La cruzada contra el tabaco en Norteamérica ha abandonado ya hace tiempo las recomendaciones y los estímulos para adoptar medidas cada vez más represivas. En algunos sitios, como Nueva York, se ha prohibido fumar hasta en espacios públicos como parques y playas. Y no solo está prohibido fumar en el trabajo para no dañar los pulmones ajenos, sino que ahora un fumador se arriesga a perder su empleo a causa de este hábito, aunque lo haga en privado. En una época en que nadie puede ser excluido de nada por raza, religión, sexo, orientación sexual, etnia o grado de colesterol, la discriminación laboral contra el fumador resulta más llamativa.

Empezó por los hospitales, deseosos de que sus trabajadores dieran ejemplo de hábitos saludables. Visto que las recomendaciones no surtían suficiente efecto, bastantes hospitales han colocado el “fumadores, abstenerse” en sus convocatorias de empleo. Supongo que el siguiente paso será no admitir a pacientes fumadores.

Al final, la empresa tendría derecho a controlar la vida privada de sus trabajadores, dentro y fuera del ámbito laboral

Con el ejemplo de las organizaciones sanitarias, un creciente número de empresas han empezado a excluir a los fumadores en sus ofertas de empleo, discriminación que empieza a convertirse en una corriente habitual, según indagaciones del New York Times (10-02-2011). Cuando hace dos décadas algunas grandes compañías adoptaron esta política, hubo una reacción en defensa de la privacidad, y 29 estados aprobaron leyes que prohibían la discriminación contra los fumadores o contra todos aquellos que usaran “productos legales”. Pero ahora los tribunales de algunos estados han reconocido el derecho de las empresas a no contratar a los fumadores.

No trasladar los costes a otros

Los empleadores que actúan así alegan que quieren mejorar la productividad laboral, reducir los costes sanitarios cubiertos por el seguro y favorecer estilos sanos de vida. Un trabajador que fuma, dicen, tendrá más problemas de salud, será menos productivo y causará más gastos médicos. Y para cerciorarse que el trabajador ya admitido en la empresa respete su compromiso, algunas empresas no dudan en recurrir a análisis de orina para detectar rastros de nicotina, con despido automático en caso de dar positivo. Y esta vena puritana tiene todavía mucho recorrido, pues todavía fuma uno de cada cinco estadounidenses.

La discriminación contra el fumador alega en último término una razón de justicia: “Pensamos que es injusto que los empleados que siguen estilos de vida sanos tengan que pagar por aquellos que no los mantienen”, dice el jefe de un centro médico que aplica esta política.

Sin duda, es un tema que se presta a debate, pues así como hay enfermedades que en las que el enfermo es solo paciente involuntario, en otras la enfermedad es consecuencia de un estilo de vida que podría haber sido evitado o corregido. Pero este mismo criterio podría aplicarse a otros factores de riesgo además del tabaco. Si se trata de reducir los gastos sanitarios causados por estilos de vida insanos, habría que poner en cuarentena laboral al obeso que no renuncia al >fast food, al aficionado a beber demasiado, al que lleva una vida sexual promiscua y acaba infectado por el VIH, al que cultiva deportes de riesgo, al que consume drogas... Al final, la empresa tendría derecho a controlar la vida privada de sus trabajadores, dentro y fuera del ámbito laboral. Se comprende que hasta la American Civil Liberties Union haya tomado cartas en el asunto.

Legal no equivale a gratuito

Pero si el criterio es no trasladar a otros los costes sanitarios de una conducta privada evitable, esta política no debería limitarse al tabaco. En el mismo ejemplar del New York Times se habla, en tono de censura, de iniciativas en la nueva Cámara de Representantes –ahora de mayoría republicana– para restringir el uso del dinero público en la financiación del aborto.

Ya actualmente el criterio general es la prohibición de usar los fondos federales para sufragar el aborto, excepto en casos violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, lo que supone una ínfima proporción de casos. En la reforma sanitaria aprobada en la anterior legislatura, el asunto de la financiación del aborto fue uno de los temas más espinosos en la discusión parlamentaria. Ahora, una propuesta de republicanos plantea eliminar desgravaciones fiscales para las empresas cuyos seguros sanitarios incluyan la cobertura del aborto. En definitiva, tendrían que pagar más por ese seguro.

En Estados Unidos tienen claro que una cosa es que el aborto sea legal, y otra que deba estar pagado con el dinero del contribuyente, y no como ocurre ahora en España cuando el aborto se considera un derecho incluido entre las prestaciones del sistema público de salud. Aquí sí que pagan justos por pecadores, si se me permite esta tradicional expresión.

Si para excluir al fumador se da por supuesto que su adicción es superable, la misma responsabilidad habría que exigir a los aferrados a otros estilos de vida arriesgados para la salud. Pero discriminar solo al que fuma es una manifestación de que la intolerancia en nuestra sociedad solo ha cambiado de signo.

Aceprensa