Hay que cambiar la escala en políticas públicas al respecto e iniciar desde los municipios estas tareas, donde existe la mayor supresión de leyes, dijo Gemma Galdon Clavell, de la Universidad Autónoma de Barcelona

Las políticas en los ayuntamientos deben enfocarse a cuidar y reglamentar el entorno donde ocurren los crímenes, opinó Mauricio Merino Huerta, del CIDE

Aspectos de las mesas Políticas de Seguridad Ciudadana en el Gobierno Local, y La Policía que Queremos en el Estado Democrático de Derecho, en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia.

Transitar de la seguridad policial a la ciudadana para que en vez de invertir en más armas y patrullas se desarrollen estrategias de participación social desde los municipios, propusieron académicos y funcionarios en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia.

En el cuarto día de trabajos de este foro, Gemma Galdon Clavell, investigadora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, de España, recordó que en el ámbito local es donde hay mayor erosión de la democracia y supresión de leyes, pero también es el sitio donde pueden trazarse políticas públicas cercanas a los residentes.

En este sentido, comparó el trabajo municipal con el de un trabajador cuyo quehacer es limpiar las tuberías y evitar la salida de suciedad. “No sólo hay que limpiarlas, sino indagar quién las llena. El final de aquéllas son las administraciones locales, pero mejores políticas locales nos ayudarán a tener menos problemas”.

En la mesa Políticas de la Seguridad Ciudadana en el Gobierno Local, Mauricio Merino Huerta, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que en un crimen hay tres piezas: la víctima, el delincuente y el entorno donde se produce; es en éste último donde debe enfocarse el gobierno local.

Las jurisdicciones “deben enfatizar su papel de cuidar el entorno. Es su función contar con una política coherente para que la calidad de vida sea protegida en localidades del país. No son las obras públicas ni las hazañas de gobierno lo que interesa, sino la convivencia de los ciudadanos”, destacó.

Por su parte, la moderadora Ana María Salazar Slack, experta en derecho internacional y seguridad nacional, consideró que “se puede invertir en policías y patrullas, pero los grandes cambios para lograr calidad de vida han ocurrido al proporcionar a la gente herramientas para que tomen el control de su seguridad”.

La presidenta municipal de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, explicó el modelo de gobierno que ha implementado desde hace cinco meses, en el que ha cambiado el enfoque policial por la seguridad ciudadana.

Aguascalientes pasó de ser la entidad más segura del país a ocupar el sexto lugar de inseguridad en 2004. “Hoy, estamos en la media nacional y para mejorar hicimos un diagnóstico policial. Entre los mil 600 agentes encontramos falta de capacitación y certificación, así como desarticulación y opacidad”.

La policía en el Estado democrático

En la mesa La Policía que Queremos en el Estado Democrático de Derecho, Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lamentó que la Ley General del Sistema de Desarrollo Integral Policial sea letra muerta, pues sólo 14 cuerpos en el país han dado muestras de aplicarla. El país requiere de efectivos preparados -sólo el 6.8 por ciento cuenta con educación superior- que hagan valer la norma y protejan bienes, libertades y patrimonio de las personas.

En tanto, Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., quien fungió como moderador, sumó a las características de la policía eficiencia, profesionalismo, honradez, confiabilidad y respeto a los derechos humanos. No obstante, destacó que también deben proporcionarlas la población y las instituciones.

Edgar Mohar Kuri, consultor independiente internacional y maestro en Gestión Pública Aplicada, indicó que desde hace 15 años se han planteado propuesta para lograr una mejor policía, pero hace falta demostrar la prioridad de este tema en la agenda del país, no sólo con dinero, sino mediante la modificación de algunos rubros del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A su vez, Miguel Ontiveros Alonso, licenciado en Derecho por la UNAM y especialista en derecho penal y derechos humanos por la Universidad de Salamanca, España, destacó que este cuerpo de seguridad en el país está formado, en buena parte, por las características que le da la propia sociedad mexicana. Empero, México requiere de un cambio basado en la profesionalización, dignificación, y proyecto de vida de esos elementos

Finalmente, David Garay Maldonado, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, indicó que se ha mencionado que la inseguridad afecta democracia, economía y turismo, pero se requiere contar con mayores recursos presupuestales y estratégicos. Insistió en que los cuerpos policiacos demandan capacitación continua, controles de confianza y una mejor administración del presupuesto.

Boletín UNAM-DGCS-342
Antigua Escuela de Medicina.
9 de junio de 2011