La nueva ley italiana en materia de droga, aprobada en 1990 y fuertemente fijada en los principios de la Convención de Nueva York de las Naciones Unidas, constituye un valeroso cambio frente a una lógica permisiva y de abandono, de las instituciones, en la acción de prevención y de recuperación de los drogadictos que durante mucho tiempo ha caracterizado desgraciadamente a nuestro país.

Fuertemente querida por el Presidente Andreotti, aprobada, no sin fatiga, en el Parlamento por una amplia mayoría, declarada completamente constitucional por una reciente sentencia del Tribunal y acogida favorablemente por gran parte de la población, dicha ley es aun atacada con gran vigor por los antiprohibicionistas que, precisamente en estos días, están recogiendo firmas para llegar a un referéndum de abrogación de algunas partes importantes de la misma.

Las opciones de fondo operadas por la normativa de 1990 se refieren a problemas en este momento comunes a todos los países y, en consecuencia, puede ser útil una breve reflexión sobre los mismos.

En el frente de la lucha al narcotráfico, la ley opta con valor por la potenciación de los medios y de los instrumentos operativos puestos a disposición de las fuerzas del orden y por el agravamiento de las penas para los traficantes de droga. En este frente, el éxito ha sido inmediato e importante. Tras la entrada en vigor de la ley, los secuestros de heroína, cocaína y cannabis han aumentado de hecho respectivamente en un 74,31%, 58,95% y 16,21%. Además han aumentado en un 27,15% las operaciones de policía que, gracias a los mecanismos de la nueva ley y a la revigorizada coordinación internacional entre las fuerzas del orden, se realizan contra traficantes de calibre cada vez mayor. Con respecto al consumidor de droga, la ley establece claramente el principio de la ilicitud y de la condición de punible de la posesión y del consumo, modificando el sistema jurídico en vigor desde 1975, el cual, aun basándose en la ilicitud, preveía el no ser punible la posesión y el uso personal «de pequeña cantidad» de sustancias tóxicas. Este límite ha producido consecuencias devastadoras en el país, llevando a un tráfico capilar, a una sustancial renuncia de las instituciones y de la sociedad a combatir el uso personal y a la subrepticia formulación de una especie de derecho a drogarse.

En la nueva normativa, la condición de punible del consumidor se concreta sobre todo a través de la posibilidad de los Prefectos de imponer sanciones administrativas (suspensión del carnet de conducir, porte de armas, etc.). Pero la característica de la sanción es que puede ser evitada por el drogadicto aceptando emprender un proceso de desintoxicación. Los objetivos de fondo de la nueva ley son, efectivamente, junto a la lucha contra el tráfico de drogas, la prevención y la recuperación de drogadictos.
La nueva normativa —es este el sostén de la opción querida por el Gobierno y por el Parlamento— cumple una opción clara afirmando el contravalor del consumo de droga.
Durante la discusión de la ley, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, mucho se ha discutido en torno al tema de la libertad. En el fondo, el debate entre prohibicionismo (que creo más justo llamar asunción de responsabilidades de las Instituciones frente al consumo de drogas) y antiprohicionismo, supone dos modos diferentes de concebir la libertad. Aún mas, para hablar con mayor claridad, creo que las posiciones de los antiprohibicionistas son del todo antitéticas con respecto a un correcto y realista concepto de libertad. De hecho no puede calificarse de libertad el ser o el convertirse en esclavos de una sustancia toxica, el autodestruirse, el ponerse en manos de los traficantes como peón inerme para sus negocios y sus ganancias. Quien consume droga alimenta —aun sin quererlo— y financia la delincuencia y, por lo tanto, se comporta de modo gravemente antisocial.

Es este uno de los mensajes que lanzaremos en la próxima campaña de la Presidencia del Consejo, que nos prometemos tenga el mismo impacto positivo de las dos ya realizadas, contribuyendo así a que la opinión pública sea consciente de lo antisocial y peligroso del consumo de drogas. La libertad, según cuantos han sostenido la nueva ley, tiene un significado bastante más noble y más alto del que le atribuyen los antiprohibicionistas. La libertad es la posibilidad de realizarse al máximo en las personales potencialidades; es posibilidad de pensar, obrar, construir, sustraerse al dominio ajeno. Libertad es exactamente lo contrario de lo que experimenta quien usa la droga.

Es antisocial el uso de sustancias toxicas, según quien ha sostenido la nueva ley, porque —además de constituir un atentado al derecho a la salud de toda persona humana— causa graves problemas para la familia y para el ambiente en que vive el drogadicto. Un interesante dato de nuestra experiencia lo constituye el hecho de que nunca se ha elevado una protesta por parte de las familias de drogadictos, por mas que el iter de aprobación y primera actuación de la nueva ley haya ido adelante en un clima de encendidas e instrumentales polémicas, en las que no ha faltado el peso de fuertes intereses económicos, que la nueva ley va a sacudir valerosamente. Quien ha sufrido o sufre en el propio núcleo familiar el drama de la droga y, por lo tanto, se acerca al problema con la real intención de superarlo, o por lo menos contenerlo, comprende inmediatamente que introducir con claridad en la ordenación jurídica el principio de ilicitud y hacerlo respetar en concreto, constituye una pieza insustituible de una real estrategia de prevención. El Gobierno esta ahora comprometido a realizar de modo incisivo y enérgico el complejo y articulado sistema de lucha contra la droga delineado por la nueva ley; un sistema que prevé colaboraciones y sinergias, además de en el plano internacional, en el frente interno, entre órganos centrales y periféricos del Estado, entre instituciones públicas y grupos de voluntariado. Si en algunos frentes (la lucha contra el trafico de drogas a la que he aludido antes) los resultados han sido notables e inmediatos, en otros, en cambio (prevención y recuperación), las recaídas positivas del trabajo emprendido —que comporta la necesidad de incidir en la cultura y en las costumbres individuales y colectivas— se manifestaron a mas largo plazo. Por lo demás, no es posible recuperar en pocos meses los terribles deterioros de años de sustancial inercia. Esta dificultad, lejos de desanimar, hace más motivada e incisiva la acción del Gobierno. Pero las instituciones publicas, aunque fuertemente comprometidas, no pueden por si solas hacer madurar la conciencia de la peligrosidad y del carácter antisocial del uso de sustancias tóxicas. Es necesario que se movilicen la comunidad científica internacional, el mundo de la cultura, las realidades sociales, hallando el valor unificador de su acción en el empeño de defensa del hombre, de su integridad, de su verdadera libertad y posibilidad de relación. También por estos motivos, el encuentro que hoy concluye tiene un valor y un significado excepcionales.
Expreso mi gratitud a quien lo ha organizado y preparado y a cuantos han ofrecido en él una altísima contribución de competencia científica y de sensibilidad humana.

Hon. Rosa Russo Jervolino
Ministro para los Asuntos Sociales. Italia

Dolentium Hominum n. 19