Los habitantes de la ciudad de México nunca imaginaron que los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los tratarían como menores de edad, que les impedirían el ejercicio del libre albedrío y que intentaran, como están haciendo, oficializar la discriminación.

Satisfechos y orondos de las modificaciones que ya aprobaron a la ley de protección a los no fumadores, ahora se lanzan a reformar la ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles del Distrito Federal (en adelante la Ley). Ahora es para supuestamente proteger la salud de los no fumadores (y hasta de los fumadores que han decidido seguir fumando), mañana será para protegerlos del colesterol, de la obesidad o de la extrema delgadez, y pasado mañana de lo que se les ocurra para justificar sus sueldos y quedar bien con sus ideologías fundamentalistas y autoritarias.

Ya lo dijeron en la conferencia de prensa que dieron el martes pasado. “Xiuh Guillermo Tenorio (del partido de Elba Esther Gordillo) remarcó que aquellos negocios que no puedan hacer la separación física de las áreas de fumadores y no fumadores tendrán que establecer sus establecimientos como áreas totalmente libres de humo de tabaco” (La Jornada, 30/10/07).

Lo anterior quiere decir que de los más de 30 mil establecimientos mercantiles que venden alimentos procesados para consumir en sus locales y que no puedan dividir físicamente las áreas de fumadores y no fumadores (que son la mayoría: taquerías, fondas, cocinas económicas, etcétera), simplemente serán declarados áreas totalmente libres de humo de tabaco. Aquí ya empezó la discriminación.

La ley actual, en su artículo 9 fracción X, establece como obligación de los titulares de los establecimientos mercantiles en general que deberán prestar el servicio de que se trate a toda persona que lo solicite, sin discriminación alguna, salvo los casos de personas en evidente estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, o que porten armas, así como a los menores de edad para los cuales queda prohibido venderles bebidas alcohólicas. Y para el caso de los titulares de cervecerías, pulquerías, bares, cantinas, discotecas, salones de baile, peñas, salas de cine con venta de bebidas alcohólicas y cabarets (fracción XI) deberán colocar letreros visibles que señalen que en su establecimiento no se discrimina por motivos de raza, religión, orientación sexual, condición física o socioeconómica ni por ningún motivo.

El libre albedrío de un ciudadano, es decir, de una persona mayor de edad, consiste para el caso en decidir si entra a comer o a beber una cerveza o un café en un lugar donde se fuma o en un lugar donde no se fuma. Es una decisión personal. Contra lo que creen los asambleístas (ahora diputados), a mucha gente que no fuma no le importa respirar el humo de los que sí fuman. ¿Por qué privarlos de esta elección? Porque los diputados se han arrogado, indebidamente, la tutela de las libertades de los ciudadanos, algo así como yo sé lo que te conviene y lo que no, y lo que no te conviene está prohibido aunque en realidad no esté prohibido (la venta y el consumo de tabaco es legal).

Pero aquí no termina la dictadura de los diputados del Distrito Federal, pequeños big brothers de un país que estaba conquistando la democracia y las libertades. A miles de dueños de restaurantes con unas cuantas mesas, manteles y vajillas de plástico, y que con trabajos sacan para más o menos vivir, les exigirán que de las cuatro mesas que tienen dos o tres sean separadas físicamente de la otra donde se podrán sentar los fumadores. Si no pueden hacerlo, les tendrán que prohibir fumar a sus clientes habituales (trabajadores en su mayoría que no pueden pagarse una comida en restaurantes “elegantes”), o que se salgan a la calle donde todavía se permite fumar (a diferencia de varias ciudades de Estados Unidos que ya han prohibido fumar incluso en las playas).

La medida correcta, y no bigbrotheriana, sería que los titulares de los establecimientos mercantiles pusieran un letrero que diga cualquiera de dos cosas: “prohibido fumar en este establecimiento” o “aquí se permite fumar”. Será elección libre de los ciudadanos entrar a unos o a otros. Así de simple. Esto sería una democracia moderna donde se respetan las decisiones de los adultos y su libre albedrío y donde no son tratados como menores de edad. Sería el equivalente a un restaurante que sí tenga posibilidades de separar físicamente el lugar para fumadores del destinado a no fumadores. En estos casos el cliente escoge, fume o no fume. Pero a los titulares de pequeños establecimientos no se les quiere dar esta oportunidad, y son la mayoría (98 por ciento de los establecimientos, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera-Canirac).

Cuando en una democracia los representantes políticos toman decisiones autoritarias y propias de papás regañones (como si todos fuéramos sus hijos menores de edad) y sin consultar a los posibles afectados, es decir, a sus representados y/o gobernados, podemos prever que, en poco tiempo, más libertades serán restringidas y menos cerca estaremos de la democracia a la que aspiramos. Los fumadores somos minoría relativa (cerca de 18 millones), cierto, pero también tenemos derechos y no sólo los que tienen dinero para ir a un bar, cantina o restaurante de lujo donde sí se puedan establecer zonas de fumadores y no fumadores. Los titulares de bares y restaurantes, obvio es decirlo, también tienen derechos, por lo menos el de dar a escoger su local a su clientela (libre competencia).

La discriminación no debe permitirse en México. Ya se acabaron los tiempos en que las mujeres no podían entrar en las cantinas. No echemos marcha atrás con nuevas discriminaciones.

La Jornada