Nuevamente entrará en la Cámara de Senadores de la Nación el proyecto de ley Programa Nacional de Prevención de la Anorexia y Bulimia Nerviosa, del senador ingeniero Pedro Salvatori, debido a que en su oportunidad, a pesar de haber obtenido media sanción de la Cámara alta, perdió estado parlamentario por haber vencido el plazo sin ser tratado por Diputados.

El proyecto del mismo autor, en 1999, también había obtenido media sanción en Diputados y perdió estado parlamentario en el Senado.
Llama la atención la displicencia que ha merecido el estudio y análisis De este importantísimo proyecto que apunta a disminuir, nada más y nada menos, que el creciente número de enfermos (en su mayoría adolescentes), que año tras año va en progresivo aumento, a tal punto que la Argentina es, después de Japón, el país con mayor incidencia de bulimia y anorexia. La OMS ha dado como índice de mortalidad de esta patología hasta un 13 por ciento, afectando especialmente a jóvenes de uno y otro sexo, de 14 a 20 años.

El proyecto tiene como finalidad la prevención y el control de estas patologías asociadas a trastornos de la alimentación, a través de la prevención y control de la enfermedad, mediante una serie de medidas, como la reglamentación de la publicidad destinada al consumo de productos alimenticios, medicamentos y dietas para adelgazar que, a través de metamensajes, siempre tendenciosos e inspirados en el afán de lucro, no miden el daño que pueden causar sobre la población en riesgo. También en el proyecto se prevé la amplia difusión de los peligros de esta enfermedad, por los medios orales, escritos y televisivos, incorporando el tema en los colegios para concientizar a los jóvenes desde temprana edad. Como referente de todos los pacientes que padecen o han padecido estos trastornos, ya que fui la primera enferma diagnosticada en el país y que ha formado los primeros grupos de ayuda mutua, quiero formular una convocatoria a nuestros legisladores nacionales para que con urgencia se aboquen al tratamiento de este proyecto de ley.

Entendemos que la cobertura debe ser integral, comprender tanto el tratamiento médico como psicológico de las personas afectadas. El costo asistencial para el Estado disminuye en función de la menor incidencia de la enfermedad, como consecuencia de la prevención.

Dra. María Cristina Mariani
Vicepresidenta de la Fundación Observatorio de los Derechos Humanos –FODHU-
Observatorio de los Derechos Humanos