Cada vez más organismos públicos solicitan intervención de teléfonos, historiales de llamadas de móviles y de correos electrónicos
En la cuna del liberalismo crece la preocupación por la intromisión cada vez mayor del gobierno en la vida privada de los ciudadanos. Después de los atentados del 7 de julio de 2005 en el metro de Londres, el gobierno británico comenzó a poner en práctica medidas especiales de vigilancia, que incluían mayor facilidad para escuchas telefónicas, control de correo electrónico, videovigilancia, etc. Las intentonas terroristas del pasado verano en Londres y en la terminal del aeropuerto de Glasgow, han hecho que el gobierno renueve esos esfuerzos.
Sin embargo, una luz de alarma se encendía entre la población cuando el pasado 20 de noviembre el ministro de finanzas, Alistair Darling, anunció la pérdida de dos discos con los datos bancarios y de la Seguridad Social de 25 millones de personas. Aunque el gobierno ha afirmado que no hay conciencia de que hayan sido robados con fines fraudulentos, es lógica la alarma ante un Estado cada vez más controlador y que, además, falla en la custodia de los datos.
Según un informe oficial del Comisario de Interceptación de Comunicaciones británico, casi 800 organismos públicos están efectuando cerca de mil solicitudes diarias de “datos sobre comunicaciones”, que incluyen intervención de teléfonos, historiales de llamadas de móviles, correos electrónicos y visitas a páginas web, además del control sobre el correo postal. Según otro informe publicado por el gobierno, en el periodo de 15 meses entre enero de 2005 y marzo de 2006 hubo más de 400.000 solicitudes oficiales para que se intervinieran teléfonos y mensajes de correo electrónico.
Conforme quedan más lejos los atentados de Londres, cada vez son más las voces que se alzan para criticar estas medidas de control de las comunicaciones. Y es que la amenaza terrorista ha desencadenado numerosas propuestas de ley, como la posibilidad de crear un archivo del ADN de todos los ciudadanos, hayan o no delinquido, o la introducción del historial médico de todos los pacientes en un banco de datos del Servicio Nacional de Salud, o la creación de tarjetas de identidad que incluirán hasta 52 datos, entre ellos las huellas dactilares e información sobre el iris del titular.
A esto hay que añadir la propuesta de aumentar el periodo de detención sin cargos a 42 días, algo que parece desproporcionado si tenemos en cuenta que en Canadá, el límite de la detención sin cargos sigue siendo de un día, y en Estados Unidos es de dos días; incluso en Turquía es de sólo 7 días y medio.
Cada vez son más los ingleses que se ven ahogados por esta presión. En un reciente artículo publicado en El País, Timothy Garton Ash, catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford y miembro de la Hoover Institution de Stanford, decía que reconocía que la situación de amenaza terrorista “exige unos poderes extraordinarios de vigilancia y prevención” y que “hay que recalibrar el equilibrio entre seguridad y libertad”. Pero, en su opinión, “en el último decenio, el gobierno británico se ha inclinado excesivamente hacia lo que se supone que es más seguridad”.
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