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                                    Saltillo 31/10/2011.-  Unas 16 constructoras locales dieron de baja sus domicilios fiscales en  Saltillo este año y se activaron en Monterrey tras actos de hostigamiento  fiscal emprendidos por el IMSS. 
                                    Juvenal Juárez  Saldaña, gerente de la   Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en  Saltillo, dijo que en los dos últimos años han tomado esta decisión 22 empresas  que generan mil empleos. 
                                    Encabezados por el  presidente de la   Comisión Mixta ante el IMSS, Mario Zertuche, la semana  anterior una comisión de ex presidentes de la CMIC buscaron al nuevo subdelegado del Seguro  Social, Antonio Towns Izaguirre, pero el funcionario negó recibirlos por falta  de tiempo. 
                                    Desde el 2010 las  constructoras que operan en la Región Sureste de Coahuila comenzaron a emigrar y  darse de alta en Monterrey, donde el trato de funcionarios del IMSS en Nuevo  León es diferente. 
                                    La medida resulta  perjudicial para el erario de Coahuila, pues impuestos como el ISN van a parar  al vecino estado. 
                                    En Saltillo existe  sólo una subdelegación, mientras que para la zona conurbada de Monterrey cinco  atienden problemas como adeudos y pago de cuotas atrasadas de constructores. 
                                    Además, en Saltillo  el IMSS embargó cuentas a los constructores y tarda meses en liberarlas. 
                                    Durante meses la  subdelegación del Seguro Social estuvo acéfala, hasta que recién fue nombrado  Towns Aguirre con quien no ha podido dialogar la Comisión Mixta-IMSS. 
                                      No sólo los  constructores sufren hostigamiento del Seguro Social, también los particulares  que realizan obra en sus casas y que se les convierten en patrones por única  vez. 
                                    Al dar de alta a  sus trabajadores de la construcción, están obligados a pagar cuotas al  instituto, el problema viene cuando después de tres o cuatro años son  fiscalizados y les dicen que lo que pagaron no era lo correcto y deben pagar  mucho más. 
                                  El Zócalo de  Saltillo  |