Varios países occidentales endurecen el castigo del crimen

El aumento de la delincuencia en Occidente está moviendo a diversos gobiernos a endurecer las penas. De esta manera responden a las demandas de los electores, que se indignan ante la indefensión de las víctimas y la relativa blandura que, según creen, se emplea con los culpables. Pero esas medidas, aunque tranquilizan al público, mandan más gente a unas cárceles ya muy llenas. A la vez, la evolución de la criminalidad parece dar argumentos a quienes sostienen que la mayor severidad reporta pocos frutos. Sería mejor la prevención, pero hasta ahora los países más afectados por el problema no han encontrado fórmulas eficaces.
       
La corriente de opinión en favor de la contundencia es ahora especialmente fuerte en Estados Unidos, donde las encuestas muestran que el crimen es la preocupación pública número uno. Este país registra unos índices de criminalidad de los más altos del mundo. En 1992 se cometieron 9,5 homicidios y 260 robos por 100.000 habitantes. De 1982 a 1992 la tasa de delitos violentos subió de 562 a 758 por 100.000 personas.
       
Los números totales han variado poco desde 1990, pero la delincuencia juvenil ha experimentado en los últimos años un incremento muy fuerte: un 124%, de 1986 a 1991, en el caso de los homicidios, por mencionar el dato más impresionante. Las últimas estadísticas dan 37 homicidios por 100.000 varones de 15 a 24 años, la tasa más alta del mundo, nueve veces mayor que la italiana, que es la segunda.
El tema estrella de los telediarios
       
Los medios de comunicación reflejan y a la vez provocan en gran medida este clima de opinión. Un estudio del Center for Media and Public Affairs revela que en 1993 el crimen fue el tema más tratado en los telediarios de las tres principales cadenas de TV nacionales. Las informaciones sobre este tema fueron el doble que en 1992; dentro de ellas, se triplicaron las dedicadas a asesinatos. Todo esto suscita un clamor general: la respuesta ha sido la ley anti-crimen aprobada por el Congreso (ver pág. 3).
       
Uno de los motivos principales para que los ciudadanos pidan más dureza es la reincidencia de los criminales. La gente se indigna ante los delitos -en especial si son violaciones u homicidios- cometidos por convictos que han salido de la cárcel "antes de tiempo" o durante un permiso penitenciario. De ahí que la reciente ley norteamericana establezca condenas mínimas sin reducción o sustitución posible. Cambios semejantes se han hecho o se prevén en otros países (ver pág. 4).

Ala tercera, cadena perpetua
       
Una parte de los juristas y criminólogos están en contra de que, por principio, los reos cumplan toda la pena. Creen que eso supone desatender y desestimular la rehabilitación de los convictos. Y que, en el caso de las condenas largas, la medida es inútil y excesiva. Aducen que, después de veinte años de cárcel, otros diez no hacen más justicia ni sirven mejor a la seguridad pública, mientras que pueden ser muy destructivos para la persona. Tampoco treinta años disuaden más que veinte a los posibles criminales.
       
Otro caso es el de los condenados por delitos sexuales, que presentan graves trastornos de la conducta que a menudo no desaparecen. Con estos agresores, si siguen siendo peligrosos, está justificado prolongar el encierro; pero quizá resultan más apropiados los centros psiquiátricos, donde, además de estar vigilados, pueden recibir tratamiento.
       
Parecidos argumentos han empleado en Estados Unidos los contrarios a la medida, incluida en la nueva ley anti-crimen, de encerrar para siempre a los que cometan un tercer delito grave. Por otra parte, hay quienes dudan que sea conforme al Derecho esta acumulación de penas. Y tampoco hay por ahora pruebas de que tenga efectos disuasorios en los Estados donde ya se aplica. Pero los partidarios alegan que es necesario retirar de la circulación a quienes demuestren ser peligrosos e irreformables.
Cárceles llenas
       
En cualquier caso, el endurecimiento tendrá un efecto seguro: las cárceles se llenarán aún más, y ya quedan pocos huecos. El problema es particularmente grave en Estados Unidos, que tiene la población carcelaria más alta del mundo, en números tanto absolutos (925.000) como relativos (más de 360 reclusos por 100.000 habitantes). Algunos Estados se han visto obligados a "exportar" presos -con un coste elevado- a otros que tienen menos problemas. La nueva ley contra el crimen ha tenido que incluir presupuesto para construir más prisiones.
       
Francia alberga actualmente 57.500 presos en sus cárceles, que tienen en total 49.500 plazas. Nunca había habido tantos desde 1852, con excepción de los tres años inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial, cuando el país ajustó cuentas con los colaboracionistas. La población reclusa se ha duplicado en los últimos veinte años, y ahora está cerca de uno por mil habitantes. En consecuencia, el ministro de Justicia, después de impulsar la cadena perpetua efectiva para ciertos criminales, propone que para los delitos menos graves se empleen más las penas sustitutorias (suspensión de la condena a cambio de la reparación de los perjuicios, realización de trabajos de interés general) y la libertad condicional.
       
En España la población carcelaria se duplicó en la década pasada, periodo que registró un fuerte aumento de la delincuencia. Ahora es el país de la Unión Europea con mayor proporción de reclusos (120 por 100.000 habitantes). Aquí el problema es también la lentitud de los tribunales, pues el 30% de los presos son preventivos, cuando la media de la UE es el 12%. El Ministerio de Justicia ha previsto abrir 18 penales más antes de 1997.
       
En general, el número de presos ha subido en todos los países del Consejo de Europa desde los años 80, excepto en Alemania, Austria y Turquía, donde ha disminuido. Ahora bien, las estadísticas turcas no son del todo fiables, el total alemán permanece estable desde 1990 y en Austria parece que se invierte la tendencia. Los países donde la tasa de reclusos ha crecido más deprisa entre 1983 y 1991 son España, Portugal, Luxemburgo, Suiza, Irlanda y Holanda.
       
Para juzgar de la conveniencia de endurecer las penas, conviene tener en cuenta que, en general, esta evolución se debe a que ha aumentado la duración de las condenas, más que al incremento de los ingresos en prisión. En Francia, de 1980 a 1990, las únicas condenas que disminuyeron fueron las de menos de un año de cárcel; las que más aumentaron, las de diez a veinte años (un 96,6%), y a continuación las de más de veinte años en total (61,2%). A su vez, la mayor severidad es consecuencia sobre todo de la represión de ciertos delitos, en primer lugar el narcotráfico. En Estados Unidos, dos tercios de los reclusos están en prisión por delitos relacionados con la droga.

¿Disuaden las penas?
       
La situación actual ha reavivado el viejo debate sobre la eficacia disuasoria de las penas. Desde luego, la cárcel es una forma de prevención, ya que impide que los que están encerrados cometan delitos. Pero tiene una limitación evidente: sólo sirve contra los delincuentes capturados, que son una pequeña minoría. En Gran Bretaña, según datos del Ministerio del Interior, sólo son condenados los autores del 2% de los delitos. La proporción es mayor en el caso de los delitos graves, pero en Estados Unidos no llega al 10%, afirma William Bennett, el antiguo zar de la droga norteamericano.
       
Por otra parte, encarcelar a más delincuentes no lleva a que los crímenes disminuyan en la misma proporción. Al menos, en Estados Unidos, después de que en los años 80 la tasa de presos por habitante subiera un 168%, la criminalidad no ha bajado. La explicación parece estar en las raíces de la delincuencia, entre las que hoy destacan las drogas.
       
En realidad, según estudios que cita The Economist (7-V-94), frena más a los delincuentes la probabilidad de ser capturados que la severidad de las penas. De ahí que el aumento de la vigilancia policial y de las medidas de seguridad dé mejores resultados, como muestra la experiencia japonesa (ver pág. 4).
Todo empieza en la familia
       
Pero es necesario atacar las raíces de la delincuencia. Sin negar la responsabilidad individual, se debe reconocer que la desintegración familiar es a menudo el caldo de cultivo de las tendencias antisociales. Pues, cuando fallan los agentes educadores, los jóvenes resultan especialmente vulnerables a la pobreza, la violencia, la droga o la pornografía.
       
El caso prototípico es Estados Unidos. La delincuencia juvenil experimenta allí un fuerte incremento, superior al de la tasa general. De 1986 a 1991, los homicidios cometidos por menores han aumentado un 124%. La razón es que han llegado a la adolescencia las generaciones de niños -en gran parte hijos de madres solteras- criados en los barrios donde imperan la violencia y la droga. Lo prueba la situación de la comunidad negra, que sufre la mayor crisis familiar. Actualmente, el 68% de los niños negros nacen de padres que no están casados, mientras que la media nacional es el 29,5%. Paralelamente, el índice de criminalidad es mucho más alto entre los negros. En 1992 fueron detenidos 677 de cada 100.000 menores negros y 126 de cada 100.000 blancos. Los negros, que son el 12% de la población, constituyen la mitad de los presos.
       
Todo lo que fortalezca la familia previene la delincuencia más que las medidas drásticas -quizá necesarias- con que los gobiernos responden a la indignación ciudadana. Y es que será difícil que en la calle impere la ley y el orden si en casa no se aprende a respetar un orden de valores.

Mano dura

En varios países se han propuesto medidas legales para endurecer las penas y la represión de la delincuencia.
       
Estados Unidos. La Cámara de Representantes ha aprobado una ley anti-crimen especialmente contundente, que entrará en vigor -según se espera- en verano, cuando se armonice el texto con la versión votada antes en el Senado. Se amplía hasta 60 los delitos castigados con pena de muerte, incluidos algunos sin víctimas mortales. Además, se establece la cadena perpetua para los que cometan un tercer delito grave, medida ya adoptada por algunos Estados como California y Washington.
       
La ley, además, asigna fondos para construir nuevas prisiones. Y reduce las posibilidades de libertad condicional, imponiendo penas mínimas de cárcel que han de cumplirse forzosamente. En la actualidad, los jueces pueden reducir las condenas a prisión o sustituirlas, al menos en parte, por otras penas.
       
En el terreno de la prevención, el proyecto concede a los Estados financiación federal para aumentar en 50.000 (100.000 en la versión del Senado) el número de policías. La condición es que los nuevos agentes sean destinados a patrullar a pie por las calles. Pero como razones políticas obligan a distribuir a los nuevos agentes de manera uniforme por todo el país, los efectivos policiales aumentarán poco en las grandes ciudades, que son los lugares donde más se necesitan.
       
La ley aprueba, además, 4.000 millones de dólares para programas experimentales de prevención de la delincuencia en los barrios pobres. Aunque endurece las penas por tráfico de estupefacientes, asigna más de mil millones de dólares para los tribunales en orden al tratamiento intensivo de los delincuentes toxicómanos no reincidentes, en vez de enviarlos a la cárcel. También autoriza nuevos gastos destinados a la desintoxicación de presos.
       
Otras leyes van dirigidas a contener el número de armas en manos de particulares (unos 200 millones en todo el país). En noviembre se aprobó la llamada ley Brady, que impone una espera de cinco días para adquirir armas, plazo que permitirá consultar los antecedentes penales del comprador. El mes pasado, la Cámara de Representantes decidió, por estrecho margen, prohibir 19 tipos de fusiles automáticos. El control del armamento es un tema importante y delicado (la Constitución garantiza el derecho a poseer armas) en Estados Unidos, donde los delitos cometidos con arma de fuego van en aumento: 931.000 en 1992 (50% más que en 1987), de los que 13.200 fueron homicidios (24% de incremento). Además, cada año mueren por disparos otras 18.000 personas, a causa de accidentes o suicidios.
       
Gran Bretaña. El gobierno ha remitido a la Cámara de los Lores una Ley de Justicia Criminal que aumenta las penas y da a la policía más poderes sobre los sospechosos. En especial, el proyecto pretende combatir con más dureza la delincuencia juvenil. Propone crear una red de cinco cárceles para los reincidentes de 12 a 14 años, que ahora son encerrados sólo por excepción. Además, duplica la condena máxima para los convictos de 15 a 17 años y da a los jueces facultades más amplias para recluir a los de 10 a 13 años en los centros especiales de detención administrados por los municipios.
       
Por otro lado, el gobierno quiere cambiar el derecho a no declarar ante la policía, de modo que el silencio pueda ser utilizado en el juicio como indicio en contra del encausado. Con esto pretende que las fuerzas de seguridad tengan más facilidad para esclarecer los casos. También propone que la policía pueda registrar a personas en la calle, a discreción, dentro de una zona y un periodo determinado, si prevé disturbios: un recurso contra las bandas y los traficantes de droga. Estas dos medidas tienen pocas posibilidades de recibir el placet de los Lores.
       
Francia. El nuevo Código Penal, que entró en vigor el 1 de marzo pasado, establece la posibilidad de que la cadena perpetua sea realmente perpetua para los culpables de asesinato con violación, torturas o actos de barbarie, cuando las víctimas sean menores de 15 años. Esta medida responde al clamor popular ante los crímenes de este tipo. Tales reos estarán recluidos treinta años como mínimo, en vez de quince. Al cabo de los treinta años, el tribunal de casación puede decidir la liberación si un comité de tres expertos médicos informa favorablemente. Los demás condenados a prisión de por vida siguen pudiendo beneficiarse de reducciones de pena después de quince años en la cárcel.
       
El Código introduce también la posibilidad de condenar a treinta años de prisión por delitos de homicidio o envenenamiento. Antes no había pena intermedia entre los veinte años y la perpetuidad.
      
 España. El anteproyecto de nuevo Código Penal, recién elaborado por el Ministerio de Justicia, prevé un mayor cumplimiento efectivo de las condenas a prisión. En la actualidad, los reos se benefician de una reducción automática del 25% de la pena impuesta. Ya no será así, tampoco en el caso de condenas menores, pues en el anteproyecto desaparece la redención de penas por trabajo, una particularidad del Derecho español sin apenas parangón en otros países.
       
La pena más grave y el periodo máximo que se puede pasar en la cárcel se rebajan de treinta a veinte años (en España no existe la cadena perpetua). Sin embargo, si se trata de delitos que producen "alarma social" (homicidio, violación, terrorismo...), los tribunales podrán decidir que los beneficios penitenciarios se apliquen sobre la suma total de las penas impuestas, en vez de sobre la condena mayor: así, en esos casos el cumplimiento efectivo de la pena podrá llegar a treinta años. Los jueces podrán revocar esa decisión si el reo muestra una evolución favorable.

Cómo lo hacen en Japón

Quizá los países occidentales podrían aprender algo de Japón, que presenta unos índices de criminalidad envidiables: apenas un homicidio y 10 robos por 100.000 habitantes. Son muy inferiores no sólo a los de Estados Unidos, que son caso aparte, sino también a los de otras naciones más "normales". En Gran Bretaña, esas tasas son, respectivamente, 3 y 90 por 100.000; en Alemania, 4 y 70.
       
En gran parte, esto se debe a tradiciones japonesas, difícilmente exportables, de respeto a la autoridad. Pero la situación incluso ha mejorado en los últimos años, lo que indica que hay otros motivos. De 1970 a 1990, aunque los hurtos de poca monta aumentaron un 15%, los delitos con violencia bajaron en dos tercios.

Una explicación de este "milagro japonés" parece ser la diseminación en las ciudades de casetas (koban) ocupadas por dos o tres policías dispuestos a atender al público día y noche y a acudir adonde se les requiera. Hay unas 6.000 casetas en total distribuidas en las principales poblaciones del país, de modo que la policía tarda poco más de 5 minutos en llegar al lugar de los hechos después de recibir un aviso. Esta presencia cercana es eficazmente preventiva.

Pero no se puede imitar en todo a Japón. Muy atenta con los ciudadanos honrados, la policía japonesa es demasiado severa con los sospechosos: es frecuente que mantenga a los detenidos incomunicados hasta 23 días. De este modo logra confesiones escritas con una frecuencia insólita: en el 91,5% de los casos llevados a juicio. En consecuencia, los juzgados de primera instancia japoneses condenan al 99,8% de los acusados.

Aceprensa 1994