¿Abolir o regular? Son los dos enfoques tradicionalmente enfrentados sobre la prostitución, sin que se haya llegado a un consenso entre todos los países. Sin embargo, el Simposio Internacional sobre Prostitución y Tráfico de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, celebrado en Madrid entre el 26 y 28 de junio, alcanzó una conclusión clara: la prostitución es una forma de esclavitud que hay que combatir persiguiendo con más intensidad a quienes se benefician con el tráfico de mujeres. La balanza se inclina hacia el endurecimiento de las penas, pero no hay un acuerdo unánime en los países de la Unión Europea (UE).
En un momento en que la prostitución aumenta abiertamente su oferta en España, el objetivo del Simposio era lanzar un debate para que la opinión pública se incline por una de las dos corrientes mayoritarias: "la que considera la prostitución una vulneración de los derechos humanos y que hay que ponerle límite, o la que ve la prostitución como comercio o industria, solo en términos económicos", explicó Pilar Martínez, consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (organizadora del Simposio), en la clausura.
Ambas posiciones fueron debatidas en el Simposio, si bien la conclusión fue que España debería reformar el Código Penal para endurecer las penas de proxenetismo y tráfico de personas. El Simposio acordó pedir al Comité Especial que está elaborando en Viena el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas que incluya en esta definición las expresiones "incitación", "explotación de la prostitución ajena y todas las formas de explotación sexual" y "sin tener en cuenta el consentimiento de la persona". Es decir, aunque la víctima consienta en dedicarse a la prostitución, no por eso deja de haber trata de personas.
En los países de la UE no hay posición unánime acerca de sí la prostitución tiene que considerarse una actividad regulada o si se trata de una forma de esclavitud que hay que penalizar. Ningún país penaliza a las prostitutas. Sin embargo, España persigue a los proxenetas, aunque hace falta el testimonio de la mujer; Suecia penaliza a los clientes; Gran Bretaña no penaliza el tráfico de mujeres, pero sí apostarse en las calles en busca de clientes, etc.
En Italia se ha abierto un debate sobre la regulación. La Ministra de Solidaridad Social, Livia Turco, ha propuesto revocar una ley de 1958 que prohíbe las casas de lenocinio, y permitir a las prostitutas que organicen burdeles en cooperativa. La medida iría acompañada de unas normas más estrictas contra el proxenetismo y las bandas que trafican con mujeres.
La propuesta ha provocado división de opiniones tanto en el gobierno como en las filas de la oposición. Pero ha sido la Asociación de Amas de Casa la que ha apoyado la propuesta con más decisión. Según ha declarado la presidenta, Federica Rossi, "nuestras calles se están llenando de prostitutas y eso atrae como un imán a la droga y otras actividades ilegales". Hasta ahora el gobierno ha intentado reducir el número de prostitutas que deambulan por la calle ofreciéndoles la regularización de sus documentos de inmigración, más de la mitad son extranjeras, a cambio de que se comprometan a dejar la actividad y denuncien a los proxenetas. Pero esta estrategia ha tenido muy poco éxito.
Según la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, al menos 300.000 mujeres son víctimas de las redes de tráfico de mujeres destinadas a la prostitución en Europa. Yves Berthelot, secretario general de la Comisión, afirma que se trata de una de las violaciones de los derechos humanos que con más frecuencia se registra en Europa.
Aceprensa 101/00
