Los padres de la joven Marta del Castillo, al igual que los de la pequeña Mari Luz asesinada en enero de 2008 por un pederasta reincidente no convicto, se han convertido en abanderados de una campaña encaminada a lograr el endurecimiento de las penas que se aplican en España a determinados delincuentes.

Nada más natural que un padre clame justicia ante la muerte de una hija. A lo largo de estos meses los hemos visto recoger firmas, encabezar manifestaciones y mantener encuentros con el Gobierno y el principal partido de la oposición. Sus causas, motivadas en un primer momento por el desasosiego ante la desaparición de las víctimas, han derivado en auténticos fenómenos sociales, mediáticos y políticos catalizadores de cambios legislativos.

Juan José Cortés, padre de Mari Luz, solicitó el endurecimiento de las penas para los pederastas reincidentes y logró que el Gobierno reformara el Código Penal. Antonio del Castillo reivindicó ayer al presidente del Ejecutivo que se incluya el término cadena perpetua en el Código Penal para asesinatos, violencia sexual y pederastia, y que se acometa, para ello, una reforma de la Constitución a través de un referéndum. La solicitud no ha sido aceptada, pero Zapatero se ha comprometido a informarle de todas las medidas que contempla la reforma del Código Penal.

Miembros del Gobierno, y en particular la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega, no tuvieron reparo en reconocer, hace unos meses, que la modificación que convierte nuestro código en el más duro de la democracia tiene relación directa con “acontecimientos que conmocionaron la opinión pública”.

Incluso, algunas de las medidas ‘estrella’, como el endurecimiento de penas y la libertad vigilada posterior a la cárcel para terroristas, agresores sexuales y pederastas, se presentaron al público después de que el padre de Mari Luz fuera recibido en La Moncloa por el presidente Zapatero.

Es una muestra de populismo punitivo: este fenómeno cada vez más frecuente alimenta el convencimiento de que las patologías sociales pueden ser resueltas mediante la aplicación del sistema penal. Las reformas y contra-reformas penales llevadas a cabo en España durante la última década representan el paradigma local de este tipo de estrategias de gobierno.

Víctimas y legisladores

El asesinato de Marta del Castillo contiene los elementos idóneos para un debate: la edad de la menor y su pertenencia a una familia media con la que se puede identificar buena parte de la sociedad; el morbo del crimen, la implicación de menores que han dado muestras de tener sangre fría hasta la implicación simulada en tareas de rescate; el desestructurado entorno familiar del asesino confeso y el efecto que éste haya podido producir en su personalidad; la posible definición (y utilización política) del caso como violencia doméstica; el papel de las redes sociales en la relación entre víctima y agresor y en la difusión del caso a terceros, incluidas las televisiones; el desconocimiento de los padres sobre la vida social de los hijos. Realmente, como luce en las chapas, “Todos somos Marta”.

Es razonable que delitos tan execrables como los mencionados pongan de relieve las deficiencias del sistema y lleven a reclamar mejoras. Pero cabe preguntarse si es igualmente razonable que el Código Penal cambie a golpe de sucesos y, si toda la culpa es achacable a las limitaciones de la justicia, y no a otros factores.

Los expertos alertan sobre los riesgos de este tipo de medidas. Según el profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad Pontificia Comillas, Julián Ríos, “se mezclan las ansias de calmar a una opinión pública desinformada y una percepción tendenciosa del Derecho Penal por parte de los ciudadanos, que gracias a los programas de telebasura creen que todo se arregla con más cárcel. Los políticos son inteligentes y adoptan medidas urgentes para dar lo que la gente les pide”.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal Octavio García Pérez considera que “las reformas penales no se pueden dejar a las víctimas porque están tan inhabilitadas como los criminales”. “Las leyes no se pueden hacer con un cadáver sobre la mesa porque se pierde la objetividad para seguir la lógica del linchamiento. A las víctimas, lo que hay que ofrecerles es una buena indemnización, ayuda psicológica, servicios sociales..., pero nunca dejar en sus manos la política criminal”.

Carencias educativas

De alguna manera, el asesinato de Marta del Castillo y todas las circunstancias que lo rodean, es un fruto amargo de la deriva de nuestra sociedad. Es el Frankenstein que hemos creado entre todos, dando a los adolescentes una autonomía como si fueran adultos y sin educarles para que sean capaces de asumirla.

La solución del parche no es eficaz ni en el ámbito sexual, ni en el educativo, ni en el judicial. Como dice el juez de menores Emilio Calatayud, si un joven es capaz de cometer tal delito, es porque “ha fallado todo: su educación, la escuela y su familia”.

Y esto reclama un análisis serio, sosegado, al margen de populismos aprovechados políticamente. Y medidas sociales y educativas que permitan recuperar la autoridad de padres y profesores, formar en la afectividad a los jóvenes, enseñarles a ocupar su tiempo libre, a respetar al otro sexo, a asumir las consecuencias de su libertad.

¿Cómo lograr esto en un sistema que permite las relaciones sexuales a partir de los trece años, que insiste en el uso del preservativo como talismán contra los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual y baja la edad para abortar sin consentimiento paterno a los 16 años?; ¿un sistema que permite pasar de curso sistemáticamente con asignaturas pendientes hasta el bachillerato?, ¿un sistema donde hay un divorcio cada cuatro minutos y donde aumentan peligrosamente las denuncias por maltrato?

Asumámoslo. Las carencias educativas tienen costes sociales. Más que castigar con mayores penas el mal uso de la libertad que hemos generado, deberíamos ir pensando que es más útil -más trabajoso también–, formar en la libertad responsable. Quizá consigamos, de paso, ser todos más felices.

Aceprensa