Amenaza mundial

El tráfico ilícito de drogas y la drogadicción son problemas de carácter universal, sus efectos y repercusiones de orden político, social, económico, medio ambiente y fundamentalmente de salud pública permiten tipificarlo como un delito de «lesa humanidad».
En el mundo se estima la existencia de 48 millones de adictos regulares, por ello el poder económico del narcotráfico ha asumido proporciones considerables.
Esta situación se genero en el decenio de 1980, cuando la rápida declinación de los precios de los productos básicos no elaborados y la acumulación de la deuda externa en los países en vías de desarrollo, afectaron seriamente nuestras economías; intensificando la pobreza y dio pie a esta amenaza mundial que constituye hoy el tráfico ilícito de drogas, para convertirse en una industria dominante con ventas netas superiores a las del petróleo, calculándose que las organizaciones criminales de la droga, mueven alrededor de 500 mil millones de dólares al año; irónicamente superado únicamente por el contrabando de armas; evidenciándose así que la pobreza y el trafico de drogas están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente.

Producción y tráfico

La caída de los precios de productos como el azúcar, el algodón y el trigo, determinaron que los agricultores se dedicaran a otros cultivos más rentables como la coca, la marihuana o la amapola.
En Latinoamérica, el problema principal lo constituye la superproducción de hojas de coca, materia prima indispensable para la producción de cocaína.
Este arbusto, considerado por los incas como de origen divino, es conocido y utilizado desde el siglo VI por las poblaciones andinas que mastican sus hojas secas, para mitigar la fatiga y el hambre, lo que constituye una costumbre ancestral.

Investigaciones científicas demuestran que la hoja de coca, además de cocaína, contiene doce alcaloides más, así como vitaminas y proteínas, lo cual abre muchas incógnitas.
Se cultiva entre los 500 y 1.200 mts. sobre el nivel de mar, a temperatura de 18 a 25 grades centígrados, 70 a 80% de humedad, desarrollándose en pendientes hasta de 45° y en condiciones muy rústicas.

Una de las características más importantes de esta planta es su rendimiento, pues permite cosechar hojas cada tres meses con una producción anual de 1.000 a 2.000 kilos por hectárea, durante 20 años aproximadamente.

Solo en la Selva Alta del Perú, existen 20 millones de hectáreas con optimas características agrícolas para el cultivo de coca; estimándose que en la actualidad existen 200.000 hectáreas de cocales, sin embargo a mediados de la década del 70 se tenían únicamente 18 mil hectáreas, empleadas mayormente para fines lícitos.
A consecuencia del notable incremento de la demanda, principalmente en los Estados Unidos y Europa, se produce la desmesurada expansión, hasta llegar a las 200 mil hectáreas en el Perú y 60 mil hectáreas en Bolivia que son los principales cultivadores; con lo cual se podría producir entre tres mil y cuatro mil toneladas de pasta básica de cocaína, cifras que invitan a meditar sobre la magnitud de este problema.
Considerándose el constante incremento de la demanda, las cuantiosas ganancias que obtienen los traficantes, las condiciones socioeconómicas, la allá rentabilidad que produce el cultivo y la disposición de tierras aptas para la coca, se puede comprender el gran esfuerzo que debemos desarrollar para hacer frente a este delicado fenómeno.
Los cultivadores luego de secar las hojas de coca, la venden entre 400 a 1.000 dólares la tonelada, a una serie de pequeños grupos de traficantes, que mediante procedimientos químicos y en rústicos laboratorios ubicados en aéreas inaccesibles, para burlar la vigilancia policial, extraen el alcaloide, produciendo la pasta básica de cocaína que venden a las organizaciones internacionales entre 300 y 1.000 dólares el kilo, en el mismo lugar y/o se trasladan hacia los centros de recolección; para este proceso químico inicial usan básicamente, acido sulfúrico, carbonato de calcio y kerosene, que pese a los controles que legalmente existen para su producción, venta y uso, no es difícil obtenerlos por ser elementos de uso doméstico.

Esta situación ha venido nutriéndose, en su esencia, por los índices de pobreza que caracteriza a la mayoría de nuestras sociedades, el estimulo generado por el fenómeno monopólico de su mercado, habiendo dado lugar al reemplazo de cultivos alimenticios por cocales, intensificación de la migración hacia estas zonas especialmente de agricultores, extinción de la flora y fauna por la deforestación y el severo daño ecológico; afectando así el patrón sociocultural de nuestra población y sobre todo distorsionando más aun el proceso económico interno de nuestros países.
Grandes organizaciones de traficantes internacionales, han montado amplias redes en las zonas cocaleras, en complicidad con los habitantes de numerosos centros poblados que en su mayoría se dedican al narcotráfico; no solo para promover la producción de la pasta básica de cocaína, sino principalmente para su acopio y traslado hacia los laboratorios de refinado, ubicados generalmente cerca de la frontera con los países vecinos, de modo tal que sea difícil el alcance policial y permitan su fuga en casos de acciones de interdicción.

Aproximadamente el 90% de la producción de pasta básica de cocaína sale por rutas terrestres, fluviales y aéreas, hacia estos laboratorios de refinado y de aquí al exterior para su conversión en clorhidrato, que luego será comercializado en los centros de consumo, precisamente, por estas organizaciones internacionales de traficantes.
El medio más usado por los traficantes para el transporte de la droga es el aéreo, mediante avionetas de bandera boliviana, brasileña, americana o colombiana que constituyen la mayoría, habiéndose detectado casos de aeronaves —con matricula falsificada. Todas estas aeronaves que violan nuestro espacio aéreo se encuentran debidamente acondicionadas con tanques de combustible adicionales para una mayor autonomía de vuelo y equipos especiales de comunicación; usan los numerosos aeropuertos clandestinos construidos expresamente por los traficantes en lugares inaccesibles de nuestra costa y selva, por ejemplo en el Perú, en continuas operaciones se han localizado 179 de estos aeropuertos e inmediatamente inutilizados con cargas de dinamita, sin embargo son reparados en pocas horas por los traficantes, por lo que ha obligado a la policía a emplear nuevos equipos especiales para su destrucción y constante vigilancia aérea.

En los laboratorios de refinado se busca eliminar las impurezas y elementos químicos innecesarios, empleándose básicamente permanganato de potasio, acetona y amoníaco; elementos químicos que no produce Bolivia ni el Perú, originándose por ello un contrabando de estos elementos desde los países industrializados, para luego ingresar clandestinamente, en gran parte a través del río Amazonas, hacia nuestros países.
Aprovechando el bajo nivel cultural y económico de los pobladores cercanos a las aéreas criticas del tráfico ilícito de drogas, la mafias de traficantes extranjeros desarrollan un plan de manipulación de dichos pobladores tratando de crear una base social mediante la infiltración en Sindicatos, Frentes de Defensa y otras organizaciones, con el propósito de enfrentar al campesino con las autoridades; proporcionan contribuciones para ganarse su apoyo y montan campañas de desprestigio permanente de las Instituciones y Autoridades encargadas de perseguirlos; emplean la corrupción que mina los valores éticos y morales y usan muy hábilmente la violencia, incluso con sicarios y mercenarios para intimidar e imponerse mediante la fuerza.

Esta situación se ha agravado al constatarse que últimamente, como el caso del Perú, bandas de traficantes conviven y en algunos casos se prestan mutua ayuda con grupos subversivos que operan en las mismas zonas, con el propósito de crear «territorios liberados» que faciliten a ambos lograr sus ilícitos fines; obviamente esta simbiosis hace más difícil cualquier intento de erradicar estos fenómenos delictivos.
Los mencionados laboratorios de refinado, son construidos, equipados y administrados por las organizaciones internacionales del narcotráfico, se abastecen de elementos para su construcción como equipos mecánicos, eléctricos e inclusive combustible y alimentos de los países vecinos, por estar instalados precisamente cerca de la frontera; por ello fue necesario suscribir convenios bilaterales principalmente entre los países sudamericanos  para el desarrollo de operaciones combinadas.

Luego de procesada la pasta básica de cocaína en estos amplios laboratorios, se convierte en pasta básica de cocaína lavada, cuyo valor es de 2.000 a 4.000 dólares el kilo que posteriormente será transportada a diversos países, últimamente en mayor cantidad al hermano país de Colombia, para su cristalización, que permitirá transformarse en clorhidrato de cocaína, cuyo valor se estima por ahora entre 15.000 y 45.000 dólares el kilo al por mayor, para luego ingresar en el circuito de comercialización en los países consumidores, estimulado por una demanda que establece desbalances entre quienes estamos atrapados por el subdesarrollo y quienes lo crean y mantienen, originando los mecanismos más importantes de acumulación financiera.

Al Perú se le ha identificado con la producción del 65% de la hoja de coca utilizada ilícitamente para la producción mundial de cocaína y se ha pretendido afirmar que ellos enriquecen a los campesinos y reactivan la economía peruana por ser supuestamente una fuente de divisas; sin embargo y conforme se explicara anteriormente, el mayor valor agregado del proceso de la cocaína radica es su transformación y comercialización, fases que no se realizan en el Perú en donde se cultiva coca desde tiempos inmemorables para usos distintos a la producción de cocaína y que en nada puede asociarse con este. El monto de las ganancias ilícitas que se incorpora a nuestra economía, es en todo caso insignificante, comparado con los recursos que el Perú dedica al combate de este delito.

El problema de la droga, en nuestros países, además de las características anotadas, merece especial intención el daño ecológico que ocasiona en el medio ambiente; la falta de mano de obra para cosechar la hoja de coca, es contrarrestada por los narcotraficantes con el empleo de agroquímicos como el Paraquat que es altamente residual.

En la elaboración de la pasta básica de cocaína, se utilizan igualmente kerosene y acido sulfúrico, carbonato de calcio y otros, cuyos desechos son arrojados a los ríos o terrenos aledaños que no solo perjudica la flora y fauna, sino que además por el fenómeno de evaporación, traslada los vapores tóxicos contaminando el medio ambiente.

La economía ilícita de las drogas

El comercio ilícito de la hoja de coca y de la pasta básica de cocaína se ha generalizado en las zonas productoras, donde prácticamente toda la economía regional gira alrededor de este tráfico ilegal, generándose por la exagerada valorización de los bienes y servicios, una anormal inflación local que afecta gravemente a todas las actividades ajenas a estos cultivos; los salarios pagados a los trabajadores locales en el cultivo y cosecha de la coca es 4 a 5 veces mayor al salario normal que pueda pagar un agricultor no cocalero, lo que lleva a que la agricultura licita languidezca y no se desarrolle al nivel que debería tener en un área con la extensión y calidad de tierras como el Valle del Huallaga o Chapare por ejemplo.

El dinero que ingresa en la zona, sirve para introducir a miles de campesinos a la vida moderna a través de la adquisición de bienes suntuarios, por la idiosincrasia del traficante y que no son precisamente para salud o educación.
Siendo el dinero en efectivo el medio de intercambio, su disponibilidad inmediata es un fuerte atractivo, para los agricultores y los intermediarios en la cadena de las drogas; sin embargo, solo una pequeña fracción de las ganancias queda en manos de dichos agricultores, puesto que la mayor ganancia se da principalmente en la comercialización de droga en los centros de consumo.

De otra parte, debido a los problemas en la balanza de pagos, que últimamente se ha convertido en algo constante por causas de la deuda externa; se aprecia un cambio en la actitud de los Gobiernos con problemas de divisas, frente al extraordinario volumen no tradicional que proviene del sector ilícito; al adoptar un tratamiento permisivo y tolerante. Por la falta de inversión externa y préstamos de organismos financieros, las divisas provenientes del tráfico de drogas, empiezan a adquirir un lugar importante en los países.

Si bien los dólares provenientes del narcotráfico parecen resolver las necesidades inmediatas de divisas, se duda que en realidad puedan solucionar los requerimientos económicos mayores de los países; por un lado no es una fuente estable de dinero, como lo indica la fuga de capitales y de otra parte es irreal que el país dependa de este dinero ilícito para mantener su economía.

Esta situación es confirmada con las conclusiones expuestas por autoridades colombianas, cuando afirman que la economía de Colombia no esta mantenida en ningún sentido positivo por el narcotráfico y que el país estaría mejor sin él. La mayor parte de las entradas de la coca y cocaína no regresan de ninguna manera a Colombia. Mucho de lo que se regresa tiene el efecto de interrumpir la economía legal. La violencia y turbulencia política, asociada con el narcotráfico han costado miles de millones de dólares en fuga de capitales y en la perdida de inversiones y turismo, dos actividades que tienen un efecto estimulante más alto para la economía que los dólares clandestinos productos de las drogas.

Es difícil evaluar con exactitud, la magnitud de las ganancias y recursos económicos que se mueven en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, porque ellos fluctúan acordes con el comportamiento del mercado, costo de los insumos y el resultado de las acciones de interdicción que desarrollan las organizaciones antidroga; sin embargo, por algunas consideraciones se puede tener refrenda de la dimensión económica que se mueve en este comercio de drogas, como por ejemplo: el valor de los químicos que se utilizan para la producción, es multiplicado por 10, cuando estos son entregados en el laboratorio; el precio real de un kilo de pasta básica de cocaína aumenta 15 veces, cuando se continua su proceso hasta convertirla en clorhidrato de cocaína y esta droga a su vez, multiplica su valor hasta 10 veces, cuando es comercializada en dosis de consumo a los adictos. Por esta razón, los traficantes al comercializar 1.000 kilos de cocaína, al por mayor en los mercados estadounidenses, tienen una utilidad aproximada de 5 millones de dólares, ganancia que se incrementa cuando se vende en Europa.

Como dato interesante de esta cuantiosa ganancia, obviamente para los comercializadores, podemos referir que únicamente los Carteles Colombianos de cocaína tienen una ganancia bruta de unos 50.000 millones de dólares al año; pero irónicamente, la mayor parte de las utilidades del comercio de drogas, se invierten fuera de los países de origen y/o se mantienen cuentas bancarias en el extranjero sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, las Bahamas y las Islas del Caribe.

Los traficantes de drogas, para legitimar sus cuantiosas ganancias, desarrollan un hábil manejo del mismo, con el propósito de ocultar su verdadera procedencia. Los bancos y otras instituciones financieras, pueden inadvertidamente servir de intermediarios para trasferir fondos, por medio de aquellos sistemas que no permiten que las autoridades supervisoras tengan injerencia en dichas actividades, en razón de que el interés de las autoridades bancarias es preservar la estabilidad global del sistema bancario, antes que la legitimidad de las operaciones individuales de los clientes. Podemos distinguir básicamente tres modalidades para lavar dinero, el primero consiste en sacar los fondos a otro país, conocidos como «paraísos fiscales» mediante agentes que transportan por correo, por medio de transacciones múltiples con sucursales de los referidos bancos y/o el manejo conveniente de valores; segundo mediante la apertura de cuentas en el extranjero con nombres falsos, constituyendo sociedades y empresas extranjeras que desarrollan negocios ficticios y/o adquieren bienes y valores; y finalmente mediante la obtención de préstamos de bancos extranjeros con fondos que el mismo traficante transfirió ilegalmente; acordando falsos contratos de prestación de servicios y/o arrendamientos de bienes.

Para el desarrollo de este mecanismo de lavado de dinero, los traficantes cuentan con países que brindan facilidades para el depósito de dinero por los bajos impuestos. El secreto bancario, leyes convenientes para la constitución de sociedades; de otra parte no son muy rígidos en los procedimientos y requisitos, tienen buen servicio de comunicaciones y transporte; están generalmente próximos a las rutas del TID, con restricciones mínimas para el cambio de divisas, disponibilidad de servicios profesionales para el propósito deseado y un clima político propicio.

Impacto regional

La agudización del fenómeno del tráfico ilícito de drogas y el abuso en el consumo indebido de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en el marco de una aguda crisis económica y social que demanda una política de ajuste estructural; construye el principal motivo de preocupación de los pueblos y Gobiernos de la región.
El impacto de accionar de estas organizaciones delictivas que indudablemente inciden negativamente en dicha situación determina las siguientes tendencias:

— La posible agudización de la crisis de las Instituciones encargadas de hacer frente a esta difícil situación delictiva, evidenciada por la debilidad de las respuestas preventivas y/o represivas, la descoordinación y la ausencia de estrategias integradas.
— La sobrevaluación de la moneda por la existencia de un sistema de lavado de dinero, la compra de precursores químicos del exterior, el pago de servicio por protección y de operaciones de transporte y el uso suntuario de los excedentes.
— Deterioro acelerado de la diversificación agrícola, en la zonas productoras de precursores vegetales, por el alto valor agregado que genera su transformación en droga, creando una ficción de ingresos, relativamente mayor que otros cultivos; afectando la producción agrícola y la agroexportación, y reduciendo la capacidad de captar divisas con exportaciones no tradicionales.
— Pérdida gradual de la calidad de vida en las aéreas rurales, por cuanto, el cultivador no controla los precios que son manipulados por la red de compradores asociados a los traficantes; por el costo que significa vivir con cierta seguridad en una zona tan violentada y porque su condición de monocultivar no le permite autosostenerse.
— Incremento de la migración hacia las zonas productoras que absorben la mano de obra tanto para el cultivo de la coca por ejemplo, como para el procesamiento y trafico de la droga; desplazándolos del eje de la producción de alimentos y materias primas y comprometiéndolas directa o indirectamente en el delito.
— Grave daño ecológico, por el empleo de elementos químicos para el procesamiento de drogas y la eliminación de desechos, como por el uso indiscriminado de pesticidas para preservar de maleza los cultivos de coca.
— Agudización de las diferencias sociales y de ingresos por el alza en el costo de vida, como consecuencia de la circulación de excedentes provenientes del tráfico ilícito de drogas; acentuándose las tendencias al consumo y la inversión no productiva.
— Presión política hacia los Gobiernos y las Instituciones, iniciándose procesos locales que intentan legitimar su presencia aprovechando eventos electorales; desarrollando un amplio mecanismo de corrupción; simulando abastecer necesidades, dotar equipos, regalar y proporcionar dinero para apoyo y seguridad; agrediendo y/o desprestigiando a los que se le oponen y conspirando contra los proyectos y programas de sustitución de cultivos ilegales.
— Promueven los procesos de violencia en las aéreas de cultivo, para ello organiza grupos paramilitares, se asocia para ciertas acciones con los subversivos, buscando aislar la zona, obtener el control territorial y desorientar y/o multiplicar las operaciones que deben ejecutar las fuerzas del orden.
— Pretende deteriorar las relaciones internacionales bilaterales y multilaterales, así como las relaciones de cooperación de las Agencias Internacionales con los Gobiernos, argumentando ineficiencia y/o mala administración de los programas gubernamentales; agudizando las diferencias de enfoque o movilizando ciertos sectores en contra de los programas de lucha contra las drogas.
Finalmente y temiendo en consideración que las organizaciones internacionales que se dedican al TID se vuelven cada vez más movibles, mejor organizadas que las fuerzas que lo combaten, se adaptan e innovan en la medida que las estrategias de los Gobiernos no tienen coherencia con la situación; consideramos que se hace imprescindible una estrategia global cuyo eje fundamental debe ser la reducción de la demanda; la persecución del delito en base a un oportuno intercambio de inteligencia y acción combinada que ataque el centro de las empresas criminales multinacionales; el desarrollo de acciones económicas alternativas para reducir los cultivos precursores de drogas y una adecuada y oportuna cooperación y apoyo internacional.

General Juan Zarate Gamb1ni
Director de programa anti-droga
(Perú)

Dolentium Hominum n. 19