Donde se ha legalizado, ha quedado fuera de control, advierte una comisión de la Asamblea Parlamentaria

Firmado por Aceprensa   
Fecha: 18 Mayo 2005

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (CE) rechazó el 27 de abril por amplia mayoría (138 votos contra 26) un proyecto de resolución que proponía matizar la postura netamente opuesta a la eutanasia adoptada en 1999 (recomendación 1.418: ver Aceprensa 104/99). El proyecto, presentado por la Comisión de Asuntos Sociales, Sanitarios y Familiares, había sido redactado por el diputado suizo Dick Marty (liberal). Comenzó a tramitarse hace dos años, pero se aplazó su debate en el pleno ante la falta de consenso (ver Aceprensa 138/03).

El borrador, según su tenor literal, no se declara a favor de admitir la eutanasia y la cooperación al suicidio, sino que sugiere diversas medidas para asegurar los derechos de los enfermos terminales. Pero el texto –y más aún la memoria que lo acompaña– revela la clara intención de desvirtuar la recomendación de 1999. Alega que desde entonces la situación ha cambiado: dos países miembros del CE (Holanda y Bélgica) han legalizado la eutanasia; los parlamentos de otros países han considerado medidas similares; las encuestas de opinión muestran una mayoría favorable a la eutanasia, al menos en ciertos casos; se extiende la práctica encubierta de la eutanasia, en ausencia de regulación específica. En fin, contra el mantenimiento del rechazo total, expresado en la recomendación 1.418, aduce que "a la vista de la situación actual y de la diversidad de sensibilidades culturales y religiosas en los Estados miembros, difícilmente se puede recomendar un modelo universal para todos".

Frente al proyecto Marty, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos presentó un dictamen que proponía no adoptar una nueva resolución, sino reafirmar la de 1999. Este texto, redactado por el diputado británico Kevin McNamara (laborista), contesta con detalle a los argumentos del borrador rechazado.

Sin petición de los pacientes

Sobre todo, McNamara remite a las consecuencias de la legalización en Holanda. Cita las tres encuestas realizadas allí, de las que la última registra en 2001 unos 900 casos de eutanasia sin petición expresa de los pacientes (cerca de un cuarto del total). También en Holanda, el informe oficial más reciente muestra que la despenalización no ha servido para que la eutanasia se practique a la luz del día y en conformidad con la ley: solo se comunican a las autoridades el 54% del total de casos, y menos del 1% de aquellos en que no hubo petición expresa del paciente. Además, el año pasado se supo que se está aplicando la eutanasia a niños pequeños, aunque la ley la permite solo para pacientes mayores de 12 años. En Bélgica ocurre algo similar, según una encuesta mencionada por el propio Marty: en más de dos tercios de los casos, los enfermos no habían solicitado la eutanasia.

Por tanto, señala McNamara, no hay base para sostener la tesis de que la ausencia de regulación fomenta la práctica encubierta de la eutanasia, cosa que Marty repite sin aportar datos ciertos. En cambio, "la experiencia de Holanda y Bélgica refuerza el argumento de que es imposible poner límites legales a la eutanasia para asegurar que solo se dé muerte a quienes hayan expresado una petición insistente, voluntaria y meditada". Al contrario, "legalizar la eutanasia y la cooperación al suicidio, lejos de introducir mayor control, simplemente introduce más eutanasia y más cooperación al suicidio". Esto confirma, añade McNamara, los temores de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en un informe sobre la legalización de la eutanasia en Holanda (julio 2001). Tal medida, dijo la Comisión, "puede llevar a que [la eutanasia] se aplique de modo rutinario y con creciente despreocupación por el estricto cumplimiento de los requisitos".

Pérdida de autonomía

En cuanto a la mayoría del público favorable a la eutanasia, McNamara replica, primero, que "las preguntas propuestas en esas encuestas a menudo son tendenciosas y engañosas".
Además, "en varios Estados miembros las encuestas han mostrado repetidamente una mayoría a favor de la pena de muerte. Los legisladores no han respondido a este problema cediendo a la opinión popular, sino intentando informar al público de los peligros que entraña la pena de muerte, de los cuales no es el menor la posibilidad de ejecutar a inocentes. Los legisladores deberían reaccionar de igual manera a las demandas de legalizar o despenalizar la eutanasia y la cooperación al suicidio".

Otra tesis de Marty es que los principales argumentos a favor de la eutanasia se fundan en la autonomía personal. McNamara replica que más bien, "el respeto a la autonomía personal es un importante argumento contra la eutanasia". Si se legalizara, resultaría malparada la autonomía de los enfermos, que sufrirían presiones para aceptar la eutanasia. También resultaría perjudicada la autonomía de los médicos enfrentados a las peticiones de eutanasia. El diputado británico se remite a la experiencia con la legalización del aborto, que lo ha convertido en una práctica habitual. En muchos lugares "es casi imposible especializarse en ginecología si uno rehúsa practicar abortos; los médicos contrarios al aborto se han visto forzados a elegir otras especialidades". "Si se legalizaran o despenalizaran la eutanasia, presenciaríamos un fenómeno similar en geriatría, en cuidados paliativos y en el movimiento "hospice", con independencia de que la ley reconociera o no la objeción de conciencia".

El proyecto de resolución y el dictamen de McNamara pueden encontrarse en las páginas de la Asamblea Parlamentaria del CE en Internet (http://assembly.coe.int), buscando por los números de documento: 10455 y 10495, respectivamente.