ROMA/GINEBRA, martes, 22 marzo 2011 (ZENIT.org).- En una nota de 28 de febrero, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) daba cuenta de que nueve oficiales del Ejército de la República Democrática del Congo (TDC), acusados de la violación de sesenta mujeres, fueron sentenciados a penas de entre diez y veinte años de cárcel por un tribunal militar en este país centroafricano. Es la primera vez que algo así sucede, después de años de denuncias de la execrable práctica de la violación sistemática como arma de guerra e intimidación.

Esta condena no deja de ser una gota de agua en el océano, cuando numerosas organizaciones y misioneros en este país vienen denunciando la violación sistemática de mujeres como instrumento de sometimiento de las poblaciones locales, pilladas en medio de un conflicto interminable, entre grupos guerrilleros incontrolados, que entran y salen de las fronteras de países vecinos, a veces mientras los elementos de fuerzas de la ONU miran para otro lado, si no con su complicidad o beneplácito, cuando su misión es precisamente defender a la población civil de estos desmanes.

Las mujeres que tienen que ver con esta condena fueron violadas la noche del 1 de enero, en la aldea de Fizi, a unos treinta kilómetros de Baraka, en la provincia oriental de Kivu Sur. Los testigos dijeron que casi toda la compañía, formada por unos 150 soldados, estacionada en Fizi, participó en el delito.

El juicio se celebró el 21 de febrero en la aldea de Baraka, junto al lago. Esta es la primera vez que se lleva a un oficial ante los tribunales por un crimen de este tipo. Un teniente coronel, dos mayores, y un teniente segundo fueron sentenciados a veinte años por "crímenes contra la humanidad en forma de violación y otros actos terroristas e inhumanos."

En general, el este de la RDC es una región extremadamente insegura. Según las organizaciones de derechos humanos, los numerosos grupos armados que operan en la región no tienen ningún respeto por las poblaciones locales, ni por los agentes humanitarios, y menos aún por los delincuentes comunes.
 
La violación ha sido utilizada como una brutal arma de guerra en el este de la RDC, donde los soldados y varios grupos de milicianos utilizan la violencia sexual para intimidar, castigar o controlar a la población.

Sólo en 2009, se estimó --informa el SJR- que, al menos, se cometieron 8.300 violaciones, entre las cuales había la de un niño bebé de un mes, así como la de mujeres ancianas.

Más al norte, en los territorios de Masisi y Rutshuru, donde está el SJR, las poblaciones locales también hablan de sus temores y de su desconfianza respecto al ejército nacional y a los grupos rebeldes.

"Masisi es probablemente la capital mundial de las violaciones. En el campamento de Bukombo para desplazados internos, con una población de 2.500 personas, hubo diez violaciones sólo en las primeras seis semanas de 2011; una de cada diez mujeres al año. Estas violaciones las cometen hombres "no identificados, uniformados, armados", dijo el representante del SJR ante la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Michael Gallagher SJ.

El SJR gestiona un amplio abanico de proyectos de educación, formación profesional y generación de ingresos en el este de la RDC. Aparte de los servicios educativos para los niños y las niñas, hay apoyos específicos para los grupos considerados como más vulnerables: ancianos, enfermos, huérfanos, y víctimas de la violencia sexual y de género.
Las mujeres desplazadas en situación de vulnerabilidad han recibido capacitación profesional para formarse en costura y para alfabetizarse. Los productos que elaboran se venden en las escuelas apoyadas por el SJR.

Además, la entidad humanitaria de los jesuitas organiza talleres de formación de maestros, distribuye materiales escolares y reconstruye escuelas. La reconstrucción de las escuelas se lleva a cabo en colaboración con la población local que, a cambio de los materiales y la experiencia, ofrece su trabajo.

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Juicio en Ruanda: Mujer se convierte en primera en ser condenada por genocidio

Una mujer se ha convertido en la primera mujer en la historia en ser condenada por genocidio, mientras un tribunal de la ONU condenó a la ex ministra de Ruanda a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluida la violación, el viernes.

Ataúdes de personas muertas durante el año 1994 en el genocidio de Ruanda en un memorial en Gisozi, Kigali el 7 de abril de 2004. (Foto: Reuters/Radu Sigheti)

Por Daniel Blake
Traductor Ana Vargas
The Christian Post| Jun. 24 2011

La ex ministro de Ruanda para la familia y asuntos de la mujer, Nyiramasuhuko Pauline, y su hijo, son sólo dos entre un número de sospechosos juzgado por un tribunal especial de genocidio de la ONU.

La fiscalía del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) la acusó de tomar parte en las decisiones para crear milicias en todo el país, y enviarlos para acabar con la población tutsi lo más rápido posible.

Se encontró que Nyiramasuhuko habia ayudado a secuestrar a cientos de tutsis que fueron asaltados, violados y asesinados en la región meridional de Butare.

Se cree que alrededor de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados durante el genocidio de Ruanda. En el transcurso de unos tres meses Nyiramasuhuko y su hijo, Arsene Shalom Ntahobali, se dice que han utilizado la milicia extremistas hutu Interahamwen para secuestrar a cientos.

El juez William Sekule describe: "Muchos estaban físicamente asaltados, violados y se los llevaron a varios lugares en Butare, donde fueron asesinados.

"Durante el transcurso de estos reiterados ataques contra los civiles vulnerables, tanto Nyiramasuhuko como Ntahobali ordenaron asesinatos. También ordenaron violaciones. Ntahobali cometio violaciones y Nyiramasuhuko ayudo e instigo violaciones."

La fiscalía afirmó que junto con su hijo, a menudo obligaba a la gente a desnudarse antes de transportarlos en camiones hasta su muerte.

Una vez que el genocidio había terminado ella huyó a la vecina República Democrática del Congo antes de ser arrestada en Kenia en 1997.

Han pasado 10 años desde que los juicios en el Tribunal comenzaron el 12 de junio de 2001; haciendo de estos procedimientos los más largos jamás realizados por el TPIR. En el transcurso de las actuaciones más de 150 testigos fueron utilizados.