Getxo

Uno de los pasos iniciales en el reconocimiento legal de este tipo de conductas fue la reapertura de la primera querella de mobbing que se produjo en España, presentada en 2003 y reabierta por orden de la Audiencia de Barcelona en mayo de 2004.

La situación llegó a extremos alarmantes. Según la demandante, una viuda de 75 años que disfrutaba de un contrato de alquiler indefinido desde 1936 con una renta mensual de 40 euros, se vio coaccionada por el propietario a abandonar la finca voluntariamente, renunciando a la indemnización que por ley le pertenece por rescisión del contrato.

Para conseguir el abandono de la vivienda, el piso se encontraba en un importante estado de deterioro y abandono, infestado de ratas y cucarachas, y lleno de grietas; por no mencionar los problemas en el suministro de agua y electricidad, y la aparición de unos okupas que se habían instalado en el terrado. La sentencia continúa pendiente en los tribunales.

El primer caso de «mobbing inmobiliario» en los tribunales

Afortunadamente, parece que la Justicia comienza a reconocer la gravedad de este tipo de conductas. Un caso severo de mobbing es el que recientemente se ha conocido en Getxo (Vizcaya) y que al final ha dado la razón a los inquilinos, en lo que es la primera sentencia en España que reconoce este tipo de coacciones inmobiliarias.

Hace más de un año comenzaron los problemas para los vecinos de la casa Tangora, un edificio de cinco plantas dividido en tres viviendas, dentro del barrio de Neguri. Un empresario adquirió el piso intermedio que estaba entre los otros dos, pero quería hacerse con el edificio entero. Los vecinos del primer piso, un dúplex, se negaban a vender, así que el empresario cedió su propiedad a una familia gitana de treinta miembros.

Desde mediados de 2003, los vecinos del edificio presentaron más de 50 denuncias por amenazas, robos e inundaciones, en lo que se había convertido en una auténtica campaña de acoso para expulsar a los antiguos inquilinos de la casa.
Un juez de Getxo dictó en agosto de 2004 medidas cautelares contra los acusados por mobbing inmobiliario en el edificio: el empresario y tres de los treinta inquilinos de etnia gitana. La sentencia obliga al desalojo de los imputados, su expulsión de la localidad de Getxo y una orden de alejamiento de los vecinos. Los habitantes de la casa Tangora tuvieron que soportar graves amenazas el mismo día en el que desalojaron a los acosadores.

El magistrado reconoce así en su sentencia que los imputados ejercían "un plan sistemático de acoso contra sus vecinos", precisamente lo que se conoce como mobbing inmobiliario. Sin duda se trata de una victoria legal histórica que abre un camino esperanzador para la protección contra este tipo de delitos

Ancianos víctimas de intereses inmobiliarios

La audiencia de Barcelona ha reabierto una querella de 2003
En los tiempos que corren, quien tiene una vivienda tiene un tesoro. Por eso, no es de extrañar que aquellos que gozan del privilegio de tener una casa en propiedad intenten sacarle todo el provecho posible, aun a costa de perjudicar a otros.
No se trata de un hecho aislado –prueba de ello es que el fenómeno ya ha sido bautizado con el nombre de mobbing inmobiliario– y aquellos que lo practican son, en su mayoría, propietarios que tienen arrendada su vivienda con contratos de renta antigua, lo que para ellos es sinónimo de escasa rentabilidad.

Querella
Ahora la Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la primera querella por mobbing inmobiliario que se produce en España, aunque, seguro, son muchos los inquilinos que sufren este problema.

La querella fue presentada en noviembre de 2003 por una anciana de 75 años, titular junto a su marido, ya fallecido, de un contrato de alquiler indefinido, suscrito por su padre en 1936 por el que paga una renta mensual de 40 euros.
Aunque el pasado diciembre la titular del juzgado número 17 de Barcelona no la admitió a trámite por estimar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, finalmente, la Audiencia de Barcelona ha ordenado a una juez que admita a trámite dicha querella ante la posibilidad de la existencia del delito de coacciones, denunciado por la parte demandante, y ha ordenado que se practiquen las diligencias investigadoras precedentes para esclarecer los hechos.

Y los hechos son, según narra la anciana, escalofriantes: la denuncia presentada por la inquilina recoge que el propietario la está coaccionando para que abandone el piso de forma voluntaria, renunciando, además, a la indemnización a la que tiene derecho por llevar a cabo la rescisión del contrato.

El actual arrendador del piso, por su parte, no está manteniendo el inmueble en condiciones óptimas para ser habitable, tal y como le corresponde. Así, el edificio en el que vive la afectada presenta un estado lamentable, con numerosas grietas, y está invadido por las cucarachas y ratas que habitan en los pisos ya desalojados y que el propietario ha tapiado sin antes limpiarlos.
Por si esto fuera poco, desde hace unos meses, un grupo de okupas se ha instalado en el terrado del inmueble, impidiendo a la anciana subir al mismo. Además, los squaters manipulan a su antojo las instalaciones del agua y la luz para tener suministros.

Según la sentencia, esta situación encaja perfectamente con el fenómeno denominado como mobbing inmobiliario. Por eso, la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona ha tenido en consideración la argumentación del abogado de la inquilina, José Ángel González Franco, y ha decidido admitir a trámite la querella.
Investigación

González Franco ha pedido la implicación del ministerio público para que se investiguen estos hechos, ya que, en su opinión, hasta el momento, «la Fiscalía ha mostrado un total desinterés».
De momento, el ministerio público no ha ejercido acusación en este caso, manteniéndose al margen, pese a las manifestaciones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), José María Mena, que la semana pasada aseguró en el Parlament la voluntad de la Fiscalía de perseguir casos de mobbing inmobiliario. Mena señaló que para ello no se precisa ninguna reforma del Código Penal, ya que se puede reconducir hacia el delito de coacciones.

Los padres de un colegio denuncian “mobbing inmobiliario”

Neus Caballer - Valencia - 06/02/2008
La falta de suelo público en el núcleo urbano de Alboraia debida al exponencial crecimiento demográfico de este municipio -casi pegado a Valencia a través de cuatro kilómetros de huertaestá provocando el caos entre los padres del colegio Ausiàs March, que desde el 31 de marzo de 2007 llevan a sus hijos a una escuela cuyo suelo ya no es de propiedad municipal, pues se permutó hace años.

Al calvario de las familias de los 190 niños de 3 a 12 años del Ausiàs March por la provisionalidad del centro se añade ahora una situación que califican de "mobbing inmobiliario", según han denunciado varios padres entrevistados. "El mobbing consiste en que todas las calles y accesos al colegio están afectadas por obras que hacen imposible seguir las clases, porque los decibelios superan lo permitido", explican Carmen y María Ángeles, dos madres que padecen esta situación desde hace años.
"Por un lado, están dos grandes máquinas de una depuradora que limpia el barro y las aguas procedentes de las ya de por sí ruidosas obras de ampliación del metro. Por otro, los contenedores que remueven la tierra; y, finalmente, está el inicio de las obras de una finca que fue demolida por aluminosis".

"Estamos viviendo una situación de mobbing inmobiliario total", según ha acuñado Juan Carlos, otro padre que adelanta que "la solución" del Ayuntamiento pasa por convertirlos en desplazados saharauis a un centro cívico de la Patacona, a tres kilómetros del casco urbano.

La asociación de padres de alumnos del Ausiàs March, que se reúne hoy, se debate entre llevar a sus hijos a la Patacona o solicitar al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que les ceda un espacio provisional en el polideportivo que hay al final del pueblo. "Aunque se tendrían que instalar aulas prefabricadas", comenta Carmen, "sería una opción más razonable, sobre todo, para las familias con hijos pequeños que tienen que ser cambiados por las mamás".

Arquitectos Sin Fronteras