En estos momentos una Comisión Especial del Senado Español está debatiendo el problema de la prostitución. Una de las más graves lacras que afectan todavía a nuestra sociedad, y que además de mover todo un negocio criminal de tráfico con seres humanos, especialmente con multitud de mujeres engañadas para esclavizarlas, como práctica, en sí misma, degrada la dignidad que las relaciones sexuales merecen como realización personal, rebajándolas a una relación mercantil y a un desahogo meramente biológico, desprovisto de humanidad.

Equivocadamente, sin embargo, se difunden ampliamente las posiciones que, en lugar de buscar la erradicación de tal lacra, pretenden regularla, en una actitud que podemos calificar de verdaderamente denigrante para la propia legislación. En efecto, al institucionalizar, reconocer, y por lo tanto normalizar, una práctica inadmisible para una sociedad en que los seres humanos alcancen su plena libertad y dignidad, la legislación se hace cómplice de semejante actividad, Y, si, como algunos pretenden, a través de la regulación se recaudarían impuestos, asistiríamos a la conversión del Estado en gran proxeneta. Esta repugnante complicidad debería ser motivo de reflexión para quienes la regulación proyectan.

Hace poco participé en un debate en la televisión del Ayuntamiento de Barcelona, la BTV sobre este mismo tema. Y volví a escuchar los argumentos que los defensores y defensoras de la regulación esgrimen en favor de sus posiciones. A mi modo de ver, aun coincidiendo en las conclusiones, se parte en estos alegatos de dos visiones y valoraciones muy distintas que habría que diferenciar. Por una parte, se sitúan quienes entienden la prostitución como una realidad en sí negativa, pero inevitable. Por otra, las opiniones que consideran la prostitución como una actividad irreprochable éticamente, incluso como algo positivo, si es adecuadamente regulada.

En la primera línea de pensamiento nos encontramos con la vieja teoría, defendida por muchos escolásticos, del «mal menor». Si el fenómeno de la prostitución es una realidad tan arraigada en nuestra historia, si es el «oficio más viejo del mundo» tratar de suprimirla representa una utopía, dando a este término el sentido no de una meta sino de una quimera irrealizable. Y todavía se aspira a reforzar tal idea estimando que la abolición conduciría a un aumento de violaciones y desórdenes o a la producción de un mercado negro. Yo diría que tales alegatos se asientan sobre un radical pesimismo antropológico e histórico, hoy carece de sentido desconocer las posibilidades innovadoras y transformadoras de la historia. ¿No hemos suprimido la esclavitud, una vieja institución que hunde sus raíces en los tiempos arcaicos y que sirvió de base a todo el modo de producción esclavista? ¿No se ha llegado a eliminar la pena de muerte en la mayoría de los países desarrollados? Oscar Wilde, que no era ningún revolucionario, decía que la historia era un desembarco en sucesivas utopías.

Cuando nos encontramos ante una práctica perversa no cabe regularla. No es lícito fijar las normas con arreglo a las cuales una mujer puede ser apaleada por su marido o un reo por el verdugo Ni las condiciones en que se realice una cliteridectomía. Hay que suprimir tales prácticas. Pero, en una actitud más radical se mueven las opiniones que llegan a considerar a la prostitución como expresión de la libertad propia de una sociedad no represiva. Semejante pretensión exaltadora adolece de dos graves defectos: su falseamiento de la realidad y su inconsistente análisis de la libertad y las relaciones sexuales. En el primer aspecto se vuelven las espaldas al hecho de que la inmensa mayoría de las prostitutas han llegado a tal situación forzadamente, sea por coacción directa, sea por indigencia. Y en el segundo se desconoce que la libertad no puede ser unilateral en las relaciones sexuales, exige la libre voluntad por ambas partes, y quien se entrega por una retribución sustituye, aun en el caso de una persona no coaccionada, la libre iniciativa por la servidumbre al poder del dinero.

La Razón, España, 2003-06-16