| 
                              
                                        
                                    Los recortes en  muchas empresas provocan un aumento del acoso laboral en el que los jefes  utilizan rebajas de sueldo, y otras prácticas abusivas, para presionar a sus  empleados a que abandonen su puesto. 
    
                                      En los últimos  meses hay un fenómeno que está expandiéndose por muchas de las empresas que  empiezan a pasar verdaderos apuros para salir airosas de la crisis. Lo llaman  acoso laboral como estrategia empresarial, lo definen como aquel en el que el  hostigamiento nace desde la propia dirección y su denominación más técnica es  bossing. Es decir, aquel acoso laboral que no se desarrolla entre iguales sino  aquel en el que la víctima ocupa una posición de inferioridad, ya sea  jerárquica o de hecho, respecto del agresor.  
                                    Aunque esta  tendencia no está haciendo que el mobbing o acoso entre trabajadores de igual  categoría profesional desaparezca, pues de hecho, según confirma el  vicepresidente de la   Asociación contra el Acoso y el Maltrato Laboral, Francisco  Fermín Galdúf, continúa estando presente, sí es cierto que desde hace unos seis  meses están aumentando de forma considerable los casos de acoso laboral en los  que el empresario emplea todo tipo de prácticas abusivas y de presión a sus  trabajadores a causa de los recortes presupuestarios que están haciendo muchas  empresas.  
                                      En concreto, según  lo define la jurisprudencia más reciente al respecto, lo que está aumentando es  ese bossing que consiste en una “política de empresa basada en la persecución o  el acoso respecto de un trabajador o trabajadores por motivos de  reorganización, recortes o de reducción de personal”. Galduf explica que en  realidad, esta forma de acoso laboral es básicamente una cuestión de número en  la que el empresario se plantea todo tipo de prácticas encaminadas a apretar a  sus trabajadores hasta conseguir que abandonen su puesto de trabajo sin tener  que hacer frente a la indemnización que supondría despedirlos.  
                                    De hecho, en este  momento muchas empresas ya utilizan la necesidad de recortar gastos para paliar  las pérdidas ocasionadas por la crisis para presionando a sus empleados con  rebajas de sueldo, reducciones de jornadas o incluso dejando de pagar las horas  extras de trabajo no sólo para conseguir ahorrarse dinero sino para empujar a  que alguno de ellos renuncie a su puesto de trabajo de forma voluntaria. 
                                    Ahora nadie se va 
                                      Lo que sí resulta  llamativo es que en los nuevos casos de bossing que se están dando, las  víctimas, en lugar de dar la espalda al abuso empresarial que están sufriendo,  aguantan y aguantan durante mucho tiempo y por lo general, no suelen abandonar  sus puestos de trabajo aún cuando hay un psicólogo que así lo aconseja. 
                                    La situación de  desempleo que se vive a nivel general, y con especial virulencia en el sector  de los servicios y la hostelería, donde es muy habitual el bossing, obliga a la  gente a soportar situación límite con sus jefes. “Hay muchas familias agobiadas  y a las que ya les cuesta llegar a final de mes, otros que no pueden permitirse  perder su sueldo porque tienen que pagar una manutención, y aunque hay otros  muchos que soportan el bossing porque no se resignan a rebajar su nivel de vida  o a vender el coche, hay situaciones en las que están permitiendo que les  pisoteen su dignidad como personas”, explica Galduf. 
                                    Un caso típico 
                                    Las expresiones que  está tomando el bossing varían mucho, aunque el caso de Javier R., aquel en el  que la empresa busca un pretexto objetivo para poder echar a sus empleados, es  uno de los más típicos. Este joven de 34 años era vendedor en grandes  superficies y hace seis meses que lo han despedido sin pagarle indemnización.  Después de embarcarse en un proceso judicial para conseguir que su despido sea  declarado improcedente, acaba de enterarse que es víctima de bossing. Sus jefes  lo despidieron alegando un incumplimiento de contrato por una bajada en su  productividad, cuando en realidad fue el equipo directivo el que propició esa  situación al no facilitarle los nuevos catálogos, ni las direcciones de los  clientes. 
                                    Aunque aún quedan  unos meses para que Javier pueda obtener el resultado de haber denunciado a sus  jefes, todo apunta a que ganará. Sin embargo, de momento, no ha cobrado ni su  finiquito, ni su último sueldo ni su indemnización.  
                                    A sus jefes les  pudo salir bien y haberse ahorrado algunos cientos de euros en su despido. Sin  embargo, ahora, puede que haberse librado de Javier R., les salga mucho más  caro. Con toda probabilidad, el asunto del bossing no influirá en la decisión  del juez, pues como denuncian las asociaciones en defensa de las víctimas de  acoso laboral, aún es complicado que todas las sentencias judiciales contemplen  el mobbing y el bossing. La indemnización que recibirá este joven tras meses  embarcado en un proceso judicial se limitará con toda probabilidad al hecho de  que lo hayan echado de su trabajo alegando unas razones falsas y en esta  ocasión, la crisis y la política de su empresa, habrán convertido a Javier en  una víctima más del bossing. 
                                    Las empresas  públicas son el gran foco del acoso laboral  
                                    El sector de la  administración ha aparecido en los últimos informes sobre acoso laboral, como  Cisneros VI, como uno de los principales núcleos en los que se están  concentrando más prácticas de mobbing y bossing de los últimos años.  
                                    Si bien, es en  aquellas empresas públicas gestionadas por entidades privadas en las que sobre  todo el bossing se da con mayor virulencia. El vicepresidente de la Asociación Contra  el Acoso y el Maltrato Laboral de Córdoba, Francisco Fermín Galduf, explica que  estas empresas carecen de protocolos de actuación claros a la hora de  incorporar o prescindir de personal y esto provoca que el campo esté abierto a  las presiones ejercidas de superiores a empleados de rango inferior.  
                                    En este sentido,  Galduf insiste en que “los sindicatos deben exigir tanto a la propia  administración como a las empresas privadas que tienen en sus manos entidades  públicas que apliquen el Estatuto del Empleado Público pues es una forma de  proteger a los trabajadores de prácticas abusivas muy válida”.  
                                    El Semanario la Calle de Córdoba                                    |