Noticias falsas por ley
Ignacio Aréchaga

Si no es una noticia falsa, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha sumado al coro de los que piden a Google, Facebook, Twitter y YouTube que tomen medidas más efectivas para detectar y evitar la difusión de bulos.
Como siempre ocurre ante un nuevo problema, hay quien piensa que hace falta una ley para atajar este fenómeno. El presidente saliente de la Eurocámara, Martin Schulz, ha pedido que Bruselas tome cartas en el asunto: “Los legisladores deben actuar; no solo a nivel nacional, sino europeo”. Se olvida fácilmente que proteger al público contra las noticias falsas ha sido siempre una justificación de la censura.

También se olvida que no hace mucho se celebraba el surgimiento de un “periodismo ciudadano”, en el que cada uno, provisto de su cámara y de su olfato periodístico, podría aportar directamente en Internet sus propias noticias. Todos podríamos ser lectores y reporteros. Ahora se ha visto que el periodista ciudadano puede ser también muy imaginativo. Bulos siempre ha habido, pero el filtro de redacciones profesionales, avezadas en comprobar las noticias, impedía que llegaran al público los más evidentes y sesgados. Y aun así los periódicos están llenos de desmentidos.

Pero, aparte de la profesionalidad y de la honestidad periodística, esta proliferación de noticias amañadas tiene que ver también con el descrédito de la objetividad en la sociedad actual. Cuando en vez de la búsqueda de la verdad se impone la idea de que todo son distintos modos de mirar y de interpretar el mundo, no es extraño que los hechos en sí cuenten solo como materia manipulable. Y si a la falta de interés por la verdad se añade el sometimiento del dato natural a la construcción social, se comprende que la objetividad haya bajado en categoría.

Y no solo en la comunicación. Hoy día hay muchas “fake news”, por ejemplo, en el Derecho de familia, creadas por los propios legisladores, y pocos se atreven a desmentirlas. Ha osado hacerlo el Tribunal Supremo de Arkansas, que en una reciente sentencia ha decidido que el certificado de nacimiento de un niño debe estar ligado a sus padres biológicos. El caso había sido planteado por tres parejas de mujeres que habían concebido un hijo utilizando donantes anónimos de esperma.
La sentencia del Tribunal Supremo de Arkansas revoca la de un tribunal inferior que establecía que el requerimiento estatal de identificar a los dos padres biológicos de un niño infringía los derechos de las parejas adoptivas del mismo sexo. En cambio, el Supremo de Arkansas considera que “el reconocimiento de las verdades biológicas básicas no viola la protección igualitaria”.

No está claro si la decisión del tribunal de Arkansas sobreviviría a un recurso ante el Tribunal Supremo federal. En la sentencia que reconoció el matrimonio gay, el Supremo mantiene que los nombres de la pareja del mismo sexo figuren en los certificados de nacimiento “incluso cuando los lazos biológicos no existan”. Es decir, la relación legal del hijo con sus padres estaría basada en el matrimonio, no en la biología.
Así, en lo que tiene que ver con la sexualidad y la familia, los hechos biológicos son cada vez más susceptibles de manipulación jurídica. La biología no cuenta ante los deseos del interesado. Aunque esto cause un perjuicio al niño, nacido del semen de donante anónimo o gestado por una madre de alquiler, al que se desgaja de sus orígenes biológicos. Solo tendrá a su alcance la “falsa noticia” del “Progenitor A” y “Progenitor B”, en un artificial certificado de nacimiento.
La ideología de género también nos quiere convencer de que el sexo biológico es lo de menos, lo importante es el género que uno decide adoptar. Y si hay que llegar al cambio de sexo jurídico y quirúrgico, la nueva “verdad oficial” se impondrá a los hechos más palmarios.

Si la ley admite que el ciudadano no está condicionado por la objetividad biológica, es difícil esperar que los creadores de noticias falsas se consideren atados por la realidad de los hechos.

Fuente: elsonar.aceprensa.com