Ningún país puede cubrir lo que cuesta el consumo de tabaco en vidas, así como en recursos financieros que podrían ser reorientados a un sinnúmero de otros problemas de salud urgentes que son menos prevenibles. Esto debería dar a los gobiernos la fuerza y voluntad política que necesitan para actuar.
En octubre de 2000, los Estados Miembros de la OPS se unieron a otros Estados Miembros de la OMS para empezar las negociaciones sobre el Convenio Marco para la Lucha Antitabáquica (CMLAT), un tratado internacional patrocinado por la OMS sobre el control del tabaco. Si, según lo previsto, los Estados Miembros de la OMS, reunidos en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2003, ratifican un CMLAT enérgico, los esfuerzos realizados por los gobiernos en todo el mundo para reducir el flagelo del tabaco habrán recibido un gran impulso.
Sin embargo, independientemente del proceso del CMLAT, las pruebas acumuladas durante los últimos decenios hacen imperiosa la necesidad de que los gobiernos reglamenten los productos de tabaco. Estos productos matan a la mitad de los usuarios a largo plazo, incluidas más de un millón de personas anualmente en las Américas. La mitad de esos usuarios morirán antes de la edad de 70 años. La gran mayoría de los adictos al tabaco adquirieron la adicción cuando eran niños o adolescentes. Y, tal como lo muestran los casos de los tribunales, las investigaciones parlamentarias y del congreso, y los documentos internos de las propias empresas, la industria tabacalera ha estado involucrada durante más de 50 años en una campaña generalizada y activa para engañar a los consumidores y asegurar la longevidad de su negocio a expensas de la longevidad de sus clientes. Es difícil imaginar un argumento más convincente para la protección del consumidor y de la salud.
Las medidas más eficaces para reducir el consumo de tabaco son de naturaleza normativa. Existen pruebas abundantes que indican que las medidas de política, tales como los impuestos más altos sobre el tabaco, la eliminación de la promoción de tabaco, una información sanitaria convincente en los paquetes de tabaco y la creación obligatoria de entornos libres de humo de tabaco en lugares públicos y lugares de trabajo, reducen el inicio del tabaquismo en la juventud y ayudan a los fumadores a que dejen de fumar.
Aunque en un principio algunos países pueden ver estas políticas como inalcanzables, es importante considerar los costos de la falta de acción. Un informe publicado en abril de 2002 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU. revela que cada paquete de cigarrillos vendido le cuesta a ese país aproximadamente $7,18 en atención médica y productividad perdida, sin mencionar las 440.000 defunciones anuales causadas por el tabaco. Ningún país puede cubrir lo que cuesta el consumo de tabaco en vidas, así como en recursos financieros que podrían ser reorientados a un sinnúmero de otros problemas de salud urgentes que son menos prevenibles. Esto debería dar a los gobiernos la fuerza y voluntad política que necesitan para actuar.
Independientemente del ritmo y resultado de las negociaciones del CMLAT, la OPS insta a los gobiernos a que desarrollen sus programas legislativos nacionales de control del tabaco. Confiamos en que las pruebas compiladas aquí los ayudarán a hacerlo.
George A.O. Alleyne
Director Organización Panamericana de la Salud |
