Tabacalera Española ha anunciado el cierre de seis de sus catorce fábricas y la supresión de 1.400 empleos. La noticia debería ser motivo de satisfacción en una época que ha transformado el placer de fumar en vergonzante tabaquismo. A golpe de campañas sanitarias, mayores impuestos y límites de publicidad, reforzados por la prohibición de fumar en cada vez más espacios públicos, se impone la voluntad de acorralar al tabaco. El repliegue de Tabacalera podría considerarse, pues, como un signo positivo y alentador.

Sin embargo, la noticia ha puesto en pie de guerra a las regiones y municipios afectados por los cierres. Nadie quiere perder un puesto de trabajo y todos presionan para que se mantengan los empleos dedicados a lo que, por otro lado, se califica de peligrosa adicción. Los mismos gobiernos autónomos cuyas autoridades sanitarias advierten que fumar perjudica seriamente la salud, aseguran que dejar de producir cigarrillos daña gravemente la salud económica de su región. Sólo falta que se comprometan a subvencionar a la Tabacalera para que mantenga las fábricas amenazadas de cierre.

Y es que lo queremos todo y ya. Como consumidores defendemos el placer de fumar, como personas preocupadas por la salud deseamos que se estimule al abandono del tabaco, como productores nos indigna que se pierda empleo en el sector tabaquero, y si caemos enfermos por el uso del tabaco reclamaremos una indemnización a Tabacalera porque nunca nos advirtió lo suficiente del riesgo corrido. Todo menos asumir los costes de las decisiones, personales o políticas.
Ignacio Aréchaga

Aceprensa 131/1999