinastía. Son instituciones que ya eran antiguas en tiempos de Homero. Son precisamente ellas las que configuran el eje transversal que une el legado judeocristiano con el helenismo y Roma, pasando por la denominada Edad Media, el Renacimiento y las revoluciones inglesa, americana y francesa de los siglos XVII y XVIII, con todos los cambios extraordinarios que el paso del tiempo y las civilizaciones han significado. Más allá de occidente, nuestro común denominador con el Islam y la sociedad sínica formada en torno al Taoismo, Budismo y Confucionismo, son precisamente las instituciones insustituibles socialmente valiosas. Así, el concubinato oriental no elimina ni sustituye el rol histórico del padre y la madre, del matrimonio y la familia, todo lo contrario, la presencia de esta última es todavía más poderosa en la actualidad que en occidente. La poligamia islámica no es una familia formada por un hombre y más de una mujer, sino por un hombre que configura tantas familias diferentes como mujeres con quienes se ha casado. Toda aquella larga historia de pueblos, culturas y civilizaciones está compuesta por unos sistemas de relaciones perfectamente inteligibles en nuestros días y marcos de referencia, porque poco han cambiado en cuanto a su concepción primigenia.

Y todavía más atrás, las condiciones previas que hacen posible aquellas instituciones se asientan sobre la condición objetiva de la naturaleza biológica del ser humano constitutivamente dividido entre hombres y mujeres, sólo entre hombres y mujeres. Todo esto es lo que ha aportado y aporta el sentido de la vida. Pertenecemos a una cultura, a un calendario y celebraciones, Navidad, Reyes, Semana Santa, que se fundamenta en un Dios, Jesucristo nacido en el seno de una familia. Su presencia en la Historia no tenía porque ser presentada bajo este tipo de narración. Los Evangelios podían haber empezado exponiendo la vida de un adulto que un buen día, desde el desierto, se presenta en medio de su pueblo. No habrían sido necesarios más antecedentes, pero el Evangelio, por el contrario, narra una historia familiar, y más allá, la de un parentesco y un apellido: para unos es la voluntad de cómo Dios se presenta y determina la importancia de las instituciones, para otros, sólo expresión de un mito, pero que como todos los mitos comporta la existencia de un solidísimo sustrato consuetudinario. Todo esto es lo que por la vía de las leyes, que no de las costumbres, está siendo radicalmente transformado en España. Por esto no solamente es apropiado sino necesario hablar de revolución.

Pero, atención, por inercia histórica se asocia aquella palabra a la idea marxista de la misma, y la hacemos sinónimo de transformaciones radicales de las estructuras económicas, sobre todo ligadas a la pérdida o muy substancial limitación de la propiedad privada, las nacionalizaciones a gran escala y la desaparición o reducción del mercado. A la cultura inercial sólo le preocupa la revolución cuando afecta a la economía, a la propiedad, las empresas y las rentas del capital. Marxismo y economicismo liberal permiten esta confusión. Esta pérdida de la perspectiva real hace que la revolución se esté produciendo, no sin resistencias, porque es bien visible que las hay, pero sí sin la conciencia y dramatización de lo que realmente se está destruyendo. Hay una interpretación de lo que está sucediendo de perfil bajo por parte de los sectores representativos de la economía, porque erróneamente creen que lo que hace el Gobierno no afectará a la marcha de sus negocios ni de los puestos de trabajo. Es una insensibilidad que ya le conviene a quien gobierna y a aquellos que le apoyan, que no tienen ningún interés en subrayar la naturaleza radical de los cambios, sino que con buen sentido estratégico, prefieren presentarlos como un hecho “normal” en nuestro contexto de civilización y como una cuestión de derechos “formales”, en lugar de la gran ruptura que significa con nuestro propio derecho y tradición, y también con occidente y el resto del mundo.

Es un error grave y decisivo pasar por alto la intensidad revolucionaria de los cambios porque no atañen directamente y a corto plazo a la economía. Pero la realidad es que las revoluciones son de muchas clases y, la mayoría, a lo largo de la historia, no han sido económicas, inicialmente económicas, sino políticas y sociales. Sólo hace falta recordar la históricamente decisiva, de hecho más que la francesa, revolución inglesa de 1688. Europa ha vivido muchas, y muchos periodos revolucionarios en los últimos quinientos años. En su inmensa mayoría han sido esencialmente políticas. La revolución democratizadora de finales de siglo XX, en países del centro y este de Europa, así como en el ámbito de la antigua URSS son, en primer término, políticas, transformaciones en aras de la libertad y de los derechos de las personas, que se traduce, como en casi todo y siempre, antes o después, en el terreno económico como una consecuencia inducida. La importante revolución del ‘68 del siglo pasado en los Estados Unidos, Francia, Italia, y Alemania, es, sobre todo, pretendidamente política y económica, pero en su resultante práctica acontece primero una potente revolución cultural y progresivamente social, porque ella es la gestora del cambio vivido en Occidente con la sociedad desvinculada, el individualismo expresivo transformado en cultura de masas, y la ideología de género, que hoy logran sus máximos resultados. Esta es exactamente la revolución que de la mano del Gobierno triunfa plenamente en España.

Las revoluciones son de muchas clases, y no siempre negativas. La medida siempre guarda relación primero sobre aquello que pretenden alterar, “dar la vuelta”, y después la claridad y bondad del nuevo estadio social hacia el que se encaminan. En medio de ambos factores, la situación de inicio y el objetivo final, cabe considerar también los medios que utiliza. Esta misma interpretación debe servir para juzgar la situación revolucionaria española.
Las revoluciones pueden empezar como revueltas dispersas o como grandes movimientos de masas, como enfrentamientos civiles, surgidos del pueblo o de sectores de él. Pero también son fruto de la intervención del propio Estado. Son las revoluciones “desde arriba”, más infrecuentes pero no extrañas. En la trayectoria histórica española los grandes cambios revolucionarios han sido casi siempre impulsados desde la gobernación del Estado y, en este sentido, son inicialmente de “guante blanco” o, al menos, poco incruentas en su principio, porque una gran parte de la lucha por el poder ya ha sido resuelta cuando empiezan. También es cierto que si el inicio es relativamente “soft”, su desarrollo y final siempre promueven grandes conflictos sociales y consecuencias negativas para largos periodos. La revolución Ilustrada del Despotismo, la liberal, la cultural, social y política de la IIª República son buenos ejemplos. El post mayo del "sesenta y ocho" que hoy nos gobierna, la ideología de la desvinculación, responde a la misma naturaleza hecha desde el aparato del Estado inicialmente soft, en un proceso que se va endureciendo y crispando progresivamente. Recoge concepciones de determinadas minorías sociales pero tan heterogéneas y reducidas que en sí mismas no eran capaces de imponerse por su propio peso político. Hoy, su presencia social parece avasalladora, si bien su dimensión social no se ha modificado. La diferencia entre uno y otro estatus radica en un punto: el peso que otorga a su favor el aparato del Estado.
La anomalía española de las revoluciones desde arriba ayuda a explicar la carencia de estabilidad que históricamente caracteriza al país. Tilly identifica medio centenar de episodios revolucionarios, es decir revoluciones o intentos, desde 1492 hasta 1981 (la última insurrección militar), prácticamente un episodio de inestabilidad de riesgo efectivo o potencial por cada periodo que no llega a 10 años. Por lo tanto, el periodo comprendido entre el 1982 y el 2005 sería uno de los más largos y favorables, tanto por su estabilidad como por el progreso económico y bienestar social. Es un periodo insólito en la historia española. Posiblemente se podría convenir que la principal dificultad para el desarrollo español ha sido precisamente la acusada incidencia de los episodios revolucionarios y las revoluciones.

Las revoluciones no empiezan repentinamente, todas tienen precedentes más o menos lejanos de naturaleza cultural. Siempre son llevadas a cabo por minorías, con o sin la conformidad popular, y nacen de una concepción doctrinal previa, de su desarrollo cultural y difusión social. La revolución francesa tiene precedentes que se sumergen en el conflicto religioso por una parte y la génesis del pensamiento ilustrado, por otra. Lo que caracteriza el periodo revolucionario no es la novedad de las premisas sino la intensidad con que se transforman en factores que alteran el funcionamiento de la sociedad, así como la clara direccionalidad que poseen. Lo que antes eran manifestaciones dispersas ahora son hechos encadenados que se articulan en un mismo sentido, en una misma contienda política que se puede “leer” conceptualmente.
Pero la singularidad del actual periodo español iniciado en el 2005 con las primeras leyes del Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, radica en su voluntad de transformar instituciones básicas e insustituibles de la sociedad, así como el sustrato antropológico en que se sustentan funciones y estructuras fundadoras de la sociedad.

Esta es una singularidad que no tiene paralelismo en Europa con la excepción de los Países Bajos. También es singular, sin duda, en su intensidad, esto es, el ritmo, el tiempo de aplicación. España es, y lo será más todavía, una alteración radical en occidente. Es el uso inmoderado de las leyes hecho con la intención de acelerar un cambio cultural preexistente, pero que en sí mismo no tenía la amplitud social necesaria para lograr la capacidad transformadora que una revolución, “el dar la vuelta”, implica. La post izquierda española ha encontrado en los grupos feministas de la ideología de género, del homosexualismo político y sus reivindicaciones, el sucedáneo de la clase obrera a la vez oprimida y portadora del cambio histórico. Hay en todo esto una alianza objetiva también en forma de sucedáneo en lo que Gramsci denomina “fuerzas de la cultura”, pero que en este caso corresponden a la cultura comercial, de masas, y en aquella industria del ocio que se fundamenta en la pulsión instintiva del deseo. La influencia social e intelectual de la ideología de género, del homosexualismo político, del discurso del deseo y las políticas a su servicio generadoras de la desvinculación, han tenido mucho más peso cultural en Francia o en los Estados Unidos que en España, pero en ninguno de los dos casos se ha conseguido traducirlo en leyes, en cambios en las instituciones, simplemente porque ningún partido político lo ha asumido en su literalidad. En España, por el contrario, sus publicaciones, libros, revistas, webs, lograban querencias y asistencias migradísimas, y sus actos públicos mostraban una capacidad movilizadora marginal. Sus organizaciones, incluidas las políticas, no tenían ninguna posibilidad de incidir decisivamente en la agenda política. El feminismo en España es de los más débiles de Europa. El homosexualismo todavía presenta una dimensión organizativa inferior. De hecho, tanto era así, que su cultura era -continúa siéndolo- una cultura de ghetto, en el sentido de que sólo se encuentran bien en sus pequeños habitats sociales exclusivos, donde pueden mostrarse con más sinceridad y menos inhibiciones. Sus publicaciones continúan interesando a una migradísima minoría, y sólo la cultura de masas televisiva, sobre todo por lo que se refiere a la homosexualidad, ha insistido en presentar unos personajes dotados de connotaciones siempre eminentemente positivas, por contraposición con la mayoría de los heterosexuales.
Sin la nueva dinámica introducida por el partido socialista de Rodríguez Zapatero la ideología de aquellas minorías no acabaría siendo la concepción guía para construir la nueva sociedad desvinculada, marcada por la ideología de género y orientada a asentar, por primera vez en la historia de la humanidad, una homosociedad, en el sentido no de remover aquellas condiciones que podían penalizar determinados comportamientos personales en el ámbito de las relaciones privadas, sino en el de modificar las instituciones sociales para señalar y propiciar la primacía de la concepción y práctica homosexual. Porque hay que dejarlo claro, la agenda política del PSOE no estaba públicamente centrada en estos puntos, ni estos obedecían a una agenda común del socialismo europeo, muy alejado de los planteamientos españoles. Ser socialista, socialdemócrata, no significa promover el programa revolucionario que está aplicando Zapatero en este campo, es propio de los pequeños partidos radicales que prácticamente no tienen propuestas en el campo socioeconómico, alternativas del sistema liberal de mercado que impera.

En cierto modo la nueva orientación radical de la política, ha entrado por la última puerta, del mismo modo que la revolución cubana de naturaleza nacionalista y social cristiana y liberal acabó en manos del partido comunista.
España vive inmersa en cambios legales que se traducen, y lo harán todavía más en el futuro, en efectos contundentes sobre las instituciones y el funcionamiento de la sociedad. El problema es que esta afectación se hará evidente a medio y largo plazo y, por lo tanto, se produce una separación conceptual entre las nuevas medidas legales en el presente y los daños que ocasionará en el futuro, si bien ya es posible valorarlos de manera suficientemente completa.
Estamos ante una revolución que si se consolida tiene un alcance extraordinario, porque incide sobre aquello que es más esencial de la persona y la sociedad. Afecta al significado y práctica de lo que es ser hombre y mujer, y por lo tanto, del ser persona, lo que significa ser padre y madre y sus deberes y obligaciones y funciones sociales, lo que representa la filiación y la pérdida de sus derechos ante el deseo. Implica la destrucción de sentido del matrimonio y, como consecuencia, de su papel fundador de la sociedad y, por extensión de la familia, que también queda como una realidad “abierta” a cualquier interpretación y nueva propuesta. “Familia” es ya cualquier agregación de personas. A la vez estas modificaciones institucionales tienen su reflejo en la liquidación del sentido de concepciones valiosas esenciales como la tradición. El fundamento del derecho ha sido enterrado, porque ha dejado de ser un argumento que posea la más mínima autoridad; al contrario, se ha convertido en un contra argumento: ¡“esto es tradicional”!. La vinculación entendida como el compromiso más allá del propio deseo, la responsabilidad que significa la aceptación lúcida de los propios actos y la capacidad para intentar reparar las consecuencias no queridas, el canon y su búsqueda como elemento integrante de una vida exitosa, la educación de las pulsiones, el Eros y el Tanatos freudiano, y en último término el sentido de la vida. Todo esto está siendo legalmente desmenuzado y, por lo tanto, se verán fuertemente alterados los comportamientos individuales y colectivos.

El resultado es la degradación de la vida social y de nuestra capacidad económica porque los resultados incidirán deteriorándolos sobre dos capítulos esenciales: el capital humano y el capital social.
España presenta, además, una característica diferencial con la mayoría de procesos revolucionarios. Las revoluciones se producen porque hay un modelo de referencia hacia el que avanzar. No siempre es así, pero sí que se da en la mayoría de ocasiones. El resultado final no tiene por qué responder al proyecto inicial, pero el modelo previo ha existido, al menos en su vertiente utópica. Así, las revoluciones avanzan hacia un estadio definido situado en el futuro que para lograrlo necesita de las transformaciones radicales, que caracterizan por su naturaleza y velocidad la condición revolucionaria del fenómeno. En otros términos: las modificaciones concebidas una a una como hechos aislados no justifican la revolución, son únicamente los medios necesarios para lograr el nuevo modelo, porque es en él donde radica la significación revolucionaria. Hay una utopía social presente, más o menos dibujada, pero holística, integral. En los casos en que no es así la revolución evoluciona hacia situaciones caóticas. Se puede citar la experiencia de los primeros años de la República, cuando hasta tres modelos se contraponían: el republicano de izquierdas, de perfil liberal; el revolucionario socialista que tenía como referencia la revolución bolchevique en Rusia y sus consejos de trabajadores, campesinos y soldados con cargo al sector largocaballerista de PSOE y la UGT, la JSU y el PCE; y la utopía anarquista. El resultado fue un estadio de desorden profundo que malogró la República. Retrocediendo más en el pasado podemos encontrar otra situación caótica, un ejemplo clásico, utilizado por Marx críticamente, en la Comuna de París del 1871. Porque la cuestión no es tanto “dar la vuelta” al marco institucional imperante sino tener definidas las características del nuevo. La situación española actual se caracteriza precisamente porque une una voluntad decidida de dinamitar las instituciones sociales, dotándolas de un nuevo significado, con la carencia de un proyecto de sociedad basado en esta nueva orientación. Se altera, se destruye, se producen unos discursos llenos de tópicos, pero no hay ninguna formulación de cuál es el modelo de llegada.

Es, en este sentido, la primera revolución postmoderna, porque no fija un modelo, no es holística. Funciona por acumulación de cambios radicales y parciales, que son presentados aisladamente pese a que inciden sobre unos mismos ejes de la estructura de la sociedad. Pero también es una revolución hipermoderna, si seguimos la idea de Alain Touraine, de que la modernidad históricamente se ha caracterizado por destacar en la crítica (69) y ser altamente deficiente en la construcción de una sociedad basada en sus valores. Tienen una gran capacidad de destruir lo que hay, pero no tienen ninguna para definir un modelo alternativo de sociedad sostenible fundamentado en las nuevas instituciones que están formulando. En definitiva, estamos ante una revolución que no se sabe dónde nos conduce.

Las nuevas leyes.
Cuando se defiende el modelo de sociedad debe tenerse en consideración que éste descansa sobre unas instituciones y sistemas de valores determinados. Si éstos son alterados, obviamente el modelo se transforma. Si, además, lo hace sin guía de cómo se quiere el resultado, lo que se genera es una dinámica de desorden social y económico a largo plazo. Las leyes que inciden sobre las instituciones sociales y la concepción antropológica del ser humano tienen unos efectos particularmente graves, porque se hacen sobre todo visibles a largo plazo, mientras que a corto plazo se manifiestan, como hemos visto, en la dinamización de un conjunto de disfunciones que pueden presentarse como desconectadas entre si, y sin relación con la causa originaria.

Las nuevas leyes inciden sobre las personas y la sociedad de tres maneras fundamentales:
La primera y decisiva, alterando aquello que existía previamente. Nadie puede desobedecer una ley, y si lo hace, su actuación será penalizada.
El segundo efecto de la legislación española revolucionaria es la pérdida de acceso a la realidad. José Antonio Marina, en su ensayo “Teoría de la inteligencia creadora”70 declara: “El uso indiscriminado de un término no sería grave si las palabras no fueran un instrumento para analizar la realidad. Pero lo son. Sus significados indican senderos abiertos en las cosas, que las hacen transitables. Una palabra perdida es, tal vez, un acceso a la realidad perdida”.
El tercer efecto de las leyes es la pedagogía. Ellas son hoy las principales fuentes de moral. Erróneamente se cree que el bien es aquello que es legal, cuando en realidad la norma sólo designa la obligación pero no nos dice nada de su calidad moral. Por ejemplo, hacer ejercicio regularmente es una actitud moral responsable hacia uno mismo y la sociedad porque garantiza unas mejores condiciones de salud, pero ninguna ley obliga a hacerlo, y a la inversa: que sea posible legalmente que una mujer de sesenta años que vive sola pueda ser madre por la vía de la inseminación artificial, como permite la legislación española, no es un acto virtuoso propio de una comunidad responsable, ni un signo de progreso, sino un desgracia moral por su irresponsabilidad, y una vulneración de los derechos del futuro niño.
Las principales normas jurídicas de la revolución española son las que figuran en la tabla siguiente. En unos casos es el conjunto de la ley, en otras sólo algunos artículos concretos, pero el conjunto es único y de un efecto socioeconómico extraordinario.
Tabla 12

La nueva legislación española.

Ver tabla

Es un precedente a la maternidad o paternidad no ligada ni a la biología, ni a la adopción. La extrapolación es fácil. Si este derecho especial es válido para las personas que trabajan en la administración pública, ¿por qué no debe serlo para el conjunto de la población? Y también una segunda. Si se puede ser progenitor a efectos laborales, ¿por qué no se puede extender a otros campos, hasta constituir un sucedáneo de la patria potestad?
En definitiva, esta es la vía que se siguió en la legislación sobre parejas de hecho. Primero se efectuó una equiparación conceptual con la figura matrimonial, para preparar el poder extender a los homosexuales el matrimonio de pleno derecho.
También es singular el texto de la ley sobre el nuevo Código de Familia que suprime la obligación de la fidelidad en el matrimonio y la sustituye por la lealtad. Andalucía presenta una característica que cabe subrayar: su legislación actúa como precursora de la legislación estatal, como la legalización de la investigación con embriones humanos, y las operaciones de cambio de sexo con cargo a la Sanidad pública.

Las leyes mencionadas en la tabla precedente, afectan radicalmente a la naturaleza antropológica del ser humano y las instituciones socialmente valiosas e insustituibles que aquella naturaleza configura. Son los factores pilares de la persona y de la sociedad los que están siendo alterados y sustituidos por otros muy distintos. La mayor parte de ellos han sido ya citados en relación a disfunciones y consecuencias a ellos ligadas. Es, por lo tanto, suficiente efectuar una sumaria relación final dirigida a exponer su articulación. Básicamente pueden adscribirse a dos grupos:

El proyecto de la ley de igualdad introduce un tema central para la perspectiva de género: las cuotas y la generación de conflicto por esta causa en el ámbito privado, las empresas, y la restricción ya comentada de la capacidad de elección del ciudadano en el ámbito de las listas electorales. Las mujeres dejan de ser valoradas “per se”, y pasan a formar parte de una “clase” y ser presentadas en bloque. Es obvio que existían vías bien diferentes basadas en las políticas positivas y de fomento, pero éstas reducen o excluyen la formación de la “clase” y la posibilidad de una dialéctica de enfrentamiento. El anunciado proyecto de identidad sexual completará el marco conceptual de las políticas de género al incorporar otros tipos de conductas a las homosexuales, como los transexuales. Constituirá un paso muy definido hacia la configuración legal de la teoría de que no existen hombres y mujeres sexualmente hablando, sino múltiples opciones sexuales. Una aplicación concreta de esta concepción es la incorporación del cambio de sexo en el catálogo de las prestaciones sanitarias obligatorias.

La cuestión de fondo no está en la abundancia de matrimonios homosexuales, que nunca superarán unos pocos millares sobre millones de matrimonios heterosexuales, sino en la destrucción del sentido de la institución para las parejas heterosexuales: casarse y no tener hijos es socialmente perfecto y romper a la primera también.
La ley que regula la reproducción asistida es un prototipo de política del deseo: el sujeto de protección, el embrión primero, y el hijo después, pasan a un segundo plano: sólo cuenta el deseo de ser madre. Es una ley singular en el contexto internacional.
La ley orgánica de la educación pertenece parcialmente a este bloque, en la medida que continúa evitando la introducción de la cultura del esfuerzo, del trabajo, y el principio de autoridad en la escuela, como concepción general; es decir, rechaza todo aquello que por el marco referencial de la política del deseo presenta una contradicción inasimilable, con independencia de su necesidad pedagógica. En un plan muy específico, la introducción de la asignatura de la Educación para la Ciudadanía, representa la voluntad de adoctrinar precisamente en la lógica de la ideología de género y las políticas del deseo.

El proyecto de ley sobre investigación en biomedicina establece también una singularidad española en el ámbito de las políticas del deseo, en lo que constituye el núcleo material fundador de la condición humana, el embrión. España se inscribe así en el ámbito de los pocos países que permiten el uso, con escasas limitaciones, de los embriones, incluida la clonación, una opción esta última que la ONU recomienda no aplicar, tanto en la vertiente denominada terapéutica, como en la reproductiva.
El resultado define un sistema único en el mundo que articula las diferentes partes legales y que produce unos efectos, que si bien han sido considerados en una primera aproximación, deben ser mucho más estudiados desde un punto de vista holístico, para integrar mejor sus interrelaciones, sobre todo sobre tres campos diferentes: el de las instituciones sociales, sus disfunciones y su resultado sobre el funcionamiento de la sociedad. También con respecto a la sostenibilidad del estado del bienestar. Finalmente, por sus efectos directos sobre la economía, tanto en el ámbito macro como microeconómico.

Notas
45. Christina Hoff Sommers, Who Stole Feminism? How Women Have Betrayed Women. Touchstone, 1994
46. Se puede encontrar una edición en castellano en Internet que es traducción del alemán de la 4ª edición de 1891: http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap9.htm
47. The Dialectic of Sex: A Case for Feminist Revolution. Morrow 1970.
48. Sexual Democracy: Women, Oppression and Revolution. Westview, 1991.
49. Citado per Jutta Burggraf. Perspectiva de género: sus peligros y alcances. Profesora en la Universidad de Navarra, España.
50. Violència: tolerància zero. Fundació La Caixa. Barcelona, 2005.
51. Está vigente desde enero de 2005.
52. en El País (3 de septiembre de 2006)
53. Alison Jagger, "Political Philosophies of Women’s Liberation", Feminism and Philosophy, Littlefield, Adams & Co., Totowa, New Jersey, 1977, p.13
54. Ob. Cit. p.14
55. Council of Europe, "Equality and Democracy: Utopia of Challenge?", Palais de l’Europe, Strausbourg, Febrer 9-11, 1995. Pàg. 25.
56. "Gender Perspective in Family Planning Programs", Division for the Advancement of Women.
57. Christine Riddiough, "Socialism, Feminism and Gay/Lesbian Liberation", Women and Revolution, p. 80.
58. El Malestar de la Cultura. Alianza Editorial. Madrid, 1998.
59. Ibid p.147
60. Ibid p.147
61. Ibid p.149
62. Ibid p.149
63. Para un mayor desarrollo del concepto véase: Josep Miró i Ardèvol., El desafío cristiano. Ed. Planeta. Barcelona, 2005.
64. Economie libidinale. Paris: Minuit, 1974.
65. La condition postmoderne: rapport sur le savoir. Paris: Minuit, 1979.
66. Entrevista realizada por Regina Michalik, de Lola Press. Mayo, 2001.
67. Vaclav Belohradsky. La vida como problema político. Ediciones Encuentro. Madrid, 1988.
68. A 1 de enero de 2006, según el INE.
67. Vaclav Belohradsky. La vida como problema político. Ediciones Encuentro. Madrid, 1988.
68. A 1 de enero de 2006, según el INE.
69. Alain Touraine, Crítica de la modernidad. Temas de Hoy. Madrid, 1993.
70. Marina, J.A.: Teoría de la inteligencia creadora. Anagrama, Barcelona, 1993.

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Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDE).
Universitat Abat Oliba CEU

A ellas cabe añadir las que son propias del ámbito autonómico, con contenidos ideológicos de mucho interés, especialmente en Andalucía y Cataluña. Concretamente, en el caso catalán hay que señalar la modificación de la norma vigente con el fin de que las parejas de hecho homosexuales también puedan adoptar, y una extraña medida en el marco de una ley de conciliación de la vida profesional y familiar para el personal de la función pública (Medidas de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Cataluña), que en su Disposición Transitoria Cuarta 1 establece que “las personas que asuman mediante un documento público la maternidad o paternidad compartida del hijo o hija de otra persona son consideradas progenitoras de éste”. Se establece así que mediante una actuación notarial, uno de los dos miembros de una pareja de hecho pueda lograr ante la Administración de la Generalitat el reconocimiento como progenitor. Es un precedente a la maternidad o paternidad no ligada ni a la biología, ni a la adopción. La extrapolación es fácil. Si este derecho especial es válido para las personas que trabajan en la administración pública, ¿por qué no debe serlo para el conjunto de la población? Y también una segunda. Si se puede ser progenitor a efectos laborales, ¿por qué no se puede extender a otros campos, hasta constituir un sucedáneo de la patria potestad?
En definitiva, esta es la vía que se siguió en la legislación sobre parejas de hecho. Primero se efectuó una equiparación conceptual con la figura matrimonial, para preparar el poder extender a los homosexuales el matrimonio de pleno derecho.
También es singular el texto de la ley sobre el nuevo Código de Familia que suprime la obligación de la fidelidad en el matrimonio y la sustituye por la lealtad. Andalucía presenta una característica que cabe subrayar: su legislación actúa como precursora de la legislación estatal, como la legalización de la investigación con embriones humanos, y las operaciones de cambio de sexo con cargo a la Sanidad pública.
Las leyes mencionadas en la tabla precedente, afectan radicalmente a la naturaleza antropológica del ser humano y las instituciones socialmente valiosas e insustituibles que aquella naturaleza configura. Son los factores pilares de la persona y de la sociedad los que están siendo alterados y sustituidos por otros muy distintos. La mayor parte de ellos han sido ya citados en relación a disfunciones y consecuencias a ellos ligadas. Es, por lo tanto, suficiente efectuar una sumaria relación final dirigida a exponer su articulación. Básicamente pueden adscribirse a dos grupos:

1. Leyes elaboradas en el marco de la ideología de género.
Reúne este bloque la ley sobre protección contra la violencia de género, caracterizada por la penalización de la condición del ser-hombre, la judicialización de las relaciones de pareja y el rechazo a la conciliación en la lógica de la dialéctica de enfrentamiento. También forma parte una ley de escasa significación cuantitativa pero dotada de una formidable carga de demolición antropológica y de las instituciones: la modificación del Código Civil para dar pie al matrimonio y la adopción homosexual. La modificación llega al extremo de alterar el sentido del lenguaje, de forma que la institución del padre y la madre y la realidad biológica hombre-mujer pasan a un segundo término, sustituidos por los “progenitores” y “cónyuges” asexuados en cuanto a concepto, y abiertos a cualquier práctica sexual. Es la manifestación política más exitosa que se puede encontrar en el mundo, Holanda incluida, de aplicación de la ideología de género.
El proyecto de la ley de igualdad introduce un tema central para la perspectiva de género: las cuotas y la generación de conflicto por esta causa en el ámbito privado, las empresas, y la restricción ya comentada de la capacidad de elección del ciudadano en el ámbito de las listas electorales. Las mujeres dejan de ser valoradas “per se”, y pasan a formar parte de una “clase” y ser presentadas en bloque. Es obvio que existían vías bien diferentes basadas en las políticas positivas y de fomento, pero éstas reducen o excluyen la formación de la “clase” y la posibilidad de una dialéctica de enfrentamiento. El anunciado proyecto de identidad sexual completará el marco conceptual de las políticas de género al incorporar otros tipos de conductas a las homosexuales, como los transexuales. Constituirá un paso muy definido hacia la configuración legal de la teoría de que no existen hombres y mujeres sexualmente hablando, sino múltiples opciones sexuales. Una aplicación concreta de esta concepción es la incorporación del cambio de sexo en el catálogo de las prestaciones sanitarias obligatorias.

2. Leyes relacionadas con las políticas del deseo.
Todas las normas que se formulan dentro la doctrina de la perspectiva de género pertenecen a la vez a este bloque del deseo, pero además y específicamente hay que considerar otras, como la nueva legislación sobre el divorcio. Su articulación con la regulación sobre el matrimonio homosexual tiene una doble lectura. Por una parte, el nuevo divorcio se ajusta mejor a la inestabilidad crónica de la relación homosexual, especialmente la masculina, pero sobre todo la interacción de ambas deja vacío de sentido al matrimonio: un contrato que por definición puede ser estéril y disuelto por deseo unilateral, es una forma de convivencia confusa, débil e inestable.
La cuestión de fondo no está en la abundancia de matrimonios homosexuales, que nunca superarán unos pocos millares sobre millones de matrimonios heterosexuales, sino en la destrucción del sentido de la institución para las parejas heterosexuales: casarse y no tener hijos es socialmente perfecto y romper a la primera también.
La ley que regula la reproducción asistida es un prototipo de política del deseo: el sujeto de protección, el embrión primero, y el hijo después, pasan a un segundo plano: sólo cuenta el deseo de ser madre. Es una ley singular en el contexto internacional.
La ley orgánica de la educación pertenece parcialmente a este bloque, en la medida que continúa evitando la introducción de la cultura del esfuerzo, del trabajo, y el principio de autoridad en la escuela, como concepción general; es decir, rechaza todo aquello que por el marco referencial de la política del deseo presenta una contradicción inasimilable, con independencia de su necesidad pedagógica. En un plan muy específico, la introducción de la asignatura de la Educación para la Ciudadanía, representa la voluntad de adoctrinar precisamente en la lógica de la ideología de género y las políticas del deseo.
El proyecto de ley sobre investigación en biomedicina establece también una singularidad española en el ámbito de las políticas del deseo, en lo que constituye el núcleo material fundador de la condición humana, el embrión. España se inscribe así en el ámbito de los pocos países que permiten el uso, con escasas limitaciones, de los embriones, incluida la clonación, una opción esta última que la ONU recomienda no aplicar, tanto en la vertiente denominada terapéutica, como en la reproductiva.
El resultado define un sistema único en el mundo que articula las diferentes partes legales y que produce unos efectos, que si bien han sido considerados en una primera aproximación, deben ser mucho más estudiados desde un punto de vista holístico, para integrar mejor sus interrelaciones, sobre todo sobre tres campos diferentes: el de las instituciones sociales, sus disfunciones y su resultado sobre el funcionamiento de la sociedad. También con respecto a la sostenibilidad del estado del bienestar. Finalmente, por sus efectos directos sobre la economía, tanto en el ámbito macro como microeconómico.

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