Por multas ridículas e impunidad no paramos. Un funcionario de Quintana Roo, fue acusado de acoso sexual por ocho trabajadoras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde él, hasta hace unos meses, laboraba. El juez de distrito encargado de examinar el caso, determinó que Alfredo Caamal Huchin era culpable de hostigamiento sexual —y no de acoso sexual, como había sido denunciado— imponiéndole la ridícula multa de 45 pesos. Por si esto fuera poco, a las afectadas nunca se les notificó la sentencia, por lo que no pudieron apelar la resolución.

El caso estuvo lleno de irregularidades. El Ministerio Público Federal no aportó los elementos necesarios para comprobar el delito de acoso sexual. Por ejemplo, desestimó la realización de pruebas psicológicas para certificar el daño que la conducta de Caamal Huchin había provocado en las mujeres, y tampoco se mostró interesado en realizar un careo entre el agresor y las afectadas. Las ocho mujeres que demandaron al funcionario tienen la característica de ser recién egresadas de la universidad, solteras y pertenecientes a la etnia maya. En su denuncia acusaron al Caamal Huchín de tocarlas contra su voluntad e, incluso, obligar a una de ellas a ir con él a un motel.

¿Por qué la denuncia de ocho mujeres fue burlada con una multa de 45 pesos? La respuesta parece estar en las relaciones que este hombre ha forjado a lo largo de su carrera política. Actualmente, Caamal Huchin se desempeña como parte del gabinete de Carlos Mario Villanueva Tenorio, alcalde de Othón P. Blanco. Un gabinete que han levantado suspicacias entre sus habitantes por estar compuesto de varios funcionarios con antecedentes penales. Entre ello, Caamal Huchin, quien desde su comparecencia en este caso se mostró confiado de su “inocencia”, aduciendo que todo se trataba de una maniobra política en su contra.

El Universal. 7 de octubre de 2011