Casos registrados principalmente en los barrios de Lavapiés (Madrid), Ciutat Vella (Barcelona) y Triana (Sevilla) han puesto al descubierto la situación- Las víctimas del acoso son vecinos de edades avanzadas, que se ven desbordados

Carlos Mínguez . Efe. Madrid Domingo, 29 de junio de 2008 - Lavapiés en Madrid. Ciutat Vella en Barcelona. Triana en Sevilla. Tres ejemplos, tres escenarios urbanos de ese drama silencioso que es el "mobbing" inmobiliario, un acoso que soportan sobre todo personas mayores con escasos recursos económicos y al que la Justicia y los ayuntamientos empiezan a plantar cara.

El problema es de tal magnitud que hasta Naciones Unidas ha puesto el grito en el cielo a través de Miloon Kothari, relator especial para asuntos de vivienda de la organización, quien tras un reciente viaje a España calificaba la situación de "muy grave".
Kothari, que estuvo en San Sebastián, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, entre otras ciudades, alertaba en un informe sobre la "vulnerabilidad" de las víctimas -ancianos, discapacitados, mujeres, jóvenes- ante la falta de escrúpulos de los especuladores inmobiliarios, los "asustaviejas" como son conocidos popularmente, y se sorprendía por la "tímida" actuación de los jueces en estos casos.

La semana pasada uno de Barcelona condenaba a una inmobiliaria a rehabilitar "a fondo" un edificio en el que viven, en condiciones muy precarias, con ratas correteando a sus anchas por el inmueble, ocho vecinos, en su mayoría ancianos, que habían denunciado a su casero por usar "métodos de extorsión y presión psicológica" en un intento por hacerles abandonar sus pisos de renta antigua.
Este de Barcelona es uno de los miles de casos de "mobbing" inmobiliario registrados en España en los últimos años, con un escenario casi siempre común: los cascos antiguos de las ciudades.

En ellos proliferan edificios mal conservados, infraviviendas muchas veces, que son presa suculenta para los especuladores, además de, una vez rehabilitados, objetos de deseo para una clase económicamente pudiente que ahora quiere vivir en esos centros urbanos característicos.

Mirada municipal

"El problema es más grave de lo que a primera vista pudiera parecer", asegura Marina Parés, presidenta de la ONG Servicio Europeo de Información sobre Mobbing, para quien la solución está en los ayuntamientos, "porque tienen la competencia y la obligación de evitar la degradación de barrios y edificios"

Más de 200 casos en Barcelona en 2007; 137 posibles en Madrid desde 2003, según Juan José de Gracia, responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda; 160 edificios sevillanos con "patologías graves de deterioro de la edificación" y unos propietarios que no garantizan las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato.
Son cifras que ponen al descubierto una realidad que el Ministerio de la Vivienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se han propuesto combatir con un teléfono gratuito que desde comienzos de año está a disposición de quienes se sienten víctimas de acoso inmobiliario.

A esta iniciativa se han acogido, de momento, diez municipios -La Coruña, Fuenlabrada y Getafe en Madrid, Gijón, Hospitalet de Llobregat, Denia y Elche en Alicante, Vitoria, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria- y hay otros interesados en sumarse.
Esos ayuntamientos tomarán en cuenta las denuncias telefónicas -hasta el momento unas quinientas, y procedentes de toda España, según Vivienda- y recabarán la intervención de los servicios sociales municipales cuando el caso de acoso lo requiera, además de dirigir a los ciudadanos hacia servicios de orientación y asistencia jurídica gratuita.

De momento, en el Código Penal no está tipificado como delito el "mobbing" inmobiliario, si bien estas conductas de violencia psicológica y presión pueden calificarse como constitutivas de un delito o falta de coacciones recogidas y castigadas con multas y hasta prisión.

En Sevilla, la lucha a cara de perro de su Ayuntamiento contra los acosadores es más efectiva desde que en 2004 se creara la oficina de asesoramiento a inquilinos en situación de abuso, que desde entonces ha mantenido reuniones con inquilinos de más de 350 edificios del casco histórico.

Estado de desasosiego

"Las condiciones de inhabitabilidad de los edificios provocan en sus moradores un estado grave de desesperanza y desasosiego" que obliga a intervenir con carácter de urgencia a la autoridad urbanística, dice Antonio Rodrigo Torrijos, delegado de la oficina.

El primer objetivo es exigir a los propietarios el cumplimiento "escrupuloso" del deber de conservación de los edificios. Si no es así puede llegarse a la expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor. Actualmente hay abiertos 25 expedientes.
En Barcelona, el ayuntamiento proponen la creación de una Físcalía específica.

Diario de Navarra